No fueron los argumentos técnicos ni jurídicos. Tampoco las razones económicas. Ni las advertencias sobre cómo afectaría a la democracia y a la pluralidad de voces en Costa Rica. Lo que detuvo la subasta de frecuencias de radio y televisión, al menos por un tiempo, fue la posibilidad de que solo quede una cuarta parte de las emisoras que hoy transmiten.
La Sala Constitucional emitió el miércoles 26 de noviembre una medida cautelar que suspendió temporalmente el proceso licitatorio ordenado por el Poder Ejecutivo e implementado por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel). La medida se basa en el riesgo de daños severos debido a una disminución significativa en los servicios radiofónicos y televisivos.
Sutel comunicó que acata la decisión; el presidente Rodrigo Chaves, por su parte, repartió críticas y adelantó que seguiría con el plan (no indicó si haría cambios) excluyendo a las emisoras religiosas.
“La suspensión ordenada por la Sala Constitucional permite a nuestros oyentes un respiro en medio de un ambiente complejo”, dijo Gustavo Piedra, presidente de la Cámara Nacional de Radiodifusión (Canara). “Agradecemos a los ciudadanos que, por iniciativa propia, acudieron a la vía constitucional para proteger el acceso libre a la radio y la televisión. Canara continuará actuando dentro del marco de la ley, con respeto y firmeza, en defensa de la institucionalidad y de quienes dependen de este servicio todos los días”.
Para el grueso de la población, la alerta de este tema —que tiene meses de discusión— llegó cuando escucharon las declaraciones de las cámaras y de varias emisoras de radio y de televisión indicando que no participarían en el concurso y que dejarían de transmitir. Para mayor verosimilitud, la advertencia también provino de emisoras con afinidad al gobierno de Chaves.
“Conforme los ciudadanos van comprendiendo el tema, se van solidarizando con los medios que fueron excluidos por barreras meramente económicas”, afirmó Saray Amador, presidenta de la Cámara Nacional de Radio y Televisión (Canartel).
De inmediato, los pronunciamientos en contra de las licitaciones llegaron desde la mayoría de las candidaturas presidenciales (la oficialista no estuvo en la lista), los sindicatos (que agregaron un motivo adicional a su manifestación el mismo 26 de noviembre y donde se celebró la medida cautelar) y de otras cámaras empresariales. La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) llamó al gobierno de Rodrigo Chaves a revisar el proceso.
“El proceso de asignación de frecuencias debe garantizar primero seguridad jurídica para todos los participantes”, dijo Jorge Luis Araya, director ejecutivo de Uccaep.
El resultado final es la pérdida de legitimidad del proyecto “inédito” de Chaves, excepto para sus seguidores más fieles. En entredicho queda el proceso de asignación de concesiones que impulsa Casa Presidencial mediante las licitaciones, en lugar de una extensión de los títulos habilitantes como reclaman los actuales concesionarios.
Sutel, que alega que sigue la instrucción del Ejecutivo y del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) como rector del sector, también quedó bajo cuestionamiento público como autor principal de los pliegos de las licitaciones y, en especial, por la metodología para definir los precios base para las subastas de frecuencias en AM y FM y en televisión.
En el interín, la Contraloría General de la República rechazó los recursos de objeción a los pliegos indicando que faltaba demostración técnica de parte de las entidades que cuestionaron los carteles.
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Proceso atropellado
Desde el inicio de su gestión, la actual Administración anunció que incrementaría el canon que deben cancelar los concesionarios de frecuencias de radio y televisión. Además, que realizaría un proceso de asignación de frecuencias. Lo justificó con todo tipo de ataques personales, a las empresas y organizaciones del sector.
Para lo primero, presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que establecería un canon anual basado en los ingresos publicitarios de las empresas. Chaves exigió su aprobación a cambio de no proceder a un apagón de radio y televisión luego de las elecciones. El resultado está pendiente.
A esa propuesta se le contrapone una iniciativa de varios diputados para modernizar el canon con base en el espectro asignado a cada concesionario.
Para lo segundo, la asignación de frecuencias, el Micitt instruyó a Sutel a iniciar el proceso dado que en 2024 se terminaba el plazo fijado en un reglamento establecido 20 años atrás para la Ley de Radio.
El primer paso para este proceso fue una consulta pública para determinar el interés existente en el mercado por las frecuencias. Respondieron 120 interesados. La Superintendencia recomendó proceder con el concurso para frecuencias de radio en FM y en televisión únicamente, dada la falta de interés para frecuencias de onda corta y la baja demanda en AM.
La orden del Micitt obligó a Sutel a iniciar el concurso de espectro para AM, FM y televisión. Los carteles fueron publicados en octubre pasado. De inmediato, la industria planteó los cuestionamientos: legalidad del proceso, altos precios base para la subasta (que afectaría a la mayoría de las emisoras, que son pequeñas y no tendrían recursos para concursar) y otras condiciones técnicas que elevan los costos. Para el sector es desconcertante que las autoridades desconozcan la realidad de las emisoras y que no tengan en cuenta la información que se les facilitó.
El cuestionamiento más fuerte es contra los precios base de la subasta. Además de calificarlos como inalcanzables, constituyen una “carga extraordinaria” para la mayoría de las emisoras al comprometer su estabilidad operativa. “El sector ya opera bajo una estructura de costos pesada, que incluye los impuestos sobre las utilidades, el de las personas jurídicas y el de valor agregado, así como cargas sociales que son entre las más altas de la región”, afirmó Gabriel Zamora, abogado tributario y candidato a vicepresidente del Partido Liberal Progresista.
Sutel argumenta que los precios se determinaron de forma objetiva, utilizando datos de otros mercados y ajustados a la realidad local, y cuestionó que exista cobertura total en el país de radio y televisión en la actualidad.
El resultado fue el previsto por las emisoras y las cámaras. El pasado viernes 21 de noviembre, último día para presentar ofertas, solo se presentaron tres propuestas para televisión, nueve para radio FM a nivel nacional, tres para FM a nivel regional y solo una para AM con alcance nacional. Estas 25 ofertas son un fracaso en términos de participación, tanto con respecto a las cifras de interesados como en relación a la de concesionarios actuales: 24 concesionarios de televisión y 74 de radio (25 en AM y 49 en FM). Y es un fracaso también para la puja económica, pues hay menos oferentes y sobran frecuencias.
La lista de emisoras que dejaría de operar causó revuelo en los siguientes cuatro días.
Las emisoras que no concursaron y anunciaron que dejarían de operar van desde radio Sinfonola a las cadenas Musical (Radio Musical 97.5 y Radio Hit 104.7), Columbia (Columbia Estéreo, Radio 2 y Amplify) y Radial Costarricense (CRC 89.1 Radio, 94.7, 95.9 Conexión, 99.9 Azul y 103.1FM).
Se deben agregar a los canales Telefides y Canal 1, así como a varias emisoras locales: las radios Santa Clara y San Carlos (de San Carlos), Onda Brava 104.1 (Guanacaste) y Élite Radio (Turrialba), y los canales regionales La Potente Radio TV (Aserrí), TV Sur Canal 14 (Pérez Zeledón) y TVN Canal 14 (San Carlos).
Ante la avalancha, el Ejecutivo anunció su respaldo a un proyecto de ley del diputado Fabricio Alvarado para excluir a las emisoras religiosas (católicas y pentecostales). Esta figura es similar a la que protege a las radios universitarias y al Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) desde sus leyes de creación.
La Iglesia Católica rechazó la propuesta y pidió condiciones de igualdad para todos. “Los obispos reiteran que están abiertos al diálogo social para garantizar un espectro plural y democrático”, dijo el padre Mario Segura, vocero de la Iglesia Católica.
¿Reinicio?
Se desconoce cuándo la Sala IV y el Tribunal Contencioso Administrativo resolverán los recursos planteados por diferentes entidades y personas contra la licitación. Si fallan a favor de los recursos, obligará a un reinicio del proceso.
En todo caso, la Uccaep considera que la revisión del proceso debe garantizar la competencia, la seguridad jurídica, la participación plural y condiciones equitativas para los oferentes: que no genere exclusiones por costos excesivos para la realidad de la mayoría de los concesionarios actuales.
En particular, se deberán considerar los planteamientos técnicos y jurídicos de Canara y Canartel, oportunamente advertidos, incluyendo el respeto a la legalidad, la libertad de expresión y el deber de servir a la ciudadanía a través de un sistema de radiodifusión responsable, plural y accesible de manera gratuita.
Entre esos planteamientos se encuentra que las concesiones deben ser prorrogadas según lo establecido por la Ley de Radio (N° 1758), su reglamento del 2004 y la Ley General de Telecomunicaciones (N° 8642) del 2008.
En concreto, que se debe concluir el procedimiento de extensión de los títulos habilitantes por cinco años, como mínimo, iniciado en la actual Administración y en el cual 98 concesionarios recibieron el aval técnico de Sutel.
El paso pendiente a seguir, en concordancia con tal aval, es que el Poder Ejecutivo decida extender los títulos habilitantes y se proceda a la firma de los respectivos contratos.
“Sutel le había aprobado la extensión de la concesión hasta a Radio Sinfonola, por ejemplo”, señaló Juan Manuel Campos, director general de Ciber Regulación y especialista en telecomunicaciones.
En caso de un concurso, se deberá considerar que la subasta no es el único mecanismo de concurso para cobrar la asignación, pues la Ley N° 8642 no lo especifica. Asimismo, que las condiciones (precios, requisitos técnicos, regionalización y otros) deben ser racionales y proporcionados.
Las cámaras habían advertido que los costos deben basarse en precios de referencia y considerando precios excesivos o razonables, la existencia y disponibilidad de bienes y servicios, el análisis del ciclo de vida, los costos reales y datos de fuentes confiables.
Deben evitarse, también, varios errores metodológicos. Las cámaras cuestionaron que Sutel basó el monto en el tiempo que la población dedica a consumir radio, realizó correlaciones incorrectas entre los mercados de radio y televisión, no realizó análisis de flujos de ingresos y de proyecciones financieras y usó un benchmarking internacional desactualizado, basado en otros mercados muy diferentes y lejos de la realidad local.
En los pliegos de las licitaciones hay tres errores claves que se originan en la instrucción del Micitt a Sutel. El primero es que partió de que todas las emisoras son idénticas en su naturaleza (no distingue las culturales y religiosas de las comerciales) y tamaño (tampoco distingue entre pequeñas, medianas y grandes).
Además, se piden proyecciones financieras a 10 años (¿cómo se estiman las donaciones y diezmos en emisoras culturales y religiosas?) y se incluyen requerimientos a nivel técnico que son incorrectos (la señal de radio o televisión no se detiene por la regionalización del Ministerio de Planificación y la cantidad excesiva e innecesaria de repetidoras por región que eleva los costos).
“La instrucción parte del libre juego de oferta y demanda”, explicó Campos. “Parte del principio de eficiencia de la fuerza del mercado. ¿Qué fuerzas de mercado hay en emisoras religiosas o culturales? El problema está en la instrucción del Micitt. El mejor escenario para el Gobierno es que la Sala Constitucional acepte los recursos de amparo y que reinicie todo el proceso, considerando lo que se indique en el fallo”.
