La transparencia, se ha dicho, es el combustible de la confianza.
Creo en la honestidad de las autoridades superiores del Poder Ejecutivo, pero en algunos casos esos funcionarios se expresan de manera que permiten a periodistas y ciudadanos dudar de su transparencia.
Por ejemplo, se debería indicar con toda claridad cuál es la relación que existe –si es que hay alguna– entre los miembros de la junta interventora del Infocoop, el equipo ejecutivo nombrado y el diputado Morales Zapata y, por su medio, con el Presidente.
Utilizo este caso sin intención acusadora, sino como un ejemplo de cómo se dejan dudas que, con verdadera transparencia, podrían evitarse.
El problema de que estas dudas existan es que un ambiente ya enrarecido por la desconfianza se presta para que los medios y la ciudadanía alimenten las dudas que ya se tienen sobre “los políticos”.
El aparato político, y por supuesto los poderes del Estado y quienes los ocupan, son parte esencial de nuestro modelo y proceso de desarrollo social y económico.
A nadie le sirve que no se tenga confianza en ellos, pues se encarecen todos los costos de transacción en nuestro proceso de gobierno y elección, se alargan los plazos de aprobación de proyectos, se aumentan los costos de controles y auditorías, se incrementan los costos indirectos de elaboración de planes y contratos, y mucho más.
¿Por qué responder a los cuestionamientos de manera indirecta u opaca?
Si hay relación entre los interventores y Morales Zapata, esta debe aceptarse y explicarse públicamente. Es posible que se justifique y así lo aceptaríamos. Si no se puede, lo que implica que no se quiere ser transparente, entonces se justifica la desconfianza.
Si quieren nuestra confianza, debe haber plena transparencia. Si no la hay, no habrá confianza tampoco y el Gobierno, como los anteriores, seguirá pagando enormes costos de transacción y, por su medio, todos nosotros también.