Hace un año el país salía de una larguísima huelga de maestros y empleados públicos contra una absolutamente necesaria e impostergable reforma fiscal. Los ciudadanos estaban agotados después de casi 100 días de bloqueos, incomodidades, falta de atención en escuelas y hospitales, y muchas otras medidas de presión.
El Gobierno -los tres poderes del Estado- actuaron con decisión y lograron darnos esperanza de que por fin se avanzaría en temas conflictivos e importantes de la mano de un Presidente, Gabinete y Asamblea Legislativa dispuestos a transformar Costa Rica en la nación que debe ser.
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¿Y qué ha pasado un año después?
La reforma fiscal sí ha cumplido, cuando menos en parte, su propósito de reducir el déficit fiscal y evitar una pérdida total de confianza de inversionistas y acreedores internacionales y se ha avanzado en la reestructuración de la deuda mediante la emisión gradual de Eurobonos.
Asimismo, estamos por despedir a un 2019 en el que el diálogo y la negociación política en Cuesta de Moras y Zapote han tomado un nuevo aire luego de una Administración, la de Luis Guillermo Solís Rivera, en la que hubo superávit de retórica y déficit de reformas sustanciales.
Como resultado de esos atisbos del ejercicio serio de la política hemos cosechado este año una serie de leyes importantes en los campos de la educación dual, regulación de huelgas, finanzas públicas, teletrabajo, pensiones de lujo y competencia.
Además, reformas al Sistema de Banca para el Desarrollo, el lanzamiento del programa Descubre, desde la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer), el avance de los proyectos de ley para ingresar en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el inicio de obras de infraestructura en la ruta periférica, la vía 32 y la Interamericana norte.
Talón de Aquiles
La recta final del 2019 arroja un balance muchísimo más positivo que los lamentables números rojos del último trimestre del 2018.
Aún así, todavía nos encontramos en una especie de compás de espera en materia de señales claras de reactivación de las inversiones, muchas de ellas postergadas o congeladas, y generación de empleo en un país con serios problemas de endeudamiento en los hogares.
En este contexto, el presidente ejecutivo del Banco Central, Rodrigo Cubero, habló -en una entrevista que publicamos en nuestra edición anterior- de una moderada recuperación económica en el 2020, lo que sugirió el título de nuestro pasado editorial: “Optimismo cauteloso”.
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Advertimos, en esa tribuna, que la reactivación dependerá de la capacidad del Gobierno en mantener la disciplina fiscal -algo en lo que el nuevo ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, afirmó estar comprometido- e impulsar la inversión pública y privada, un terreno en el que aún prevalecen la incertidumbre y el desasosiego.
El hecho es que, entre cosas buenas, malas y extrañas, el gobierno de Carlos Alvarado aún no logra recuperar la confianza de los ciudadanos de una nación que adolece de un sector público gigante y abusivo, y un Estado en el que los trámites excesivos y absurdos encarecen todos los procesos.
Hay que sumar a lo anterior las señales confusas que se perciben a falta de una estrategia de comunicación gubernamental clara y consistente. ¿Por ejemplo? La extraña aprobación de un permiso de producción de piña en un área ambientalmente sensible y protegida, el apoyo presidencial a un presupuesto universitario (FEES) injustificable en medio de un programa de control del gasto y la salida de una valiosa ministra de Hacienda sin que mediara una defensa fuerte por parte del presidente de la República.
Tenemos claro que los procesos de recuperación económica no son milagrosos ni dan frutos de la noche a la mañana, pero sabemos también que es vital reconstruir la confianza de los ciudadanos y los distintos sectores, en especial el privado, el músculo que produce fuentes de trabajo.
¿Cómo recuperar la confianza? Con acciones concretas que contribuyan a consolidar los cambios propuestos en los sistemas de pensiones, avanzar en la reforma del régimen de empleo público, lograr un exitoso ingreso en la OCDE, mejorar la comunicación para que ciudadanos e inversionistas comprendan a fondo cómo el Gobierno impulsará el país hacia a su verdadero potencial.
Y, claro está, demostrando absoluta consistencia en la aplicación de la polémica pero sumamente necesaria regla fiscal.
