EF Explica: ¿Por qué los preescolares, escuelas y colegios privados siguen cobrando mensualidad mientras los estudiantes reciben lecciones en casa?

Cuando Amadita Primary School, en Coronado, fijó los porcentajes de reducción en sus mensualidades, por la pandemia de coronavirus, sus administradores pensaron que la medida se extendería durante dos o tres meses. Este centro privado, como muchos otros, deberá terminar sus planes de disminución de cuotas entre julio y agosto, pues resultan insostenibles.

A pesar de las medidas paliativas en los diferentes centros educativos privados, al menos 21 usuarios han presentado denuncias ante el Ministerio de Educación Pública a partir de la suspensión del ciclo lectivo, en marzo. La mayoría de estas quejas están relacionadas con el pago de la mensualidad, y también se registran gestiones que están en proceso ante la Dirección de apoyo al consumidor del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).

¿Pero por qué una escuela o colegio sigue cobrando, si tienen las instalaciones vacías y sus costos han bajado? ¿Y por qué es insostenible mantener la reducción en las cuotas?

En realidad, la respuesta es sencilla: Los costos que han disminuido, es decir, los asociados a la presencia de estudiantes en las aulas, son la porción más pequeña (y muchas veces mínima) de las cargas indispensables para la operación de un centro educativo, y aquí le explicamos por qué.

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Salarios: peso permanente

La mayoría de centros preescolares, primarias y secundarias cobran entre 10 y 11 mensualidades al año, es decir, sus clientes perciben que al menos uno de los meses de ausencia física de los estudiantes se relaciona con el costo. En realidad, las mensualidades se cobran por el servicio recibido, que se extiende durante los meses pautados por contrato, pero los costos se mantienen incluso durante las vacaciones.

La principal carga al presupuesto de las instituciones es la planilla: en promedio, el 70% de los gastos corresponde al pago de salarios, aunque en algunas instituciones puede llegar al 85%. Y el personal sí recibe sus salarios durante ese mes que los clientes no pagan, al igual que en tiempos de pandemia, aunque no vayan físicamente a dar clases.

Bernardo Ferreto, director ejecutivo de la Asociación de Centros Educativos Privados (ACEP), explicó que un personal mejor calificado (por ejemplo, el de un centro bilingüe) es más costoso.

“Hay que recordar que además del salario base hay una serie de cargas entre seguros, pensiones e impuestos indirectos”, enfatizó Ferreto.

Las empresas privadas pueden acogerse a la reducción de jornadas laborales, pero en la práctica el paso de lo presencial a lo virtual requiere más trabajo del docente y no menos, porque a diferencia de la educación superior, en los niveles menores el proceso debería ser personalizado.

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Jorge Malavassi, director administrativo de Amadita Primary School, explicó que en su caso la oferta educativa incluye preescolar, primaria y se completa con el EMVA High School, de secundaria. Para todos los niveles existían plataformas digitales de comunicación con padres de familia, pero únicamente la secundaria contaba con recursos para manejo virtual de contenidos. La necesidad de clases remotas los tomó a todos por sorpresa.

“Hay que ser sinceros y aceptar que el principal recurso que no se tenía frente a la suspensión de clases presenciales era la experiencia de trabajar remotamente. El aprendizaje del personal tuvo que hacerse sobre la marcha y en forma acelerada. No es solo conectarse y dar la clase desde la casa. Ahora los docentes requieren más tiempo para preparar sus clases, y deben estar continuamente en búsqueda de nuevas formas de llegarle a los estudiantes”, explicó.

Personalización versus economías de escala

Cuando se trata de temas libres o clases para adultos, los cursos en línea son más baratos que los de un instituto, academia o universidad, y esto se debe a que un único plan de estudios (muchas veces con lecciones grabadas mucho antes de impartir la clase) puede servir para cientos de estudiantes, sin aplicar variaciones. En este caso, la economía a escala hace rentable el modelo y permite la reducción del costo.

En la lógica operativa de otras actividades comerciales, si se duplicara la cantidad de estudiantes de un grupo se podría bajar la mensualidad para ser más competitivo, pero en educación un grupo de, digamos 100 personas, solamente es viable con adultos.

Para la virtualidad, los centros educativos que utilizan técnicas como aprendizaje basado en proyectos, viven un cambio más de forma que de fondo. El modelo tradicional de clase magistral es el más afectado, pues es muy difícil de mantener el interés de los estudiantes en línea con este modelo.

Además está el tema del horario: mientras los mayores podrían mantener las cinco o más horas diarias de clases, la ventana de atención de los más pequeños es menor y se reduce aún más cuando la interacción es con una pantalla en lugar del intercambio físico. Las clases de una o dos horas representan una mayor oportunidad para mantener el interés de los estudiantes, y su planificación es un reto para los docentes.

Gastos variables

Los montos que sí varían con la presencia de estudiantes suelen ser los de servicios públicos, sin embargo, su peso ponderado es poco: no más de un 2% del presupuesto total operativo, en promedio. Ferreto afirmó que en la mensualidad se reflejaría una reducción cercana a los ¢1.000, que ya está contemplada en los descuentos aplicados por las instituciones.

Los demás costos se mantienen con o sin clases presenciales. Ahí figuran rubros como contratos de cobertura paramédica, pagos de pólizas, suscripciones, compromisos financieros, alquileres, plataformas, mantenimiento de equipos e instalaciones, servicio de Internet, seguridad e impuestos.

Lejos de recortar costos, la coyuntura de crisis ha obligado a las instituciones a hacer inversiones fuera de presupuesto, como la adquisición de licencias para plataformas en línea, asesoría, mejora en las conexiones de Internet (propias y de sus colaboradores).

Reducción insostenible

La ACEP reportó que la mayoría de las instituciones privadas ha seguido adelante con el curso lectivo mediante lecciones virtuales desde inicios de la emergencia o incluso antes.

Una opción logística era suspender el ciclo lectivo y suspender a todo el personal, pero se provocaría un perjuicio a los estudiantes.

“Muchas de las instituciones han dado descuentos generales y de forma individual un arreglo de pago o descuento superior a los que lo requieren”, puntualizó Ferreto.

Estos ajustes se hicieron, en la mayoría de las instituciones, por los meses de abril, mayo y junio y La ACEP califica como ‘muy difícil’ que se puedan mantener durante más tiempo.

Cynthia Zapata, directora de la Dirección de Apoyo al Consumidor de Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), explicó que los consumidores pueden buscar acuerdos que contemplen mejores condiciones de flexibilidad en el pago de la mensualidad durante la emergencia. (Vea: Recomendaciones)

Entre las medidas de flexibilidad que se pueden explorar están:

• -porcentajes de descuento sobre la mensualidad,
• -pagos parciales,
• -extensión de la fechas de pago de las nuevas mensualidades acordadas,
• -no penalización del pago tardío (sin cobro de intereses moratorios).

¿Y qué hace el MEP en este tema?

La Dirección de Educación Privada del MEP es la autoridad responsable de la acreditación, supervisión, fiscalización, inspección y control de los centros educativos privados, desde la educación preescolar hasta la enseñanza diversificada en todas sus modalidades. Sin embargo, está fuera de sus funciones la fiscalización de la relación contractual entre una institución educativa y sus consumidores.

Gerardo Esquivel Calderón, director de Educación Privada del MEP, explicó que en caso necesario, los padres de familia o encargados pueden solicitar al centro educativo privado la documentación para el traslado del estudiante a una institución pública. Para esto, las autoridades educativas del Circuito Educativo o Dirección Regional de Educación competente, deberán proceder con la matrícula y atención educativa de la persona, de acuerdo con la capacidad de los diferentes centros educativos de la región y el lugar de residencia del núcleo familiar.

“Debe partirse del hecho que la enseñanza privada no es gratuita y no está prescrito que así lo sea. Por ende, para que los estudiantes disfruten del derecho a la educación privada, sus padres o representantes deben someterse al pago del costo que supone la enseñanza privada, o bien, optar por la enseñanza pública, que sí es gratuita y costeada por el Estado”, enfatizó Esquivel.