Con la nueva prórroga a las concesiones de frecuencias de radio y televisión que anunció, el gobierno acata la orden del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Sin embargo, el Poder Ejecutivo mantiene la presión para que los diputados aprueben su proyecto de un impuesto a los ingresos brutos de la industria.
El Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) anunció la oficialización y publicación del Decreto Ejecutivo N° 45195-Micitt que amplía la vigencia de los títulos habilitantes de concesión administrativa de frecuencias para los servicios de radiodifusión sonora y televisiva de acceso libre y gratuito.
La medida extiende la validez de las concesiones actuales, cuyo vencimiento estaba previsto para el 28 de septiembre de 2025. Asimismo, establece un nuevo plazo que se prolongará hasta el día hábil siguiente a la declaratoria definitiva de las nuevas autoridades de los Poderes Ejecutivo y Legislativo por parte del TSE.
Las votaciones están previstas para el próximo 1° de febrero y los siguientes 3 de marzo y 2 de abril vencen los plazos para que el TSE declare a las personas electas como presidente y vicepresidentes y diputados, respectivamente. En caso de segunda vuelta para la elección de presidente y vicepresidentes, como viene ocurriendo en los tres últimos procesos electorales, las votaciones serían el 5 de abril de 2026.
El Micitt reconoció que la decisión se fundamenta en la necesidad de salvaguardar el interés público y garantizar la estabilidad y continuidad del servicio prestado por los medios de comunicación durante el desarrollo del proceso electoral nacional 2025-2026.
Tarea incumplida
Las concesiones vencían en junio de 2024, según una norma aprobada dos décadas antes. Pero, al cumplirse el plazo, el Poder Ejecutivo instruyó en forma tardía a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) para que iniciara el proceso para un concurso de frecuencias mediante subasta.
En aquel momento, la opción fue ampliar el plazo un total de 15 meses, hasta finales de setiembre de 2025. Pero, el pasado 2 de abril, Rodrigo Chaves amenazó con no hacerlo si la Asamblea Legislativa no aprobaba un proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo (Ley N° 24.461) que impone cargos de 7,73% y 3,13% a concesionarios de frecuencias de televisión y de radio, respectivamente.
Se trataría de un nuevo tributo a las empresas, que ya pagan el impuesto al valor agregado (IVA) sobre sus ventas y el impuesto de renta sobre sus utilidades.
Chaves también anunció en ese momento que vetaría otro proyecto que aprobaron los diputados en la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa. Es la iniciativa N° 23.673, aprobada con apoyo de los partidos Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Liberal Progresista y Nueva República.
En este otro proyecto, en lugar de un impuesto sobre los ingresos, propone otra fórmula que establece un porcentaje según la cantidad de watts para algunas concesiones y un equivalente a ocho salarios base para otras, como las de televisión.
La industria coincide en la necesidad de actualizar la Ley N° 1758 de 1954 y, en particular, el artículo 18, el cual establece los montos que deben pagar los concesionarios. Pero se inclina por la propuesta aprobada en la comisión legislativa.
Al día siguiente de las amenazas de Chaves, el TSE ordenó al Micitt abstenerse de implementar variaciones en el modelo y asignación de las frecuencias de radiodifusión antes de que concluya el proceso electoral 2026, pues dicha acción atentaría contra el derecho la información de los electores.
El Micitt, además de comunicar el nuevo plazo en acatamiento de lo ordenado por el TSE, también aseguró que el proceso concursal para el otorgamiento de nuevas concesiones se encuentra en fase de instrucción por parte de Sutel.
Tras la publicación del borrador del cartel o pliego de condiciones para recibir observaciones, Sutel debía definir el cartel, en el que se establece el cronograma y el procedimiento para el concurso junto con los requisitos. Ya la Superintendencia envió el pliego a La Gaceta, con lo que correrían los plazos de ese calendario. Se desconoce cuándo se publicará en el diario oficial.
Según el estudio de necesidad y factibilidad realizado por Sutel en 2024, como paso previo para iniciar el proceso, hay suficientes condiciones e interés en el mercado para efectuar el concurso.
