La Contraloría General de la República avaló, mediante refrendo, los contratos de concesión para el uso y explotación de espectro radioeléctrico para la prestación de servicios de Telecomunicaciones Móviles Internacionales (lMT, por sus siglas en inglés), incluyendo redes de quinta generación (5G).
El aval se otorgó a los contratos con los operadores nacionales Claro CR Telecomunicaciones de Costa Rica S. A. y Liberty Telecomunicaciones de Costa Rica S. A.
Asimismo con los operadores regionales Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos Ltda (Coopelesca), Ring Centrales de Costa Rica S. A., Cooperativa de Electrificación Rural de Guanacaste Ltda (Coopeguanacaste) y Cooperativa de Electrificación Rural Los Santos Ltda (Coopesantos).
Coopealfaroruiz, que participó en la subasta y fue adjudicado en enero pasado por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), comunicó oficialmente “que no podía seguir adelante con la propuesta”, respondió la Contraloría a una consulta de El Financiero.
Con este refrendo, las compañías podrán iniciar la instalación y comercialización de los servicios en esta nueva tecnología.
La subasta de las frecuencias de 5G estableció una recaudación por un total de $34 millones, divididos en $32,5 de la etapa nacional y $1,5 de la fase regional con las otras cinco compañías. Con la exclusión de Coopealfaroruiz el monto queda en $33,9 millones.
Los operadores deberán desplegar un total 3.304 radiobases para brindar servicios de redes móviles con tecnología enfocadas en las comunidades elegidas como prioritarias por los problemas actuales de cobertura y brecha digital por el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) y la Sutel.
Mientras tanto, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) espera la aprobación de la Sutel de un contrato con su subsidiaria Radiográfica Costarricense S.A. (Racsa) para utilizar la red desplegada por esta compañía pública y así brindar servicios de 5G.
Esta sería la opción mientras se aprueban sus contratos con proveedores de redes de 5G, pues los usuarios deberían contar con dos chips: uno para redes 3G y 4G y otro para 5G, según el semanario Universidad. Racsa brinda servicios inalámbricos fijos de 5G a empresas y hogares desde principios de este 2025.
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Consideraciones relevantes
La Contraloría realizó dos consideraciones relevantes en estos contratos.
Por un lado, sobre la responsabilidad del Poder Ejecutivo y la Sutel por la prevención y gestión de riesgos por incumplimiento del plazo en los contratos regionales por no fijar cláusula penal.
Y, por el otro, la resolución contractual para los contratos nacionales y regionales debe considerar la gravedad del incumplimiento y atender el debido proceso conforme dispone la normativa vigente.
De acuerdo con el comunicado de la Contraloría, ahora corresponde a los operadores proceder al pago de los montos de la subasta y al Poder Ejecutivo emitir las órdenes de inicio de la concesión para el despliegue de las unidades de infraestructura de la red.
La Contraloría indicó que se tiene por acreditado que el pago del monto adjudicado se efectuará de forma íntegra y dentro del plazo de 15 días hábiles contados a partir de la notificación del inicio de la concesión, por parte del Micitt, como rector del sector.
En el refrendo se consideró la “decisión consciente y motivada” de la Sutel, respaldada por el Poder Ejecutivo, de no incluir cláusulas penales para los operadores regionales.
La Contraloría indicó que si bien la Ley General de Telecomunicaciones dispone que deben incluirse sanciones pecuniarias, “ese ejercicio debe armonizarse con el artículo 46 de la Ley General de Contratación Pública, el cual requiere precisamente un análisis motivado para su inclusión”.
“En este caso, se entiende que al momento de confeccionar el pliego, la Superintendencia licitante realizó los análisis necesarios y estimó que no era necesaria esa incorporación según se ha explicado”, señala la Contraloría.
Sin embargo, el órgano contralor advirtió que esa decisión no exime de la necesaria fijación de un modelo de gestión de riesgos de la ejecución contractual, que permita administrar oportunamente la materialización de un incumplimiento de plazo. Tal situación corresponderá al Micitt.
Observaciones
La Contraloría indicó que, una vez efectuado el estudio de rigor y de conformidad con el Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, se refrendan los contratos con los seis operadores mencionados.
Pero la entidad realizó varias observaciones:
—Queda bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración verificar y hacer cumplir el pago que deben hacer los concesionarios a favor del Estado para la explotación de la concesión, dentro del plazo de quince 15 días hábiles contados a partir de la notificación del inicio de la concesión por parte del Micitt y conforme a lo dispuesto en el pliego de condiciones.
—El Poder Ejecutivo y los operadores debe garantizar, según sea el caso, el cumplimiento de los permisos, licencias, estudios y en general cualesquiera otros requisitos previstos en el ordenamiento jurídico para la ejecución de los contratos.
—Es responsabilidad de la Administración verificar que la garantía de cumplimiento se mantenga vigente por todo el plazo del contrato y por el monto dispuesto en el pliego. Por tal razón, deberá articular los controles necesarios para no quedar desprotegida ante eventuales incumplimientos.
—Es deber de la Administración verificar además, durante la fase de ejecución, que los concesionarios se encuentren al día en la cancelación de las contribuciones sociales con la Caja Costarricense del Seguro Social y del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).
—Es responsabilidad exclusiva de la Administración tomar todas las medidas necesarias para verificar y fiscalizar que los concesionarios cumplan con los plazos establecidos en cada uno de los contratos.
Nota del redactor: información actualizada miércoles 30 de julio a las 7:30 a.m. con situación de la participación de Coopealfaroruiz.
