Como consecuencia de la reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta, plasmada en el Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, surgió el impuesto sobre las rentas de capital inmobiliario. Este impuesto grava los ingresos que derivan del arrendamiento, subarrendamiento o la cesión de otros derechos de uso o goce sobre bienes inmuebles.
El contribuyente valora que es más seguro que los bienes se encuentren a nombre de una sociedad que de una persona física.
Los contribuyentes del impuesto sobre las utilidades con actividades de arrendamientos o similares, fueron migrados por la Administración Tributaria al régimen del impuesto sobre las rentas del capital.
La Administración Tributaria recientemente emitió la directriz DGT-R-55-2019 en la cual señala como no cooperantes a países como Cuba, Corea del Norte, Palestina, Bosnia y Herzegovina, e Irak, por citar algunos de los que se incluyeron en la lista.
A nuestro criterio, la administración está excediendo sus facultades al exigir esta obligación la cual viene a añadir un costo de cumplimiento adicional al contribuyente.
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