La inteligencia artificial (IA) se incorpora plenamente en el quehacer del Poder Judicial y de los bufetes legales en Costa Rica. La integración es paulatina e inició antes del auge de la IA Generativa (IAGen).
Este es uno de los sectores de más interés de los desarrollos de la IA desde hace más de una década. La promesa es acelerar los procesos.
Pero el impacto de la tecnología en los procesos legales va de la mano de los recursos y las estructuras judiciales, que dependen más de la modernización de las leyes y de las políticas fiscales, sin embargo.
En el Poder Judicial se implementó el ChatbotPJ en 2018, que desde entonces atendió al mes 5.500 consultas frecuentes de los servicios judiciales, generando ahorros superiores a los $14.000. Se utilizan, además, otras herramientas.
“Estas soluciones se ejecutan sobre una infraestructura tecnológica robusta, lo que garantiza un control estricto sobre la seguridad, el almacenamiento y el procesamiento de los datos judiciales”, respondió la dirección de tecnología de información (TI) del Poder Judicial.

Desde 2019 se utiliza un modelo de predicción presupuestaria, basado en aprendizaje automático, enfocado a anticipar la ejecución presupuestaria anual. Es usado por más de 60 centros gestores y direcciones estratégicas, incluso a nivel regional, para anticipar compromisos no devengados y optimizar el uso del presupuesto. La solución tiene un impacto en un ahorro acumulado superior a los ¢100 millones al reducir el análisis de días a segundos.

Dos años después se incorporó un tipificador que clasifica 140.000 escritos en forma automática al mes para diferentes despachos dedicados a materia cobratoria. Se basa en reconocimiento óptico de caracteres que extrae, que limpia y analiza texto en línea. El año pasado clasificó 916.000 documentos reduciendo los tiempos de resolución y generando un ahorro equivalente al trabajo de 34 personas a tiempo completo y unos $214.000.
En 2023 se incorporó una herramienta llamada Nymiz que anonimiza automáticamente los datos personales y sensibles en documentos judiciales antes de su publicación, para luego permitir su aprovechamiento por usuarios externos (académicos e investigadores) y cumpliendo con la Ley de Protección de las Personas frente al Tratamiento de sus Datos Personales (N° 8968).
Además, los procesa en diversos formatos (RTF, HTML y PDF) y utiliza etiquetas para sustituir datos sensibles (nombres, identificaciones y direcciones, garantizando la integridad del contenido y la confidencialidad). Su implementación reduce tiempos y costos en la gestión manual.
Y el año pasado también se incorporó un modelo de gestión de información que usa datos históricos de expedientes judiciales para identificar los que están a punto de prescribir, con el propósito de que los juzgados tomen decisiones proactivas para asignarlos.
Se realiza también un plan piloto con un tipificador de delitos de denuncias presentadas ante el Organismo de Investigación Judicial, que sirve de auxiliar a tribunales penales y al Ministerio Público.
La herramienta aumenta la eficiencia y precisión en la gestión inicial de los casos, procesa un gran volumen de denuncias, reduce el tiempo de respuesta, permite que los investigadores se enfoquen en otras tareas, garantiza una clasificación consistente, optimiza los recursos y proporciona un servicio más rápido y efectivo.
En un mediano plazo se desarrollarán soluciones basadas en la IAGen para redactar borradores de documentos, búsquedas de precedentes legales y analizar grandes volúmenes de datos.
En bufetes
Las oficinas o bufetes legales, obligados a elevar su competitividad, también incorporan herramientas de IA.
En ofimática usan la tecnología para redacción de documentos y correos electrónicos, análisis de datos y generación de fórmulas y gráficos en hojas de cálculo, diseño de presentaciones y resúmenes de reuniones en videoconferencias, entre otras.
En el área legal se usan herramientas para redacción asistida de documentos, búsqueda de jurisprudencia, análisis de tendencias regulatorias, gestión documental, automatización de reportes, y consultas de bases de datos públicas y privadas con instrucciones especializadas.
Aquí se reportan ahorros en más del 50% de los tiempos de ejecución, mayor precisión y velocidad en el análisis de datos y generación de contenidos, mejora de consistencia documental y en la colaboración entre equipos (a partir de resúmenes automáticos, por ejemplo) y reducción de errores.
Firmas como ECIJA, Facio & Cañas (Fayca) y BDS Asesores reiteran que mantienen sus estándares de calidad, confidencialidad y personalización de servicios. Asimismo, que la integración es paulatina, en forma controlada (en plan piloto, en entornos de prueba internos y con grupos de usuarios), con políticas definidas y con supervisión de los abogados o personal especializado.

En ECIJA el proceso empezó en 2024 en entornos internos cerrados. “En nuestra visión, la IA no sustituye la labor jurídica, sino que la potencia”, indicó Mauricio París, socio director y experto en derecho digital y tecnología en ECIJA Legal.
A nivel administrativo se utiliza en recursos humanos para redacción de descripciones de puesto, análisis de perfiles y diseño de programas de formación interna, logrando mejor alineación del talento. En el área financiera se utiliza para proyecciones y generación de reportes gerenciales.
Los siguientes pasos son consolidar un repositorio interno de conocimiento jurídico que opere en la infraestructura tecnológica de la firma, “garantizando la soberanía de los datos”. Se introducirán también asistentes internos de análisis jurídico conectados a fuentes normativas y de jurisprudencia. El objetivo es reducir tiempos de análisis en un 70%.
BDS Asesores realiza un plan piloto desde 2023 para el análisis de documentos, gestión del conocimiento interno y personalización de un modelo especializado en legislación laboral a nivel regional y con agentes IA para la interacción con sus equipos de consultoría.
“Tener una base de datos de conocimiento propio nos ayuda desde antes de la GenIA”, aseguró Alejandro Trejos, socio de BDS Asesores. “Las conclusiones, al menos parciales, son alentadoras”.
La firma valora utilizar alguna herramienta de atención de los clientes y la adopción de herramientas en distintos procesos.
En Facio & Cañas (Fayca) se dio el paso en este 2025. La firma cuenta con un sistema para consultas controladas de leyes nacionales, revisión y resúmenes de documentos, identificación de argumentos claves, precedentes relevantes y riesgos procesales, análisis de expedientes e identificación automática de plazos, requisitos procesales y elementos probatorios críticos.
“Estamos en un ambiente controlado”, dijo Luis Briones, administrador de TI de Fayca.
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