El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ordenó al Ministerio de Innovación, Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) detener la implementación de variaciones en el modelo y asignación de frecuencias de radiodifusión.
La orden, emitida en la resolución 2267-E8-2025 del 2 de abril, busca prevenir que cambios en las frecuencias provoquen el cese de operaciones de radioemisoras o alteraciones sustanciales en sus condiciones, lo que, según un comunicado de prensa del TSE emitido este jueves 3 de abril, perjudicaría el acceso de los electores a información crucial para el proceso electoral.
Este miércoles, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, amenazó con un apagón de radio y televisión si para el mes de setiembre la Asamblea Legislativa no aprueba un proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo para modificar el cálculo del monto que las concesionarias deben pagar por el impuesto anual de radiodifusión.
Chaves dijo que no extenderá la prórroga de 15 meses concedida en junio del año pasado para la vigencia de las concesiones de las frecuencias. Los permisos vencieron el 28 de junio pasado.
El TSE fundamenta su decisión en la conexión intrínseca entre el derecho al voto y el derecho al acceso a la información. El tribunal subraya la importancia del pluralismo informativo y el acceso de las agrupaciones políticas a diversos medios para difundir sus propuestas, así como el derecho de los ciudadanos a recibir dicha información.
El comunicado recuerda una resolución previa (5704-E8-2017 del 8 de setiembre de 2017), en la que el TSE advirtió al Micitt, durante la administración de Luis Guillermo Solís, sobre la necesidad de garantizar el acceso a la señal gratuita de televisión durante la transición a la televisión digital.
Además del acceso a la información, el TSE advierte que los cambios en las frecuencias podrían tener un impacto negativo en la equidad de la contienda electoral, el sistema de financiamiento público de los partidos y las opciones del propio TSE para comunicarse con la ciudadanía, incluyendo el uso del tiempo gratuito en radioemisoras.
El TSE aclara que su competencia se limita a los aspectos relacionados con la organización, dirección y vigilancia de los procesos electorales. Por lo tanto, su pronunciamiento se centra en los posibles efectos de los cambios en las frecuencias sobre las elecciones de febrero de 2026, y no en la legalidad o conveniencia de la adjudicación de frecuencias. El proceso iniciado por el Micitt puede continuar, incluyendo prórrogas, renovaciones o adjudicaciones, pero su entrada en vigor queda pospuesta hasta la declaración de las nuevas autoridades electas.
Al cierre de edición, el Micitt no se había pronunciado sobre este tema.
