Por: Carlos Cordero Pérez.   26 enero
La Agencia de Gobierno Digital tendrá como tarea impulsar proyectos para desarrollar servicios en línea y reducir trámites en las instituciones públicas. (Foto José Cordero / Archivo)
La Agencia de Gobierno Digital tendrá como tarea impulsar proyectos para desarrollar servicios en línea y reducir trámites en las instituciones públicas. (Foto José Cordero / Archivo)

La aprobación de la Ley 21.180 de Creación de la Agencia Nacional de Gobierno Digital (ANGD) en la Asamblea Legislativa es un hito en Costa Rica, después de dos décadas de diversos esfuerzos para articular una política y los proyectos tecnológicos en el Estado. Los retos son múltiples, pero sobresale la necesidad de impulsar un cambio a una cultura digital.

“Uno de los principales retos que tendrá por delante la agencia es impulsar un cambio en la cultura de los entes y órganos del Estado de manera tal que los funcionarios y tomadores de decisión encuentren una ventana de oportunidad en el aprovechamiento de herramientas y plataformas tecnológicas”, respondió Christian Sánchez, director ejecutivo de Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (Camtic).

Camtic fue una de las organizaciones que participó en el proceso de elaboración e impulso del proyecto de ley, junto con el Club de Investigación Tecnológica, Micitt, Infocom y Alicia Avendaño, quien estuviera a cargo de la antingua Secretaría Técnica de Gobierno Digital y actualmente es directora de tecnología de información y comunicaciones del Ministerio de Hacienda.

La ANGD estará adscrita al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) y tendrá a cargo la ejecución de la política pública en materia de gobierno digital.

El ministerio celebró también la aprobación de la ley. “La ANGD llega a fortalecer la institucionalidad del país dando las competencias para implementar los proyectos y servicios transversales que se vienen trabajando en la política pública de Micitt como ente rector”, resaltó un comunicado de la entidad.

Aprobación

La Ley 21.180 de creación de la ANGD fue aprobada este 21 de enero en segundo debate con el propósito de establecer el marco de gobernanza para desarrollar, ejecutar e implementar la estrategia nacional del Gobierno Digital, con la finalidad de tener un estado eficiente y centrado en el ciudadano, impulsar la sociedad de la información y del conocimiento y promover la inclusión por medio del uso de las tecnologías.

A la agencia se le asigna la tarea de proponer políticas en materia de sociedad de la información y del conocimiento y en el desarrollo informático del Estado, y planificar y ejecutar proyectos de gobierno digital con énfasis en mejorar y simplificar los trámites, velando por el adecuado manejo y seguridad de la información.

La ANGD deberá apoyar e incrementar la transparencia, el acceso a la información pública y facilitar los mecanismos de participación e interacción del Estado que mejoren la calidad de vida del ciudadano, así como a los organismos públicos a desarrollar sus planes estratégicos de transformación digital mediante la formulación de procedimientos, capacitación y desarrollo de proyectos que contribuyan al cumplimiento de sus fines.

Una tarea de primer orden será consolidar el régimen de las compras públicas de tecnologías de información y comunicaciones a fin de alcanzar economías de escala, incentivar la eficiencia del Estado por medio del uso de las tecnologías digitales y promover el uso racional de los recursos públicos para sustentar los proyectos de tecnologías para funciones de gobierno.

Su financiamiento vendrá de los presupuestos (ordinario y extraordinario), de recursos provenientes de servicios que brinde a otras instituciones públicas (siguiendo el modelo de la secretaría técnica que desarrolló Mer-Link, la plataforma de compras públicas) y de otras contribuciones y transferencias.

La aprobación ocurre después de diversos intentos, avances y retrocesos durante las administraciones de Miguel Angel Rodríguez cuando se creó una oficina adscrita a Casa Presidencial, la creación de una comisión interinstitucional durante el gobierno de Oscar Arias, y hasta el traslado de la secretaría técnica al Instituto Costarricense de Electricidad.

La agencia debería permitir que el Estado entre de lleno a la transformación digital, concretando su reforma estructural, facilitando la prestación de servicios digitales, disminuyendo tiempos, trámites y procesos, y generando ahorros.

“Esta agencia permitirá entre otras cosas, generar ahorros por efecto de la prestación de servicios transversales más eficientes, bajo un esquema de interoperabilidad entre entes y órganos del Estado”, recalcó Sánchez, de Camtic.

El ejecutivo respondió que la agencia también tendrá retos en el cambio de paradigma en materia de prestación de servicios a la ciudadanía, lo que permitirá recuperar la confianza y mejorar la entrega de valor de las instituciones públicas.

“Otro reto será la interoperabilidad entre sistemas de las instituciones públicas, reduciendo los tiempos de horas o días, a tan solo minutos”, agregó Sánchez.

El Micitt resaltó que la agencia implementará y ejecutará los servicios y los proyectos transversales y estratégicos para las instituciones de la Administración Pública en materia de gobierno digital.

“Se busca proveer a la ciudadanía un acceso simple, ágil, seguro y transparente a los servicios que ofrecen las instituciones”, resaltó el Micitt en el comunicado.

Ana Lucía Ramírez, directora ejecutiva de Infocom, indicó que esperan que se pueda dar un cumplimiento de lo establecido en la nueva ley en coordinación con las entidades competentes.

“La digitalización de los procesos en la administración pública es necesaria, por motivos de eficiencia, eficacia y transparencia, como parte de un proceso integral tendiente a mejorar la respuesta del Estado ante las demandas de respuesta pronta de la ciudadanía, para lo cual también es esencial un sector de telecomunicaciones robusto y dinámico”, recalcó Ramírez.

“Infocom fue parte del proceso en la construcción del proyecto, por lo que esperamos que se pueda dar un cumplimiento de lo establecido en coordinación con las entidades competentes.

La digitalización de los procesos en la administración pública es necesaria, por motivos de eficiencia, eficacia y transparencia, como parte de un proceso integral tendiente a mejorar la respuesta del Estado ante las demandas de respuesta pronta de la ciudadanía, para lo cual también es esencial un sector de telecomunicaciones robusto y dinámico”.