Al cerrar este proceso electoral, es justo reconocer una noticia alentadora: el abstencionismo cayó a un 31% y, lo que es aún más significativo, cerca de un 70% de la ciudadanía participó en las urnas.
En un contexto global marcado por el desencanto ciudadano, este dato debería llenarnos de esperanza. Sin embargo, ese buen sabor de boca convive con una sensación amarga que no podemos ignorar: la creciente normalización del odio como forma de participación política.
Hemos sido testigos —y, en muchos casos, espectadores silenciosos— de una narrativa que se ha vuelto el pan de cada día en las redes sociales, donde el debate político se reduce a la descalificación, al ataque y al insulto, que en ocasiones avanza hasta ser vulgar. No solo se cuestiona a quienes resultaron electos o a quienes fueron adversarios en la contienda democrática, sino que ese rechazo se extiende a la propia democracia y a todo lo que ella representa. La discrepancia, que es sana y necesaria, ha ido cediendo terreno a una lógica de confrontación permanente, de “bandos” irreconciliables y de enemigos imaginarios.
Preocupa aún más que estemos replicando modelos ya conocidos en otras latitudes. Modelos que se alimentan del descrédito sistemático hacia las instituciones públicas, hacia los contrapesos democráticos y hacia los poderes del Estado. Instituciones que, con errores y aciertos, han sido pilares fundamentales para que Costa Rica sea reconocida como un país excepcional en la región y en el mundo: por su estabilidad, por su respeto al Estado de derecho y por su vocación democrática.
Cuando desde el discurso político —actual o futuro— se señala a estas instituciones como obstáculos, enemigos o focos de desconfianza, se envía un mensaje peligroso. No solo se debilita la institucionalidad; se habilita a que amplios sectores de la ciudadanía adopten el desdén y el odio como respuesta legítima. Y cuando dejamos de confiar en las reglas del juego democrático, en los árbitros y en los contrapesos, lo que queda es un terreno fértil para la polarización y el autoritarismo.
A esta dinámica se suma otro fenómeno preocupante: la rapidez con la que muchas personas emiten juicios tajantes sobre proyectos, propuestas e ideas que apenas comienzan a darse a conocer por parte del futuro gobierno. Opiniones cargadas de rechazo o entusiasmo desmedido que no nacen del análisis informado, sino de la exacerbación política del momento. Se condena o se defiende sin conocer el alcance real de las iniciativas, sus implicaciones técnicas, sociales o económicas, ni los procesos institucionales que las regulan. Así, el debate público se vacía de contenido y se llena de consignas, donde importa más quién propone en lugar de qué se propone.
La pregunta es inevitable: si dejamos de creer en los poderes del Estado y en la institucionalidad que nos ha dado décadas de paz, inclusión y desarrollo relativo, ¿qué nos espera como sociedad?
Defender la democracia no implica renunciar a la crítica. Implica ejercerla con responsabilidad, con respeto y con la convicción de que las instituciones se fortalecen cuando se mejoran, no cuando se destruyen. Implica entender que los procesos electorales terminan el día de las elecciones, pero la convivencia democrática es un ejercicio cotidiano que nos involucra a todas y todos.
Costa Rica, necesitamos bajar el volumen del odio y subir el nivel del diálogo. Necesitamos ciudadanía crítica, sí, pero también comprometida con la defensa de la institucionalidad, del respeto al otro y de la democracia como valor irrenunciable. Porque perder eso —aun sin darnos cuenta— sería un costo demasiado alto para cualquier victoria electoral.
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La autora es periodista y asesora en comunicación estratégica.
