Tecnología

Industria se aferra a la esperanza de que el gobierno garantice el pronto avance y la competencia en 5G

El ICE avanza para “en el corto plazo” desplegar redes de 5G, al tiempo que evade entregar las frecuencias que se requieren para que otros operadores ofrezcan servicios en esa tecnología.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) avanza para desplegar redes de quinta generación (5G), al tiempo que evade entregar las frecuencias se requieren para que —a través de un concurso público— otros operadores ofrezcan servicios en esa tecnología.

Es una actitud lógica en la dinámica de la competencia y de la estrategia de resistencia del Grupo ICE. Pero no lo es desde el punto de vista de la necesidad del país, de la economía y de las diferentes industrias para tener diferentes opciones de acceso a 5G.

No contar con las frecuencias requeridas en 2.600 y 3.500 MHz que su subsidiaria Radiográfica Costarricense S.A. (Racsa) no utiliza, como lo aseguran 16 informes de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), tendría consecuencias en la competencia en el mercado y por el incumplimiento de la Ley General de Telecomunicaciones (Nº 8642) y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC).

Queda en manos del Poder Ejecutivo evitar ambas situaciones. “Sería un retroceso en términos de evolución del modelo y la libre competencia”, advirtió Mario Montero, presidente de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom).

Tanto Infocom como la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (Camtic) insisten que la instrucción emitida el 8 de mayo anterior por el Presidente Rodrigo Chaves expresa su voluntad de que el Grupo ICE devuelva las frecuencias.

El texto enviado al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) y al presidente del Grupo ICE da una segunda opción, empero, a la que se aferra el ICE para retardar una solución.

¿Qué dice la orden presidencial?
Texto de la instrucción del Presidente Rodirgo Chaves:
“Instruir al Presidente del Grupo ICE y al Ministro del Micit (así, según documento entregado) para que, en un periodo máximo de seis meses, las frecuencias del espectro radioeléctrico necesarias para que el país desarrolle la tecnología celular de quinta generación (5G) sean devueltas al Estado o estén disponibles para que el país tenga acceso a tecnología celular de quinta generación”.
Fuente: Documento de instrucción del 16 de mayo de 2022

Los diferentes operadores de telecomunicaciones son claros en que se requieren las frecuencias en varias bandas y que no participarían en un concurso donde no se disponga de bloques de 2.600 y 3.500 MHz, indispensables para zonas urbanas de alta densidad poblacional.

La consecuencia es que se limitaría el acceso al servicio. Un solo operador, además, definiría los precios a su antojo y sin rivales. Sería un retroceso de la competencia efectiva del mercado de telefonía móvil.

Se suma el impacto económico. Costa Rica ya perdió al menos cuatro años en el desarrollo de las redes móviles de 5G, justo cuando el mundo acelera el paso en su adopción. En 2021 el país dejó de percibir $321 millones por el retraso con 5G, según los estudios de la Sutel.

De no realizarse las acciones pertinentes, en el 2024 el país perdería $1.134 millones debido a que las empresas de tecnología locales e internacionales con presencia en Costa Rica, así como las compañías de otros sectores productivos, no podrían generar soluciones, servicios y productos que aprovechan las redes 5G ni elevar su productividad utilizando esta tecnología.

“No podemos perder más tiempo, no podemos condenar al país al ostracismo tecnológico”, recalcó Adolfo Cruz Luthmer, vicepresidente de Camtic y CEO de NextCurve.

La no devolución de la porción de las frecuencias también constituye un incumplimiento de los principios constitucionales de legalidad y seguridad jurídica, así como la Ley Nº 8642 que establece la obligación de tener mecanismos adecuados para la competencia efectiva.

“Lo más grave sería la disminución de la competitividad país y la pérdida de oportunidades para todos los sectores de la economía”, dijo Edwin Estrada, exviceministro de Telecomunicaciones y director de desarrollo para Centroamérica de Nae.

La acción del ICE lesiona también el principio 4 del anexo del TLC, donde se señala que el país asegurará los procedimientos para la asignación y utilización de recursos escasos, incluyendo frecuencias. “Cabe la posibilidad de que una empresa interesada demande el incumplimiento del TLC”, dijo Juan Manuel Campos, director general de Ciber Regulación Consultores.

Se transgreden también tratados con la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el organismo de las Naciones Unidas especializado en este sector, y las buenas prácticas en materia de competencia y de uso de recursos escasos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organismo al cual el país se adhirió hace un año.

Aparte, se generaría una imagen de inseguridad jurídica que impactaría tanto la inversión extranjera directa como la inversión local.

El Instituto y sus subsidiarias se apropiaron de las frecuencias, desde antes de la reforma del mercado de telecomunicaciones. Esto lo coloca en ventaja desmedida respecto a otros operadores.

La industria indica que el Grupo ICE, para desplegar redes de 5G, no requiere de todo el espectro que posee (415 Mhz en 2.600 y 3.500 Mhz). LG Plus —uno de los proveedores de 5G en Seúl, Corea del Sur— cuenta con 80 Mhz de espectro y compite con otros dos proveedores en una ciudad de 9,5 millones de habitantes, por ejemplo.

“Claramente el ICE debería poder mantener una parte equitativa de las frecuencias”, dijo Cruz. “El ICE es uno de los operadores en el mercado y esperamos que pueda participar activamente, en igualdad de condiciones, por ese mercado en 5G”.

El paso más seguro para disponer de las frecuencias requeridas es el acuerdo mutuo, un procedimiento ya aplicado cuando el mismo Instituto devolvió frecuencias para la apertura de la telefonía móvil desde el 2008. La misma Racsa devolvió voluntariamente algunas bandas de espectro que tampoco usaba para reducir su carga financiera.

El proceso administrativo iniciado en la administración Alvarado contra Racsa, por posible incumplimiento en concesión de frecuencias tampoco es un obstáculo pues se archivaría si el Poder Ejecutivo rescata las frecuencias por acuerdo mutuo.

Incluso el Micitt podría solicitar la suspensión del procedimiento administrativo. “Es la única alternativa para que el tema sea resuelto en el plazo establecido”, dijo Montero. “No se puede perder de vista que el titular del espectro radioeléctrico es el Estado costarricense y es éste quien debe decidir cómo disponer de él”.

En paralelo, el Micitt ya debería trabajar los aspectos licitatorios para ganar tiempo y que, tras lograr el acuerdo mutuo con el ICE, emita la instrucción a Sutel para que realice el concurso público con prontitud, ya que se tardaría hasta tres años en disponer los servicios de 5G.

El Micitt debería asegurar un modelo de asignación oportuna de espectro de cara a las nuevas tecnologías, para no caer en los mismos problemas actuales, y desarrollar un plan para el despliegue y análisis de disponibilidad de infraestructura para 5G.

Otras tareas en las que se debería estar avanzando, según Camtic, incluyen promover el desarrollo de casos de uso de 5G en la industria y la academia, el desarrollo del recurso humano, modernizar el marco legal y regulatorio para la innovación y la disrupción tecnológica futura, un plan integral de ciberseguridad y promover la experimentación y pruebas sobre 5G en un plazo de seis meses.

Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero es periodista especializado en temas tecnológicos. Escribe para El Financiero y es autor del blog "La Ley de Murphy".

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