El Gobierno está enfrascado en buscar dinero para atender lo urgente: la emergencia sanitaria, las ayudas económicas a los más golpeados y el gasto público regular. Todas sus acciones, su agenda política y sus esfuerzos se dirigen a ese objetivo.
Hasta ahora se desconoce la ruta de acción para la fase posterior, para recuperar −o reconstruir− lo que quede de la economía costarricense.
Para obtener dinero que le permita financiar sus necesidades inmediatas, el Ejecutivo apostó por buscar recursos en un primer presupuesto extraordinario por ¢368.578 millones y buscar créditos internacionales, el más reciente fue aprobado, el 29 de abril, por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para inyectar $508 millones a las arcas públicas.
Pilar Garrido, ministra de Planificación y coordinadora del equipo económico del Gabinete, aseguró en entrevista con EF, el 17 de abril, que en este momento se enfocan en conseguir financiamiento para las diferentes dimensiones de la emergencia: sanitaria, social y económica.
Mientras trabajan en “recalibrar” los efectos que tendrá el apagón en la economía doméstica con fuertes impactos en desempleo, pobreza y desigualdad.
El Banco Central de Costa Rica (BCCR) proyectó una contracción del 3,6% en el Producto Interno Bruto (PIB) real para este año, con una caída del 27,6% en hoteles y restaurantes, mientras que las otras actividades económicas tendrán tasas de variación negativas de un dígito.
El panorama no es alentador para el déficit financiero que rozaría el 10% al cierre del 2020, ni para el asfixiante crecimiento de la deuda pública que superará, sin duda, el equivalente al 60% de la producción nacional a finales del año.
Acciones, leyes y cambios
La etapa de atención urgente movilizó una serie de acciones en todo el entramado institucional del país. Aunque muchas de las medidas más visibles son los decretos emitidos por el Ejecutivo, los lineamientos del Ministerio de Salud o las leyes aprobadas en la Asamblea Legislativa, la suma de ajustes es mucho mayor.
Las diferentes instituciones públicas aplicaron 93 acciones, cambios a normas, aprobaciones de leyes o ajustes reglamentarios para generar condiciones que ayuden a atender la emergencia del coronavirus en diversos frentes.
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La cifra se desprende del informe Evaluación económica inicial de los efectos del COVID-19 y el alcance de las opciones políticas en Costa Rica, publicado el 28 de abril por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Este reporte muestra que más allá de las nueve leyes avaladas por los diputados en el Congreso y de los decretos firmados por el presidente de la República Carlos Alvarado, se gestó un conjunto variopinto de medidas que incluye a instituciones como el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), entre otros.
También se sumaron modificaciones reglamentarias por parte del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) para preservar la capacidad de pago de personas y empresas con el objetivo de no generar manchas a los deudores en el récord del Centro de Información Crediticia (CIC).
Esta entidad facilitó los procesos para el otorgamiento de nuevos créditos y las readecuaciones o refinanciamientos de los que están vigentes. Otra modificación de Conassif permite a los intermediarios establecer periodos de gracia a los clientes sin el pago de los intereses ni del principal.
Minae, por ejemplo, prorrogó las concesiones y permisos de las gasolineras, que vencían entre abril y junio del 2020. Además, aplazó por un año las autorizaciones para las empresas que se dedican al vertido de desechos.
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El Banco Central de Costa Rica (BCCR) rebajó su Tasa de Política Monetaria (TPM) a su nivel histórico más bajo para que ese instrumento se transmita a los tipos de interés del sistema financiero y beneficie a los clientes.
Esta entidad también inyecta liquidez al Mercado Integrado de Liquidez (MIL) y al mercado secundario, mediante una reforma a la Ley Orgánica del BCCR que se incluyó en la recién aprobada normativa para entregar el Fondo de Capitalización Laboral (FCL) a quienes vieron sus jornadas reducidas o recibieron suspensión temporal de contratos de trabajo.
Urgencia por subsidios
Una de las prioridades más fuertes en las acciones del Gobierno es dar subsidios a las personas afectadas laboralmente por el apagón económico y a quienes experimentaron una caída en sus ingresos mensuales.
El bono Proteger, entregado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), otorga subvenciones mensuales por ¢62.500 y ¢125.000 a quienes fueron despedidos, cesados, tienen jornada reducida, o viven un proceso de empobrecimiento que agravó su situación socioeconómica.
Más de medio millón de solicitudes de este tipo de ayudas fueron recibidas por el Ejecutivo. Se estima que la pérdida de empleo afectará a entre 365.000 y 700.000 personas en los próximos meses, según datos aportados por la ministra Garrido.
La sostenibilidad de las ayudas está ligada a la búsqueda de recursos de diferentes fuentes. Una ley aprobada en el Congreso permite transferir ¢12.000 millones de las pensiones de lujo a las del Régimen No Contributivo.
Otra normativa que recibió el aval de la Asamblea congela el precio de los combustibles para aprovechar la caída en las tarifas internacionales y dirigir ¢9.500 millones por mes a financiar bonos Proteger para 25.000 hogares.
Mientras que el primer presupuesto extraordinario, aprobado por los diputados el 22 de abril, le otorga al Gobierno ¢150.000 millones para dar subsidios a 400.000 personas durante tres meses.
Préstamos para subsistir
Todo esto al mismo tiempo que el Ejecutivo corre para buscar préstamos de apoyo presupuestario que le permitan acumular liquidez y pagar los gastos normales del funcionamiento gubernamental cada mes.
A favor ya cuenta con los empréstitos aprobados por ¢216.000 millones con la Corporación Andina de Fomento (CAF) y por ¢57.200 millones con el Banco Intermericano de Desarrollo (BID).
Ante la imposibilidad de emitir bonos de deuda pública en los mercados internacionales, por el alto costo que esto representaría; el Gobierno apuesta por la búsqueda de más financiamiento internacional en condiciones favorables por la coyuntura de crisis.
El Directorio del FMI dio luz verde a una línea de crédito rápido por $508 millones con una tasa de interés de 1,55% anual y un plazo de cinco años. Este préstamo viene con un desembolso automático del BID por $292 millones más que le permitirían al país contar con $800 millones.
Garrido enfatizó que estos recursos ayudan, pero será necesario buscar más opciones de financiamiento con entidades como el Banco Mundial (BM), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la CAF.
Mientras tanto, los anuncios para levantar las medidas de aislamiento social en Costa Rica son bastante modestos y permitirán activar −muy lentamente− algunas actividades económicas, siempre bajo la incertidumbre de que cualquier aumento en la cantidad de casos implicará recrudecer nuevamente las restricciones.
Este complejo panorama se traducirá en una caída del 5,3% en las exportaciones y del 1,2% en el consumo de los hogares. Los agentes económicos se sumen en la desconfianza y contraen sus decisiones de inversión y gasto, lo que finalmente redundará en una menor recaudación de impuestos y una caída en la producción.
El Ministerio de Hacienda queda en una posición complicada para obtener por la vía ordinaria −impuestos y aranceles− los recursos que necesita para pagar su gasto regular, su creciente deuda pública y sus imprevistos por la emergencia.
Las voces de diputados, cámaras empresariales y sectores productivos piden mayor claridad al Gobierno en la agenda de reconstrucción económica que deberá ponerse en marcha en el entramado institucional en las próximas semanas.
