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Las negociaciones entre los 27 países de la UE se aceleraron recientemente, reforzadas por las revelaciones de la exempleada de Facebook, Frances Haugen, sobre la incapacidad sistemática de la compañía para solventar los efectos nefastos de sus productos para no entorpecer sus beneficios. (KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP)
Los países de la Unión Europea (UE) intensifican sus negociaciones en torno a un proyecto de regulación de los gigantes digitales con la esperanza de un acuerdo en noviembre para poner fin a sus malas prácticas, puestas de nuevo a la luz por una exempleada de Facebook.
Presentadas en diciembre de 2020, las dos propuestas de leyes para regular los servicios y los mercados digitales respectivamente están siendo discutidas por el Parlamento europeo y por el Consejo, que representa a los Estados miembros.
Las negociaciones entre los 27 países y entre los eurodiputados se aceleraron recientemente, reforzadas por las revelaciones de la exempleada de Facebook, Frances Haugen, sobre la incapacidad sistemática de la empresa para solventar los efectos nefastos de sus productos para no entorpecer sus beneficios.
Haugen, que declarará el 8 de noviembre ante los eurodiputados, acusó a la empresa de Mark Zuckerberg de suprimir deliberadamente los filtros contra la desinformación para hinchar el tráfico de las plataformas.
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La Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) quiere prohibir a las plataformas el uso de algoritmos para promover informaciones falsas y discursos peligrosos e imponer a los principales grupos la obligación de moderar su contenido.
El segundo texto, la Ley de Mercados Digitales (DMA) prevé normas específicas para los actores "sistémicos", referentes a cuestiones como la amenaza creciente a la libre competencia o al uso de datos privados de los usuarios.
Entre estos grandes actores están los "Gafam" estadounidenses --el acrónimo que designa a Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft--, que financian con millones de euros un intenso grupo de presión para edulcorar las normas previstas.
Eslovenia, que actualmente ocupa la presidencia rotatoria de la UE, trabaja para que los gobiernos adopten una posición común sobre estas dos leyes en una reunión el 25 de noviembre, declaró a AFP un diplomático de ese país.
Batallas en el Europarlamento
"Estamos en el buen camino, pero quedan cuestiones en suspenso", indicó otro diplomático sobre la DMA.
Los Estados lanzaron negociaciones con los eurodiputados para cerrar un acuerdo definitivo que permita adoptar estas leyes durante la presidencia francesa de la UE, entre enero y junio de 2022.
"El tiempo está contado", advirtió esta semana Thierry Breton, comisario europeo en el origen de estas propuestas.
El calendario ambicioso se podría tambalear por las persistentes divisiones en la Eurocámara, aunque los diputados que lideran las negociaciones apuestan por un compromiso de aquí a comienzos de 2022.
Una de las batallas se ocupa de la DMA, que podría obligar a Apple a abrir sus iPhone a las tiendas de aplicaciones de la competencia y que limitaría a Facebook y Google el rastreo de sus usuarios con fines publicitarios, una herramienta que les aporta miles de millones de beneficios.
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Los socialdemócratas, el segundo grupo del Europarlamento, quiere ampliar estas normas a más empresas como Netflix, Booking o Airbnb, pero los otros grupos se oponen firmemente.
"Hasta ahora, estamos en el buen camino" para un compromiso, dice el ponente del texto Andreas Schwab, del grupo de centroderecha que domina la cámara comunitaria.
Las negociaciones entre eurodiputados "podrían quedar concluidas en las próximas semanas", asegura Evelyne Gebhardt, de los socialdemócratas.
Otra cuestión crucial para el Parlamento es quién impondrá el cumplimiento de estas nuevas leyes a los gigantes de internet.
Algunas autoridades nacionales quieren mantener la competencia, pero otros prefieren que Bruselas tenga el poder de actuar rápidamente y por toda la Unión Europea, especialmente en la ley de servicios digitales que busca luchar contra contenidos ilícitos.
Las empresas tecnológicas se arriesgan a multas o sanciones más severas si no resuelven rápida y eficazmente estos problemas.
El comisario Thierry Breton teme que, si Bruselas no dispone de un fuerte poder para imponer estas leyes, algunos Estados puedan ser más laxos que otros en su aplicación.
