El cantón de Acosta queda a menos de 40 kilómetros y a casi 90 minutos de San José, pero su población padece de “problemas serios de telecomunicaciones” que le impide un fácil acceso al Expediente Digital Único en Salud (EDUS) de la Caja Costarricense del Seguro Social, a educación virtual o a la atención oportuna de emergencias.

Hay limitaciones también para acceso a información y a comunicaciones vía Internet o telefonía móvil para realizar transacciones de actividades agrícolas, pecuarias, comerciales y financieras, pagos de servicios y creación de nuevos negocios o apertura de mercados aprovechando la tecnología.

La situación afecta a unos 24.000 habitantes en sus cinco distritos. En telefonía celular hay problemas de señal en 34 comunidades, incluyendo La Ortiga, Potrerillos, Coyolar, La Cruz o Palmichal. En Internet, fija o móvil, las dificultades ocurren en 48 comunidades, como San Lorenzo, Las Vegas, Ceiba, Sevilla o Bajo Cárdenas.

Acosta es el de mayor población en la zona, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), vecina de León Cortés, Dota y Turrubares.

La situación refleja las contradicciones y los procesos laberínticos entre instituciones públicas a nivel local y nacional para garantizar los servicios de telecomunicaciones a la población.

“En criterio nuestro, y a partir del diálogo con las comunidades, claramente lo que falta es inversión en infraestructura por parte de los operadores”, respondió Norman Hidalgo, alcalde de Acosta.

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Los operadores sostienen que brindan la cobertura exigida, realizan mejoras y hay sitios donde se requerirían proyectos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel). Mientras, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) sostiene que —además de revisar con el regulador cómo atender la situación— sugiere a la Municipalidad realizar los cambios requeridos en su reglamento de redes.

“La acción recomendada para establecer condiciones que permitan un ágil despliegue de infraestructura, y como consecuencia la mejora en los servicios prestados, es modificar el reglamento municipal, de manera que se ajuste a criterios técnicos”, dijo Teodoro Willink, viceministro de Telecomunicaciones.

Solicitud

La solicitud de la Municipalidad de Acosta, a través del alcalde, fue recibida por el Micitt, al Ministerio de Educación Pública (MEP) y a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) el mismo día que fue enviada: 3 de febrero de 2021. Al mes siguiente, se cumpliría el año de la pandemia.

“Micitt, como ente rector, y Sutel, como ente regulador, son los responsables de garantizar el acceso y servicios universal a las poblaciones más vulnerables”, recalcó Hidalgo, que se preguntó si esta localidad no era rentable para los operadores.

Hidaldo también solicitó el pasado 14 de abril al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) la apertura de una agencia telefónica en San Ignacio, su cabecera, tras el cierre de la que tenía el Instituto en Caraigres y a la que acudían vecinos de Salitrillos, Tarbaca, San Gabriel, Vuelta de Jorco, Monterrey, La Legua, Palmichal, San Ignacio, Guaitil, Cangrejal, Sabanillas, Rosario, Frailes y San Cristóbal.

“No es posible que nuestra población tenga que ir a Desamparados, Aserrí, San José, Puriscal y Parrita a hacer sus trámites”, protestó Hidalgo.

Entre tanto algo se movió. El 4 de marzo el Micitt solicitó a Sutel determinar la situación, realizar un inventario de los servicios de operadores y proyectos de Fonatel en Acosta y solicitó su intervención.

Un mes más tarde, Sutel informó que en el cantón hay seis operadores autorizados para brindar servicios móviles, telefonía fija e Internet fijo, incluyendo al ICE y su subsidiaria Radiográfica Costarricense S. A. (Racsa), Telefónica y la Cooperativa de Electrificación Rural de Los Santos (Coopesantos), Call My Way e Interphone.

Fonatel, además, había entregado hasta enero anterior soluciones de conectividad a 1.173 familias en condición de vulnerabilidad, 37 dispositivos a centros de salud y Centros Comunales Inteligentes (CECI), a cargo del mismo Micitt, y brinda Internet wifi gratuito en sitios ubicados en dos distritos del cantón: San Ignacio y Palmichal.

Micitt aseguró que ya remitió al Alcalde el informe de Sutel y le solicitó que indique las prioridades de conectividad en el cantón. Quedaría pendiente una visita técnica de funcionarios de la Superintendencia para validar la información sobre los problemas de telecomunicaciones y determinar las causas.

Los operadores móviles, por su parte, indican que en la zona no hay problemas de red, cuentan con servicios 3G, 4G y 4.5G en la mayor parte de las áreas del cantón, aunque hay zonas de baja densidad de población y con dificultades topográficas donde no hay cobertura o ésta es marginal.

“Estas zonas, a nuestro parecer, deben atenderse a través del programa de comunidades conectadas de Fonatel, que es el mecanismo previsto por nuestra legislación y financiado con aporte de todos los operadores, precisamente ideado para atender comunidades con estas características”, dijo José Pablo Rivera, gerente de regulación, comunicación y relaciones institucionales de Movistar.

Rivera agregó que durante este 2021 se fortalecerá las condiciones de la red 4G en todo el país, particularmente en los sitios donde hay oportunidad de mejorar o no hay servicio.

El ICE, por su parte, respondió que cuenta con cobertura de servicios fijos en todos los distritos de Acosta mediante red de cobre y mixta (cobre y fibra óptica) para que los clientes adquieran Internet, televisión y telefonía fija.

Claro indicó que cumple con las obligaciones de cobertura exigidas en el contrato de concesión. “Los problemas presentados pueden deberse a temas de cobertura ajenos al servicio brindado por Claro”, respondió Luis Iván Ortiz, gerente de ingeniería de Claro.

Otros participantes en el mercado como Cabletica, Telecable, Tigo y Coopesantos no respondieron las consultas de EF.

El Viceministerio de Telecomunicaciones insistió que desde 2016 se ha reiterado a la Municipalidad de Acosta sobre la necesidad de subsanar dificultades de su reglamento para instalación de redes o que aplique el reglamento de construcciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) publicado en La Gaceta en agosto de 2016.

Willink reiteró que también en 2019 se instó al municipio a utilizar el procedimiento emitido por el Ministerio de Hacienda para la fijación del canon de infraestructura de telecomunicaciones.

Acosta, empero, no se encuentra entre los 16 cantones que deben aprobar o mejorar su reglamento de infraestructura, según información enviada por el mismo Micitt a EF, y más bien aparece como uno de los que ya cuenta con las reglas establecidas.