EscucharLos acontecimientos recientes a nivel internacional han elevado los riesgos para la economía costarricense. Las altas tasas de inflación de los países desarrollados, el incremento en los costos de las materias primas como resultado de la continuidad de los problemas de las cadenas de suministros y de la invasión rusa en Ucrania, y el inicio en las alzas de las tasas de interés, ejercen presiones tanto sobre la política monetaria del Banco Central de Costa Rica (BCCR), como sobre el proceso de recuperación económica del país luego de la pandemia.
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Recientemente, la Reserva Federal (Fed) de los Estados Unidos inició el primer incremento de 0,25% en la tasa de referencia de sus bonos y se esperan seis ajustes adicionales en cada una de las reuniones pendientes durante el presente año. Incluso, Jerome Powell, presidente de la Fed, ha mencionado que estarían dispuestos a incrementar las tasas con mayor prisa si la inflación mostrara síntomas de convertirse en un problema permanente. El Banco de Inglaterra también ajustó su tasa de referencia el 17 de marzo y se espera que el Banco Central Europeo siga la misma ruta, aunque más despacio pues considera que el conflicto en Ucrania puede causar problemas de contagio en sus economías.
Las cifras más recientes de inflación para Costa Rica señalan que para el BCCR le será difícil cumplir con el rango meta propuesto en su Informe de Política Macroeconómica de inicios de año. Ello obligaría al BCCR a acelerar los incrementos en la tasa de política monetaria, más aun considerando los movimientos de tasas de interés internacionales y el resto de las presiones de precios de las importaciones.
la evidente necesidad de ajustar las tasas de interés locales ocurre en medio de un proceso en donde algunos sectores no han logrado recuperarse de la crisis de la COVID.
Estos cambios estarían llegando más tarde que temprano, pues el mercado cambiario manifiesta un desequilibrio causado por la presencia de un castigo por invertir en colones, cuya consecuencia ha sido que los inversionistas dolaricen sus ahorros. A esta presión se le suma la política del Ministerio de Hacienda por renovar vencimientos de bonos en dólares y el empeoramiento en los términos de intercambio ante el incremento en los precios de las importaciones (en especial el petróleo).
Por otro lado, la evidente necesidad de ajustar las tasas de interés locales ocurre en medio de un proceso en donde algunos sectores no han logrado recuperarse de la crisis de la COVID. Así, el turismo, la agricultura y la construcción se encuentran débiles y son especialmente vulnerables a lo que ocurran en el ámbito internacional.
Estas situaciones reviven las discusiones sobre si el país está en riesgo de enrumbarse hacia una estanflación, o sea, una recesión con inflación, y plantea la disyuntiva de cómo enfrentar las alzas de precios desde la dimensión macroeconómica, pero también desde la óptica de la afectación sobre la economía real.
En primer lugar, es importante notar que el principal objetivo del BCCR debe ser la estabilidad de los precios y del mercado cambiario. La ruta en esta dirección debe ser clara, pues el mayor problema para la estabilidad económica es el desbalance de las finanzas públicas. Así, se debe continuar en la vía de la consolidación fiscal, la cual ya ha empezado a mostrar sus ventajas, como lo es una mejora en la perspectiva de la deuda pública costarricense. Al menos con estos primeros ajustes en tasas internacionales, fue más relevante para los inversionistas la mejora en la parte fiscal, pues los precios de los bonos de deuda externa crecieron a pesar de los ajustes en tasas.
En segundo lugar, es claro que los efectos de los estímulos monetarios están limitados al corto plazo. El repunte de la inflación mundial, y su mímica a nivel local, evidencian que la creación inorgánica de dinero produce inflación cuando el estímulo sobrepasa el potencial de crecimiento económico de un país. En el caso costarricense, el crecimiento económico no podría ser a mayores tasas a las observadas previo a la pandemia porque, fundamentalmente, no han ocurrido reformas de gran calado que mejoren la productividad del país, más allá de los esfuerzos de control de las finanzas públicas que apenas comienzan y que en el corto plazo tienen un efecto recesivo.
Por último y relacionado con el punto anterior, la ruta para manejar los nuevos riesgos impuestos por las condiciones mundiales se halla en las reformas que se han discutido durante décadas en el país y no se han emprendido de forma efectiva. Estas reformas van encaminadas a aumentar la productividad de las empresas y mejorar el clima de negocios del país. Abarcan a sectores tan diversos como lo son mejorar la estructura del gasto público, atender las deficiencias en materia de educación, canalizar recursos hacia infraestructura, favorecer las inversiones en energías renovables para disminuir el costo de la matriz energética, aprovechar el posicionamiento como un país verde, iniciar con un programa de eliminación de regulación excesiva y avanzar en la eliminación de monopolios públicos y privados, solo para nombrar los cambios más evidentes. Con optimismo esperamos que estos estos esfuerzos sean parte de una agenda decidida en los albores de la nueva Administración.
