La tercera versión del proyecto de ley para crear un Fondo Nacional de Avales y Garantías avanza a paso lento en Asamblea Legislativa, aunque algunas dudas y observaciones ya fueron corregidas por el Gobierno.

Los congresistas que integran la Comisión de Asuntos Hacendarios, donde se tramita el expediente, dedicaron las últimas semanas a la discusión de tres presupuestos extraordinarios, por lo que todavía no entran de lleno al análisis de esta propuesta.

El Gobierno puja para que la aprobación de la iniciativa se concrete cuanto antes. El 3 de febrero convocó el proyecto a las sesiones extraordinarias, como una herramienta fundamental para desentrabar el crédito y apoyar a los afectados por el impacto económico de la pandemia.

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Carlos Alvarado, presidente de la República, recordó, en declaraciones ofrecidas el 3 de febrero a la prensa, que este fondo contribuirá a reactivar empresas y a recuperar miles de puestos de trabajo en sectores como el turismo, transportes, comercio, entre otros.

“Facilitará que alrededor de 18.000 empresas puedan acceder a un préstamo a pesar de no contar con una garantía ante el banco, el fondo de avales será esa garantía”, concluyó el mandatario.

La tercera ¿es la vencida?

El proyecto de Ley de creación del Fondo Nacional de Avales y Garantías para el apoyo a las empresas afectadas por la COVID-19 y la reactivación económica (22.144), fue enviado a la Asamblea Legislativa el 12 de agosto del 2020.

Esa primera versión planteaba que los recursos del fondo fueran administrados por el Instituto Nacional de Seguros (INS) mediante un fideicomiso, pero la Contraloría General de la República (CGR) aclaró que esa función excede las competencias de la entidad.

También se buscaba capitalizar al fondo con un crédito del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por $300 millones.

Además, se propuso inicialmente una cobertura de hasta un 80% por pérdida esperada. Sin embargo, una serie de dudas y cuestionamientos por parte de los diputados obligaron al Ejecutivo a replantear la propuesta.

El 11 de noviembre del 2020, el Gobierno presentó una segunda versión del texto, en el que eliminaba la figura del fideicomiso y entregaba la administración directa de los recursos al Ministerio de Hacienda, a través de la creación de un Programa Nacional de Avales y Garantías que tendría un consejo rector conformado por el ministro y dos asesores externos.

Los recursos ya no provendrían del préstamo del BCIE, sino que Hacienda los recibiría en Caja Única del Estado y luego giraría ¢180.000 millones al fondo.

Este punto generó incomodidad entre los diputados quienes cuestionaron la seguridad del dinero en manos de Hacienda y en momentos muy complicados en las finanzas públicas.

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La mayor preocupación radicaba en que ante un problema de liquidez o de flujo de caja, el Ejecutivo podía disponer de los recursos y eso amenazaba la estabilidad del fondo de avales.

Ante el escaso ambiente de viabilidad política que tenía el segundo texto sustitutivo, el Gobierno se vio en la urgencia de crear una tercera versión que llegó a Cuesta de Moras el pasado 9 de febrero.

En esta iniciativa se retoma la figura del fideicomiso, pero quedaría bajo la administración directa del BCIE y se financiaría con los ¢180.000 millones que Hacienda le girará por única vez, tras recibir el empréstito de esta multilateral.

Otro ajuste significativo es la inclusión de garantías para préstamos en colones y dólares, en las dos versiones anteriores únicamente se incorporó para operaciones en moneda local.

Muy despacio

Aunque de entrada los nuevos cambios al proyecto deberían darle un mejor ambiente político para buscar la aprobación legislativa, la compleja agenda de la Comisión de Hacendarios dificulta el avance del expediente.

Los congresistas que integran este foro estuvieron enfocados en las últimas semanas en el trámite y aprobación de tres presupuestos extraordinarios −el último la tarde del 17 de febrero−, por lo que todavía no examinan a fondo la tercera versión del texto.

Los legisladores del Partido Liberación Nacional (PLN), Ana Lucía Delgado, Gustavo Viales y Silvia Hernández, quien además preside la Comisión de Hacendarios, indicaron a EF que esperan dedicarle más tiempo y espacio a la revisión del nuevo plan en los próximos días.

Laura Guido, diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), reconoce que las múltiples discusiones de los presupuestos en Hacendarios y de la reforma al empleo público, acapararon la agenda en las últimas semanas.

María Inés Solís, congresista del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), considera que pese a las modificaciones, todavía el fondo depende de la aprobación de un crédito internacional por $300 millones.

Solís advierte que el proyecto todavía está en una fase preliminar de consultas a entidades financieras y demás actores interesados, por lo que le resta una buena parte del camino legislativo.

Pilar Garrido, ministra de Planificación y coordinadora del equipo económico del Gobierno, asegura que los nuevos cambios resuelven las observaciones hechas en el pasado por diputados y otras entidades.

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“Aprobar el proyecto lo antes posible ayudaría a desentrabar el crédito, apoyar a las empresas afectadas por la COVID-19, mantener el empleo existente y recuperar con prontitud los puestos de trabajo que existían previo a la pandemia”, indicó Garrido.

Para Elian Villegas, ministro de Hacienda, se trata de una buena oportunidad para que las empresas más golpeadas por la crisis puedan acceder a más de $3.000 millones en créditos bancarios que actualmente no se pueden colocar ante la falta de garantías.

Mientras el Gobierno pone el plan del Fondo de Avales y Garantías como una estrategia medular para buscar la reactivación del crédito y económica, el Congreso tiene una amplia agenda de proyectos prioritarios, entre ellos los seis del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que deben aprobarse antes de julio, por lo que el panorama no es alentador.