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La falla del sistema del Banco Popular, los problemas con el certificado QR y las caídas de la plataforma de validación de facturas electrónicas afectan la confianza en los servicios de cara al Gobierno Digital, a lo que se suma una mala gestión de las crisis y de la comunicación institucional.

Ambas entidades empezarían a funcionar en 2022, mientras en forma paralela se avanza en varias tareas.

El 72% de 90 instituciones que prestan servicios críticos reportaron haber digitalizado algún proceso debido a la emergencia del Covid-19, pues “descubrieron que estaban atrapadas en papeles”. Pero quedan "limitaciones" de cultura y procesos.

Un gobierno digital se acerca a la gente, de forma amigable, conveniente, transparente y al costo más eficiente posible.

La aprobación de la Ley 21.180 en la Asamblea Legislativa es un hito en Costa Rica, después de dos décadas de diversos esfuerzos para articular una política y los proyectos tecnológicos en el Estado.

Desde que inició la emergencia, las instituciones públicas movilizaron funcionarios al teletrabajo y confiaron en sus servicios en Internet, adelantando planes y confirmando retos. Los usuarios respondieron según el acceso a Internet que tenían y la oferta de trámites digitalizados

Proyecto tiene un costo de $780.000, que incluye simplificación de trámites y automatización según Procomer.

Se llama 'Pura Vida Digital' y su objetivo es reducir los tiempos y los costos en los que incurren los ciudadanos en hacer sus trámites, además de los costos administrativos en la gestión de los mismos

El servicio esta disponible por medio del portal web de la entidad, donde se ubica la pestaña Ventanilla Digital.

Antes de ir a una institución a realizar un trámite, consulte en su sitio web información sobre requisitos, descargue formularios si se ofrece para que adelante la gestión o aproveche el servicio en línea cuando esté disponible. Algunas instituciones ya han avanzado en la digitalización, aunque otras siguen sometidas a la presentación de papeles.