Regular la inteligencia artificial no significa declararle la guerra al progreso; significa reconocer una lección que las sociedades suelen aprender tarde: una tecnología capaz de ampliar nuestras posibilidades también puede ampliar, con enorme velocidad, nuestras desigualdades, vulnerabilidades y abusos.
Internet llegó envuelta en una promesa de democratización. La cumplió en parte: abrió acceso al conocimiento, conectó personas, redujo barreras para emprender y publicar. Sin embargo, también creó una infraestructura para el fraude, la desinformación, el cibercrimen, la vigilancia y la censura. Sus efectos dependieron de su diseño, de los incentivos comerciales y de la capacidad de los Estados para poner o no poner reglas.
Con las redes sociales ocurrió algo similar. Se creyó que conectar a las personas simplemente favorecería el diálogo y una mayor comprensión entre sociedades. Hoy sabemos que muchas plataformas fueron diseñadas para capturar atención y generar dependencia. También sabemos que pueden amplificar ataques coordinados, odio, mentiras y daños psicológicos profundos, incluidos riesgos de suicidio entre personas vulnerables.
La IA exige no repetir ese error porque no se trata solo de una herramienta que responde preguntas o redacta textos. Hablamos de sistemas que automatizan trabajo intelectual, producen contenido persuasivo, detectan vulnerabilidades informáticas y actúan mediante agentes con creciente autonomía. Sus beneficios pueden ser extraordinarios: diagnósticos médicos más oportunos, educación personalizada, investigación científica acelerada, servicios públicos más eficientes y productividad para pequeñas empresas... pero sus riesgos ya no son solo hipotéticos.
Bill Gates ha advertido que la IA puede sustituir empleo cognitivo y físico a una velocidad inédita. Por eso plantea que Estados Unidos y China cooperen para definir reglas comunes y evitar una carrera sin controles. También ha sugerido discutir ámbitos que deben reservarse a los seres humanos, por razones de empleo, confianza, empatía o responsabilidad. La educación, el cuidado de adultos mayores, ciertas decisiones médicas y la resolución de asuntos que afectan derechos no son únicamente tareas técnicas.
Los incidentes recientes con agentes de IA ayudan a entender parte del problema. En una prueba reportada este año, unos 1.200 agentes establecieron un canal oculto, se organizaron, intercambiaron miles de mensajes y repartieron tareas para cumplir un objetivo. Algunos incluso se “sacrificaron” para favorecer el resultado colectivo. No es prueba de conciencia ni de una rebelión de máquinas pero sí es una demostración de que sistemas diseñados para alcanzar metas pueden desarrollar estrategias no previstas por sus creadores.
Una IA no necesita odio o ambición para causar daño. Basta una meta mal definida, permisos excesivos, controles débiles o una empresa presionada por lanzar antes que sus competidores. En ciberseguridad, salud, finanzas, elecciones, infraestructura crítica o servicios públicos, el costo de equivocarse puede superar por mucho una falla ordinaria de software.
La renuncia de Jacob Coxon, investigador que trabajó en OpenAI y Anthropic, es otra señal desde dentro de la industria. Coxon afirmó que los laboratorios avanzan hacia sistemas capaces de mejorar sus propias capacidades sin contar aún con mecanismos de control suficientes. Su advertencia de que una IA avanzada podría amenazar a la humanidad en una década puede sonar extrema, pero no debe leerse como una profecía, sino como una invitación a la prudencia. Cuando quienes construyen estos sistemas reconocen incertidumbre sobre su control, la respuesta no puede ser fe ciega en la autorregulación.
Costa Rica no definirá la carrera por los modelos de IA más poderosos, pero sí puede decidir cómo impactan en su territorio. Se requieren transparencia y supervisión humana en decisiones de alto impacto, responsabilidad por daños, protección de datos, medidas contra fraude y suplantación, defensa de menores, competencia para evitar concentración excesiva y políticas de formación para el empleo. También, puede impulsar la discusión internacional sobre el tema.
Regular la IA no es prohibirla. Es exigir que quienes obtienen ganancias de sistemas poderosos asuman obligaciones acordes con sus riesgos. Internet y las redes sociales demostraron que la promesa tecnológica no reemplaza la gobernanza. Con la IA, esperar a que el daño sea evidente puede ser la decisión más cara.