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Los veredictos de dos jurados diferentes en Los Ángeles y Nuevo México, Estados Unidos, considerados pioneros contra las redes sociales, abren la posibilidad de otras resoluciones similares, denuncias contra plataformas de pornografía e inteligencia artificial (IA) y de una mayor regulación, siguiendo la estela contra las tabacaleras hace tres décadas.
La demanda en Los Ángeles fue presentada por Kaley G.M. (KGM), quien vive en Chico, una población situada al norte de la capital de California, Sacramento, y en las faldas de la Sierra Nevada. Ahora ella tiene 20 años de edad.
Cuando tenía seis años, empezó a ver videos en YouTube. Poco tiempo después pasaba 16 horas al día en Instagram, TikTok y Snapchat también. Se volvió dependiente.
No sabía estar sin el teléfono y si sus padres le restringían su uso, la joven tenía ataques de pánico y furiosas disputas. Además, empezó a presentar problemas de memoria a largo plazo, depresión, ansiedad y dismorfia corporal, obsesionándose con defectos físicos, imaginarios o leves.
KGM, que presentó la demanda cuando aún era menor de edad, alegó que las redes la engancharon con funciones adictivas.
A las puertas de los tribunales se concentran también padres que perdieron a sus hijos o hijas después que estos se suicidaran en medio de cuadros obsesivos de adicción a las redes. No son los únicos.
Se registran 1.500 demandas consolidadas presentadas por adolescentes, distritos escolares y fiscales estatales contra Meta, YouTube, TikTok y Snapchat. Incluyen las denuncias de unos 41 Estados planteadas en 2023 contra Meta por “atrapar” a los menores con el diseño de sus productos, tales como las notificaciones instantáneas y el desplazamiento sin límites.
Las firmas intentan devolver la culpa y aseguran que adoptan las medidas de seguridad. “Creo que hay un grupo de personas, potencialmente un número significativo, que mienten sobre su edad”, acusó Mark Zuckerberg, fundador y CEO de Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp.
La situación es delicada. TikTok y Snap llegaron a acuerdos en algunos casos, pero enfrentan más demandas. Lo que ocurra es observado a nivel global.
Las cinco principales redes sociales (Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube y TikTok) tienen entre 2.000 y 3.070 millones de usuarios en la actualidad, mientras que redes como WeChat, LinkedIn, Telegram, Snapchat, Pinterest, X (antes Twitter) y Threads tienen entre 140.000 y 1.410 millones de suscriptores. En Costa Rica, el estudio Red 506 de Shift Porter Novelli para El Financiero estima que hay más de 5 millones de suscriptores a las plataformas sociales.
Veredicto: culpables
En el juicio realizado en Los Ángeles, Zuckerberg tuvo que sentarse en el banquillo el pasado 18 de febrero.
Fue su primera declaración en un juzgado, después del conflicto con los hermanos Winklevoss que se resolvió con un acuerdo por $65 millones para cerrar la demanda por apropiarse la idea de Facebook. Además, Zuckerberg tuvo que presentarse ante comisiones del Congreso y del Senado de EE. UU. por el rol de las plataformas en las elecciones de ese país y en la privacidad de los ciudadanos, entre otros.
El tribunal de Los Ángeles prohibió el uso de las gafas inteligentes de Meta a los ejecutivos de la firma como medida de seguridad. El ambiente no era favorable.
El jurado encontró inconsistencias en los argumentos de Meta y YouTube, las responsabilizó, las declaró negligentes, y las condenó a pagar $6 millones (70% lo pagará Meta y 30% YouTube) como indemnización por daños morales y otros perjuicios económicos.
Esos $6 millones pesan apenas un 0,0031% en los $195.000 millones que se calcula que Meta tiene como patrimonio.
Las deliberaciones del jurado no fueron sencillas. Tardaron más días de lo esperado en un debate sobre la culpa de los usuarios y de las compañías.
Está pendiente una segunda fase, en la que un jurado de siete mujeres y cinco hombres deliberará si Meta, Google y otras empresas tecnológicas cometen delitos como fraude o malicia. Eso podría elevar las multas y la cantidad de empresas tecnológicas acusadas.
Este era el juicio con más divulgación. En Nuevo México se resolvió sorpresivamente una demanda presentada en 2023 por el fiscal general de dicho Estado, Raúl Torres. El juicio inició el pasado 9 de febrero pasado en Santa Fe, duró siete semanas y el jurado deliberó en un solo día y falló que Meta realizó declaraciones falsas o engañosas al esconder cómo funcionaba la red e incurrió en prácticas comerciales abusivas, aprovechando la falta de experiencia de los menores.
Asimismo, para el jurado quedó claro que Meta priorizó la obtención de beneficios sobre la seguridad, al permitir que los depredadores sexuales contacten a los niños con más facilidad, lo que impacta la salud mental de los menores de edad y los coloca en situación de peligro, violando las leyes estatales del consumidor y la ley contra las prácticas desleales. Y que todo eso lo hace a sabiendas.
El fallo es uno de los mayores golpes jurídicos de la historia para la plataforma, aunque la multa de $375 millones en daños es mucho menor de los casi $2.000 millones solicitados por la fiscalía para pagar a más de 207.000 menores que accedieron mensualmente a las redes de Meta.
“Los directivos de Meta sabían que sus productos perjudicaban a los niños, hicieron caso omiso de las advertencias de sus propios empleados y mintieron al público sobre lo que sabían”, dijo Torres, citado por The New York Times.
Queda un asunto pendiente. En mayo próximo, un juez de Nuevo México decidirá si las redes sociales son un auténtico problema de carácter público, cómo deberá actuar Meta a partir de ahora y si debe financiar programas públicos para reparar los daños causados.
Llamados a regular
Los dos fallos y los otros procesos presentados podrían extenderse a las plataformas de IA, donde ya surgen alertas sobre cómo generan adicción y se documentan casos de suicidios impulsados por la forma en que brindan respuestas e interactúan con los usuarios.
El impacto de la IA preocupa más allá. El senador Bernie Sanders y la congresista Alexandría Ocasio Cortez presentaron una iniciativa para declarar una paralización de las inversiones en centros de datos en EE. UU. mientras se aprueba una regulación a las plataformas de IA.
“Estamos creando rápidamente tecnología que podría superar la inteligencia humana, con enormes riesgos para el empleo, la sociedad y la propia humanidad. La inteligencia artificial debe funcionar para todos, no solo para un puñado de multimillonarios”, dijo Sanders en una entrevista de CNN.
Las plataformas de IA tienen también un amplio mercado. La cantidad de usuarios varía desde los 400 millones de Gemini, de Google, hasta los 800 millones de ChatGPT, de OpenAI. Otros servicios menos masivos y más focalizados tienen de 5 millones a 30 millones de suscriptores.
Los dos veredictos también animaron a las senadoras Marsha Blackburn, republicana de Tennessee, y Richard Blumenthal, demócrata de Connecticut, a instar a sus colegas legisladores a aprobar el proyecto de Ley de Seguridad Infantil en Internet.
En medio de todo eso, la Comisión Europea también acusó a las plataformas pornográficas Pornhub, XVideos, XNXX y Stripchat —estas tres últimas propiedad de las europeas Technius, Webgroup Czech Republic y NKL— de incumplir el reglamento de servicios digitales al permitir a los menores consumir sus contenidos. Estos sitios tienen más de 45 millones de usuarios, equivalente al 10% de los 27 estados miembros de la Unión Europea.
Las conclusiones “preliminares” de la investigación señalan que no se evaluaron con la debida diligencia los riesgos y que no se aplican medidas eficaces para impedir que los menores accedan a sus servicios. Las compañías se exponen a una multa de hasta el 6% de su facturación anual.
No es la única acción adoptada. El ejecutivo de la Unión Europea también investiga si Snapchat está exponiendo a los menores de edad a intentos de reclutamiento para fines delictivos e información de ventas de productos ilegales (drogas) o restringidos a menores de edad (cigarrillos electrónicos y alcohol).
En diciembre pasado, la UE también multó a X por $140 millones (5% de su facturación) por engañar a los usuarios con el sistema de marca de verificación azul (que supuestamente certifica las fuentes de información), de no ser lo suficientemente transparente respecto a la publicidad y de no respetar la obligación de acceso a los datos internos por parte de investigadores acreditados.
Como las tabacaleras
Los veredictos en los juzgados de Los Ángeles y Nuevo México marcan la ruta para los otros 1.500 casos y para las nuevas demandas, incluyendo litigios masivos que podrían prolongarse durante años.
Ambas debilitan la protección que las empresas de Internet gozan desde hace tres décadas, hacen más receptivos a los otros jurados sobre la responsabilidad por productos defectuosos y podrían obligar a cambios, similares a los que tuvo que enfrentar la industria tabacalera en la década de 1990.
“Lo novedoso es el elemento de adicción”, dijo Omri Ben-Shahar, profesor de derecho en la Universidad de Chicago, a The Wall Street Journal.
Desde hace años, incluso en la misma industria tecnológica, se compara a las redes sociales con las tabacaleras, acusadas de generar intencionalmente la adicción en las personas fumadoras.
Las firmas adelantaron que recurrirán los veredictos y repiten que realizan múltiples esfuerzos de seguridad.
“La salud mental de los adolescentes es sumamente compleja y no puede vincularse a una sola aplicación”, declaró un vocero de Meta. “Seguiremos defendiéndonos con firmeza”.
Meta argumentó que el diseño está “inevitablemente vinculado” al contenido que se presenta, que lleva más de una década implementando soluciones para ayudar a los adolescentes y que desarrolla herramientas y recursos para brindarles una experiencia más segura y positiva, como cuentas para adolescentes con mayor protección en el acceso a mensajes y contenido.
El abogado principal de YouTube también sostuvo que la plataforma implementa funciones para interrumpir las sesiones largas y dar a los padres una idea de cuánto tiempo pasan sus hijos en sus teléfonos.
Las firmas sostienen que los veredictos ponen en peligro su capacidad para seguir ofreciendo productos y generarán nuevas demandas.
Los gigantes tecnológicos argumentan que no se les puede responsabilizar del contenido de terceros publicado en sus plataformas, amparándose en la Primera Enmienda y la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996.
Esta ley establece que los servicios informáticos interactivos como las redes sociales o los foros virtuales no son considerados editores del contenido generado por los usuarios. Se considera que esta norma habría contribuido, en parte, al crecimiento de las empresas de redes sociales.
En el pasado, estas normas favorecieron a las empresas de redes sociales, incluso ante el Tribunal Supremo de EE. UU., para resistir a los intentos de reguladores, legisladores y grupos de presión que intentaron poner límites a las aplicaciones.
Pero los dos veredictos cambian la situación en medio de un mayor cuestionamiento a las firmas tecnológicas y sus plataformas. Pronto se les podrían unir otros veredictos.
Una serie de casos federales presentados por estados y distritos escolares ante el Tribunal de Distrito en Oakland, California, están programados para ser juzgados a mediados de este 2026. La industria sostiene la respiración.
“Tienen un gran impacto en otras áreas de la tecnología, la IA y más allá”, dijo Jessica Nall, abogada de San Francisco que representa a empresas y ejecutivos tecnológicos, según el diario español El País. “Las compuertas ya están abiertas”.
