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El Consejo de Desarrollo Inmobiliario (Codi) y la Asociación de Propietarios y Administradores de Edificios (Boma, por sus siglas en inglés) formaron una alianza con el fin de establecer una norma de medición de inmuebles —con respecto al tamaño y costo de alquiler de propiedades— en el sector de bienes raíces costarricense.
Las empresas expresaron, por medio de un comunicado de prensa, que la elaboración de estándares “claros y consistentes” elevará la competitividad de la industria y generará una mayor atracción de inversión extranjera.
“Esto da claridad a los dueños e inversionistas sobre el criterio aplicado para calcular las áreas de venta o alquiler de cada propiedad”, se indica en el comunicado.
Este convenio permitirá que el Codi cuente con las metodologías y conocimientos de Boma, una organización que ha desarrollado diversas normas de referencia utilizadas para determinar la eficiencia y optimización de las áreas de edificios.
Asimismo, los desarrolladores costarricenses podrán tomar esos criterios para construir inmuebles que les permita optimizar las áreas rentables.
“Esto brindará mejores herramientas para negociar contratos y tener parámetros cuantitativos para saber si un diseño es eficiente o no”, explicaron las compañías.
La unión se dio a conocer por medio de una conferencia de prensa el 29 de setiembre, y contó con la participación de representantes del sector inmobiliario como Garnier & Garnier, Portafolio Inmobiliario y Rocca Develoment Group.
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La dinamización del sector
El proceso inició en 2020, con el objetivo de traer al país “mejores prácticas empresariales” que permitan el posicionamiento de la industria.
En la información compartida, no se detalló el monto total de inversión.
“Actualmente, la inversión extranjera directa y la presencia de empresas transnacionales en el país propician que el sector de bienes raíces sea más competitivo”, dijo Verónica Alfaro, directora ejecutiva del Codi.
El plan a corto plazo de la alianza es brindar capacitación a profesionales del sector sobre la metodología de medición de áreas, que permite estructurar proyectos y negociar contratos.
El método determina la eficiencia de los espacios en los edificios en cuanto a las áreas rentables netas, para que la inversión de una empresa sea útil.
La primera metodología que se aplicará en Costa Rica es la de medición de oficinas, debido a los cambios generados por la pandemia en cuanto a áreas de co-working y teletrabajo.
— Codi y Boma.
“Contar con esta metodología nos dará herramientas de negociación con empresas que usan estos parámetros para medir las áreas rentables que alquilarán para sus operaciones. Esto incide directamente sobre los diseños arquitectónicos de los proyectos de construcción, así como las decisiones de inversionistas”, detalló Alfaro.
Por su parte, Álvaro Cortés, asociado senior de Representación de Inquilinos de Cushman & Wakefield, afirmó que este convenio elevará los estándares para la mejora del mercado local y generará un ambiente de competencia claro.
“Nos dará una guía objetiva de cómo se calculan los precios cobrados por los propietarios que alquilan”, indicó Cortés.
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Los actores
Boma es una federación, de origen estadounidense, con más de 100 años de experiencia en el sector inmobiliario. Tiene presencia en 18 países y es conocida por su metodología dentro de la industria de medición de áreas para edificios.
El Codi, por su parte, suma 19 años de agrupar a empresas de desarrollo inmobiliario del país. Actualmente, lo integran 25 firmas del sector industrial, residencial, hotelería, corporativo y comercial.
“Mediante las capacitaciones que brindará Boma, el sector podrá sofisticar y estandarizar, aún más, sus procesos. De este modo, será posible continuar brindando asesoría y productos de primer nivel, tanto a las empresas locales, como a las multinacionales que continuamente se instalan o expanden en Costa Rica”, compartió Alberto Bonilla, director de desarrollo de Garnier & Garnier.
Recientemente, el Codi redactó un reglamento de ventas a plazo para productos inmobiliarios, que brinda resguardo y seguridad jurídica a los compradores y propietarios de los proyectos, con respecto a las primas o pagos iniciales.
Asimismo, la organización ha cooperado en procesos de elaboración de planes reguladores de ciudades como San José, Escazú, Santa Ana, Garabito y Curridabat.
