En efecto, con firmeza y parsimonia, demostró, mediante hechos y acciones concretas, que su intención no era solo incrementar los ingresos tributarios a través de la implementación del IVA y las modificaciones al impuesto sobre la renta, sino que también estaba decidida a meterle mano al gasto desenfrenando del Estado, especialmente a los salarios, anualidades y demás pluses de los funcionarios públicos, con la aplicación estricta de la llamada “regla fiscal” y las nuevas disposiciones legales.

LEA MÁS: Gobierno de Carlos Alvarado pierde a su alfil en el tablero económico

Recordemos que los costarricenses aceptamos a regañadientes el pago de nuevos impuestos, temerosos de que, de nuevo, poco o nada se hiciera con respecto al gasto. Este temor estaba bien justificado, tanto por las experiencias del pasado cuando los grupos de presión habían logrado imponerse a las autoridades de turno, como por las tradicionales alianzas que el partido de gobierno había forjado con los sectores sindicales y universitarios para consolidarse en el poder.

Una vez aprobada la reforma, las reacciones de esos sectores con el propósito de escabullirse de la disciplina fiscal no se hicieron esperar: el Poder Judicial, las municipalidades, la CCSS y las universidades públicas apelaron al abusado concepto de “independencia” y “autonomía” para justificar seguir en la fiesta, mientras el resto de la población pagaba la factura. Fue entonces cuando la exministra Aguilar blandió la espada para asegurarnos que esta vez dichos grupos no se saldrían tan fácilmente con la suya, a pesar de las timoratas reacciones del presidente Alvarado, los desaires de algunos compañeros de gabinete y las bufonadas de ciertos dirigentes sindicales.

Hace pocas semanas, fuimos testigos de cómo se le plantó a Román Macaya, presidente ejecutivo de la CCSS, cuando este pretendió, a sus espaldas, suscribir un acuerdo abiertamente ilegal con el propósito de obviar la aplicación de las disciplinas de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Inexplicablemente, a pesar del exabrupto, Macaya siguió en su puesto.

Incertidumbre

Recientemente, tras un acuerdo con los rectores de las universidades públicas, el Ministerio de Hacienda presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de presupuesto que se apegaba a la regla fiscal, decrecía por primera vez en muchos años en sus montos nominales, y reflejaba un crecimiento del gasto de solo el 3,9%, por debajo de lo que exigen las nuevas regulaciones.

Los rectores, sin embargo, aprovecharon la ocasión para hacer un show mediático y golpear la mesa en Zapote, mesa en la que no fue participada la entonces ministra de Hacienda, al tiempo de que su colega de Planificación se ufanaba diciendo que si ella fuera estudiante también marcharía en defensa de la autonomía universitaria.

En esas circunstancias, la renuncia de Rocío Aguilar no es una buena noticia para el gobierno de Alvarado ni para el país. Era ella —y las señales que mandaba con su accionar— la que generaba la confianza que aún restaba en el sector privado y entre los inversionistas extranjeros tomadores de los Eurobonos.

LEA MÁS: Rocío Aguilar renuncia al Ministerio de Hacienda después de que la Contraloría recomendara su suspensión

Su salida produce incertidumbre porque pone en tela de juicio el compromiso del Poder Ejecutivo con la contención del gasto y la disciplina fiscal y esa incertidumbre, necesariamente, se verá reflejada en la inversión y las tasas de interés que pagaremos para el financiamiento que buscamos en los mercados internacionales.

La partida también generará suspicacia entre los diputados de oposición que hasta ahora han prestado su colaboración en la aprobación de los proyectos que el Ministerio de Hacienda ha promovido. Y, sin duda, tendrá igualmente un impacto negativo en los frustrados planes de reactivación económica que el gobierno no ha podido echar a andar.

Encontrar un reemplazo idóneo no será fácil. El presidente Alvarado se encuentra en una encrucijada y la decisión marcará el futuro de su administración.