Una nube de preocupación sobrevoló la reciente reunión anual del Fondo Monetario Internacional. La economía global atraviesa una desaceleración sincronizada, y hay diversas contingencias que de concretarse podrían llevar a una recesión declarada. Algunos riesgos que deberían preocupar a inversores y autoridades económicas incluyen: una nueva escalada de la guerra comercial y tecnológica chinoestadounidense; un conflicto militar entre Estados Unidos e Irán, que repercutiría en todo el mundo; y lo mismo en caso de un Brexit “duro” o de un choque entre el FMI y el próximo gobierno peronista en Argentina.
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Pero algunos de estos riesgos pueden perder fuerza con el tiempo. Estados Unidos y China llegaron a un entendimiento tentativo para un acuerdo comercial parcial en “fase uno”, y Estados Unidos suspendió una ronda de aranceles que debía entrar en vigor el 15 de octubre. Si las negociaciones continúan, es posible que también se pospongan o suspendan dañinos aranceles a bienes de consumo chinos previstos para el 15 de diciembre. Además, hasta ahora Estados Unidos se abstuvo de responder en forma directa a actos recientes atribuidos a Irán: el derribo de un dron estadounidense y el ataque contra plantas petroleras sauditas. Es indudable que el presidente estadounidense Donald Trump es consciente de que un encarecimiento del petróleo derivado de un conflicto militar perjudicaría seriamente sus posibilidades de reelección en noviembre del año entrante.
El Reino Unido y la Unión Europea alcanzaron un acuerdo tentativo para un Brexit “blando”, y el Parlamento británico tomó medidas al menos para evitar un abandono de la UE sin acuerdo. Pero el culebrón continuará, probablemente con otra extensión del plazo para el Brexit y un llamado a elección general en algún momento. Finalmente, en Argentina, suponiendo que el nuevo gobierno y el FMI ya reconozcan que se necesitan, de la amenaza de destrucción mutua asegurada podría pasarse a una solución negociada.
En tanto, los mercados financieros vienen reaccionando en forma positiva a la desescalada de riesgos globales y a la ampliación de la política monetaria expansiva por parte de algunos bancos centrales importantes, entre ellos la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central Europeo y el Banco Popular de China. Pero todavía es sólo cuestión de tiempo antes de que se produzca un shock que provoque una nueva recesión, posiblemente seguida de crisis financiera, por la gran acumulación de deuda pública y privada en todo el mundo.
¿Qué harán las autoridades cuando eso suceda? Hay cada vez más consenso en que su poder de fuego será limitado. El déficit fiscal y la deuda pública ya están en niveles altos en todo el mundo, y la política monetaria se acerca a su límite. Japón, la eurozona y unas pocas economías avanzadas más pequeñas ya tienen tasas de referencia negativas, y todavía llevan adelante una política de flexibilización cuantitativa y crediticia. Incluso la Fed está bajando las tasas e implementando un programa de FC indirecta, a través de su política de apoyo a los mercados de préstamo de títulos a corto plazo (“repo”).
Pero sería ingenuo pensar que las autoridades permitirán que una ola de “destrucción creativa” liquide a cada empresa, banco y entidad soberana “zombis”. Antes bien, estarán bajo intensa presión política en pos de evitar una depresión plena y el inicio de una deflación. De modo que en cualquier caso, otra desaceleración alentará políticas más “alocadas” y heterodoxas que las que hemos visto hasta ahora.
Inevitable y deseable
De hecho, voces de todo el espectro ideológico están convergiendo hacia la noción de que en la próxima desaceleración, un aumento del déficit fiscal financiado mediante su monetización semipermanente será inevitable, e incluso deseable. Desde la izquierda, los proponentes de la “teoría monetaria moderna” sostienen que cuando hay capacidad económica ociosa, la monetización de un aumento permanente del déficit fiscal es sostenible, porque no hay riesgo de inflación descontrolada.
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Según esta lógica, el Partido Laborista del RU propuso una “FC para el pueblo”, por la que el banco central emitiría dinero para financiar transferencias fiscales directas a las familias, en vez de a banqueros e inversores. Otros, incluidos economistas más convencionales como Adair Turner, expresidente de la Autoridad de Servicios Financieros del RU, proponen “arrojar dinero desde el helicóptero”: transferir efectivo en forma directa a los consumidores con déficit fiscal financiado por el banco central. Y otros, como el exvicepresidente de la Fed Stanley Fischer y sus colegas en BlackRock, propusieron la creación de un “mecanismo fiscal permanente para emergencias”, que permita al banco central financiar un gran déficit fiscal en caso de recesión profunda.
Pese a las diferencias en terminología, todas estas propuestas son variantes de la misma idea: que el banco central monetice un aumento del déficit fiscal para estimular la demanda agregada en caso de recesión. Para entender este futuro posible, basta pensar en Japón, cuyo banco central en la práctica está financiando un importante déficit fiscal y monetizando un alto cociente deuda/PIB mediante una tasa de referencia negativa, una FC a gran escala y una meta del 0% para el rendimiento de los títulos públicos a diez años.
¿Serán esas políticas realmente eficaces para detener y revertir la próxima recesión? En el caso de la crisis financiera de 2008, que se produjo como consecuencia de un shock negativo de la demanda agregada y una contracción crediticia que afectó a agentes faltos de liquidez pero solventes, un estímulo monetario y fiscal masivo y el rescate del sector privado tenían sentido. Pero ¿qué ocurre si la próxima recesión se produce como consecuencia de un shock negativo permanente de la oferta que provoque estanflación (freno al crecimiento con aumento de inflación)? Que no es otro el riesgo implícito en una desconexión comercial entre Estados Unidos y China, el Brexit o la presión alcista persistente sobre el precio del petróleo.
La expansión fiscal y monetaria no es una respuesta adecuada a un shock de oferta permanente. La adopción de esa clase de políticas en respuesta a los shocks petroleros de los setenta produjo inflación de dos dígitos y un aumento marcado y peligroso de la deuda pública. Además, si como resultado de una desaceleración algunas corporaciones, bancos o entidades soberanas quedan insolventes (no sólo faltas de liquidez), no tiene sentido mantenerlas con vida. En esos casos, hacer a los acreedores partícipes del rescate (mediante reestructuraciones y quitas de deudas) es más adecuado que un rescate “zombificador”.
En síntesis, una monetización semipermanente del déficit fiscal en caso de otra desaceleración puede, o no, ser la respuesta adecuada de las autoridades. Todo depende de la naturaleza del shock. Pero como a las autoridades se las presionará para que hagan algo, que se adopten medidas “alocadas” será inevitable. La cuestión es si harán más mal que bien a largo plazo.
