EscucharLa Sala Constitucional anuló este viernes 27 de febrero la subasta del espectro radioeléctrico para frecuencias de radio AM, FM y televisión abierta, al declarar inconstitucionales los tres procedimientos de licitación ejecutados por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).
El fallo pone fin a un proceso que el Poder Ejecutivo defendió durante meses como un ejercicio de transparencia y justicia económica, pero que organizaciones, medios, gremios y la propia Iglesia Católica rechazaron por considerarlo una amenaza al pluralismo informativo.
Un “hito histórico”, según el Ejecutivo
Cuando en junio de 2024 el presidente Rodrigo Chaves firmó el acuerdo ejecutivo para iniciar el concurso, el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) lo presentó como “el primer concurso público en la historia del país para otorgar frecuencias de radio y televisión, democratizando el uso del espectro radioeléctrico”.
La ministra Paula Bogantes sostuvo que “promover el concurso público es el mecanismo que garantiza un mejor servicio para los usuarios, fomenta la competencia y busca asegurar la participación de todos los interesados de forma justa y transparente”.
La jerarca argumentó que la Constitución Política establece que la explotación de servicios inalámbricos por particulares debe ser por tiempo limitado, y que la propia Sala Constitucional ya había señalado que no existe la posibilidad de una licencia radial perpetua.
El segundo pilar de la defensa gubernamental fue la justicia económica. El Ejecutivo insistió en que las empresas debían pagar un precio acorde por un bien de dominio público que durante décadas se explotó con cánones mínimos. Históricamente, el Impuesto Anual de Radiodifusión se calculaba en apenas 500 colones por cada 25 kHz y no había sido actualizado en años.
“Corrimos la cortina y prendimos la luz”, declaró Chaves en noviembre de 2025 al referirse a lo que calificó como un aprovechamiento abusivo del espectro por parte de élites económicas. El mandatario acusó a los grandes concesionarios de operar con pagos “irrisorios” y calificó de “ladrones y desvergonzados” a quienes se beneficiaron del esquema anterior, una postura que compartió abiertamente la jefa del oficialismo en el Congreso, Pilar Cisneros.
Para Chaves, la subasta buscaba “modernizar” el modelo de concesiones y “maximizar el beneficio para la mayoría de personas”. El gobierno también utilizó como escudo el aval de la Contraloría General de la República, que rechazó las objeciones presentadas contra el cartel.
Pese a los argumentos oficiales, la subasta enfrentó un alud de cuestionamientos. De las 85 frecuencias puestas a concurso, solo 25 recibieron ofertas cuando se cerró el plazo el 21 de noviembre de 2025. Los precios base fijados por la Sutel resultaron inalcanzables para la mayoría: hasta $1,6 millones para una frecuencia de televisión nacional y más de $300.000 para radio FM.
El Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex) advirtió que “al imponer requisitos económicos y técnicos que solo pueden cumplir los grandes operadores, el proceso amenaza con expulsar del espectro a medios regionales y alternativos”.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) señaló que los procedimientos de asignación del espectro “no pueden basarse únicamente en criterios técnicos, económicos o fiscales”, por ser incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Universidad Nacional (UNA), en un pronunciamiento oficial, alertó que “el diseño de la subasta privilegia exclusivamente la capacidad económica, lo cual favorece la concentración mediática en grandes consorcios, y desplaza a quienes han cumplido funciones culturales, educativas y democráticas esenciales”.
La Iglesia Católica también se sumó a las voces críticas. La Conferencia Episcopal de Costa Rica, mediante un pronunciamiento firmado por monseñor Javier Román, pidió “repensar” el modelo de subasta y advirtió que el país “no puede permitirse que las frecuencias queden determinadas exclusivamente por la lógica del capital”, sino por criterios que aseguren pluralidad y servicio al bien común.
Los obispos reclamaron que, además del componente económico, se tomen en cuenta la trayectoria de servicio, el impacto educativo, la representación de comunidades locales y minoritarias y la misión de medios que no responden al lucro, al señalar que “el país ganará más asegurando pluralidad que maximizando ingresos”.
El último recurso: audiencia ante los magistrados
Solo dos días antes de la sentencia definitiva, la ministra Bogantes y el presidente de la SUTEL, Carlos Watson, realizaron un último intento mediante el oficio MICITT-DM-OF-237-2026, solicitando una audiencia oral ante la Sala IV.
“La naturaleza del proceso impugnado involucra aspectos altamente especializados —tales como la metodología empleada para la planificación y gestión del espectro radioeléctrico, los criterios de eficiencia en su asignación, la garantía de continuidad del servicio público y la optimización del uso de un bien demanial escaso— cuya adecuada comprensión resulta determinante para el análisis de constitucionalidad”, señalaba la misiva de los jerarcas.
El recurrente Giovanni Delgado rechazó la petición por “improcedente y extemporánea”, calificándola como una “dilación injustificada” en la tramitación de los 14 amparos bajo estudio. Delgado alegó que “pretender hacerlo en este momento constituye un uso impropio del procedimiento constitucional y una actuación contraria a los principios de lealtad procesal y buena fe”.
Los magistrados no acogieron la defensa del Ejecutivo. Por mayoría, declararon inconstitucionales los procedimientos de licitación 2025LY-000001-SUTEL (AM), 2025LY-000002-SUTEL (FM) y 2025LY-000003-SUTEL (TV) “por establecer la oferta económica más alta como único criterio para la asignación de concesiones de radiofrecuencias, sin tomar en consideración ni garantizar el pluralismo —tanto de medios como de contenidos— que debe existir en un Estado Democrático de Derecho y en una Sociedad de la Información Libre y Plena”.
La sentencia ordena a las autoridades garantizar la continuidad de los servicios actuales de radiodifusión y diseñar nuevos procedimientos que incorporen el pluralismo y procuren “una distribución equitativa, transparente e igualitaria” del espectro radioeléctrico. Además, se condenó a la Sutel y al Estado al pago de costas, daños y perjuicios.
El fallo no cierra la puerta a un nuevo proceso de asignación de frecuencias, pero traza condiciones ineludibles: no puede basarse únicamente en criterios económicos y debe garantizar la diversidad de voces en el espectro. El Poder Ejecutivo deberá replantear su estrategia sobre un recurso que, como el propio gobierno reconoció, es un bien de dominio público de todos los costarricenses.
