Se vuelve a repetir la agresión e irrespeto a la intimidad de la ciudadanía. La búsqueda de informaciones privadas de las personas, desde las esferas gubernamentales, no puede catalogarse como un simple error. Estamos ante violaciones muy graves de las leyes y ante posibles transgresiones a la legislación penal.
Bien ha hecho el tribunal de lo Contencioso en prohibir que se destruyan los cuestionarios con información confidencial de las familias y de niños de corta edad. Queda la duda sin con la pretendida destrucción de estos se buscaba desaparecer las pruebas de los graves hechos perpetrados y de su autoría.
La renuncia de la Ministra de Educación y otros altos jerarcas era lo menos que podía esperarse, no resultan de recibo los alegatos que la jerarca no conocía del contenido de los cuestionarios, eso sería evadir responsabilidad política y su obligación de supervisar las acciones de sus subordinados (culpa in vigilando).
Los diputados querrán hacer la investigación de control político que corresponde, pero ante lo público y notorio del hecho resulta necesario que el ministerio público inicie la investigación correspondiente.
El uso de fondos públicos en objetivos ajenos a la evaluación educativa obliga al gobierno a realizar una detallada rendición de cuentas sobre su utilización en el más breve plazo.
La intervención del Patronato Nacional de la Infancia ha resultado oportuna en defensa de los derechos de los niños, protegidos por la legislación interna pero también por la Convención Internacional sobre los derechos de la infancia.
La realización de este tipo de investigaciones sin consentimiento informado de los niños y padres, a quienes se solicita la información, es una grave vulneración a la libertad.
El maltrato sicológico a los infantes sometidos a una larga prueba es un daño que no tiene perdón y por el que deberán responder esto ssupuestos espías en busca de información a costa de la privacidad.
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