EscucharA las 5:07 p. m. del lunes 13 de mayo del 2024 se anunció la intervención de Coopeservidores, una de las cooperativas de ahorro y crédito más grandes sujetas a la supervisión de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
La noticia resonó no solo por la incertidumbre de qué pasaría con los ahorros de miles de personas y porque desde el 2017 no se intervenía una entidad financiera en Costa Rica, sino también porque se trataba de un actor de tamaño relevante en el sistema financiero nacional. Su cartera de crédito incluso superaba la de siete bancos comerciales, de acuerdo con datos a marzo del 2024.
Según los reguladores, dentro de las razones para intervenir Coopeservidores se encontraba que la información reportada por la administración de la entidad sobre las operaciones de crédito mostró deficiencias graves en su precisión, consistencia e integridad.
También, se justificó que la cooperativa aplicó de forma masiva moratorias de pago, evitando la reclasificación de las operaciones crediticias hacia categorías de mayor riesgo y sin realizar ninguna gestión de cobro; y los órganos de dirección y de alta administración de la cooperativa habían actuado con negligencia.
De acuerdo con una noticia publicada por El Financiero en marzo del 2024, Coopeservidores tuvo que realizar una modificación en los resultados financieros, lo cual provocó que las utilidades del sector de las cooperativas en 2023 pasaran de ¢32.900,9 millones a ¢2.637,3 millones.
Esta caída se dio porque Coopeservidores, tras un estudio realizado por la Sugef, tuvo que hacer un ajuste en el resultado financiero obtenido en el año para reflejar una pérdida por ¢26.975 millones debido al deterioro de varias operaciones crediticias.
La intervención de esta importante cooperativa de ahorro y crédito se derivó en la ejecución de un proceso de resolución que buscaba el cierre ordenado de las operaciones de la entidad, ya que las autoridades determinaron que la cooperativa era inviable financieramente. Este anuncio se dio el 21 de junio del 2024.
Así, Coopeservidores se convirtió en la primera entidad en aplicar la Ley de Creación del Fondo de Garantía de Depósito y de Mecanismos de Resolución de los Intermediarios Financieros (9816), vigente desde el año 2020 y también conocida como Ley de Resolución Bancaria.
¿Cuál fue el impacto de la intervención y posterior declaración de inviabilidad de Coopeservidores sobre los ahorrantes y el sector cooperativo? ¿Qué falta que se dé en el proceso de resolución que está en marcha desde junio del 2024? El Financiero resume lo que pasó en estos 12 meses y lo que se avecinaría.
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Impacto a los ahorrantes
Coopeservidores contaba con unos 169.000 ahorrantes. Desde la intervención, en mayo, y hasta setiembre u octubre del 2024, los recursos de ellos estuvieron congelados, es decir, no podían retirarlos o hacer uso de ellos.
El 97% de los ahorrantes (163.823) mantenían depósitos iguales o menores a los ¢6 millones. Este grupo de personas sí logró recuperar el 100% de los recursos que disponían en la cooperativa, tal cual se había informado el 21 de junio del 2024, y recibió el dinero en setiembre de ese mismo año.
El otro 3% (5.511) de los depositantes correspondía a personas físicas y jurídicas que contaban con más de ¢6 millones. Inicialmente, se había estimado que ellos recibirían ¢6 millones más alrededor de un 80% sobre el exceso de esa cuantía, aunque también se había advertido que el porcentaje de recuperación podía ser inferior.
Al final, se determinó que el porcentaje a recuperar sobre el exceso de los ¢6 millones sería de alrededor de un 50%. Estas personas recibieron el dinero correspondiente en octubre del 2024.
El Banco Popular, institución que absorbió una parte importante de la cooperativa, fue el que pagó a todos los depositantes de Coopeservidores. Los encargados del proceso de resolución de la entidad declarada inviable evitaron utilizar el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).
Quienes tenían más de ¢6 millones en la cooperativa podrían recuperar una parte adicional de su dinero producto de la gestión que realice la Resolución de la entidad con, por ejemplo, las ventas que se concreten de activos, como propiedades y vehículos.
Entre los grandes depositantes había un 10% que correspondía a personas jurídicas, entre ellas algunas asociaciones solidaristas.
De acuerdo con estimaciones de la Confederación Nacional de Asociaciones Solidaristas (Conasol) y el Movimiento Solidarista Costarricense (MSC), en conjunto, poco más de 200 solidaristas invirtieron alrededor de $125 millones en Coopeservidores.
Aunque cada una de estas asociaciones se registraba como un solo cliente, el dinero pertenecía a miles de trabajadores: cerca de 140.000 afiliados en total.
Según un análisis realizado por Conasol y MSC, cada asociación afectada en 2024 tomó medidas específicas para corregir sus pérdidas.
Algunas, por ejemplo, utilizaron los excedentes obtenidos en el período 2024. En este caso, y según la realidad de cada asociación, los escenarios para los asociados pudieron haber sido: obtener un porcentaje de excedentes menor a principios de 2025, en comparación con el de años previos; o no recibir excedentes pero tampoco ver una reducción en su capital (ahorros obreros).
Si hubo asociaciones que presentaron pérdidas en 2024 y los excedentes no alcanzaron para cubrirlas, le habría correspondido a la Asamblea de Asociados determinar cómo distribuir dichas pérdidas.
Una decisión que pudieron haber acogido corresponde a la de pasar la pérdida completa en el período 2024, con lo cual habrían tocado el capital (ahorros obreros) de los asociados. Esta medida pudo provocar que las personas afiliadas a estas solidaristas no recibieran excedentes en los primeros meses de 2025 y, más bien, perdieran un porcentaje determinado de su capital.
Las solidaristas que no quisieron absorber el impacto negativo en un solo período pudieron haber decidido distribuir el impacto en varios años, para no tocar el capital, lo cual implicaría que los asociados reciban menos excedentes, o ninguno, en los próximos años, pero su capital no sufriría ninguna merma.
Repercusiones en el sector cooperativo
La intervención y posterior declaración de inviabilidad de Coopeservidores generó un impacto reputacional en el sector cooperativo, pero no se tradujo en una crisis generalizada.
Aunque Coopelecheros y Coopeamistad también abandonaron el negocio de intermediación financiera –y fueron adquiridas por Coopealianza y Coopenae, respectivamente–, las 18 cooperativas de ahorro y crédito supervisadas por la Sugef que siguen operando lograron cerrar el 2024 con ganancias totales de ¢29.493 millones.
Si se compara con los resultados obtenidos por todo el sector en 2023, incluyendo a Coopeservidores, Coopelecheros y Coopeamistad, las ganancias habrían registrado un crecimiento de 1.018,3%.
Si se excluyen los resultados del 2023 de Coopeservidores y de las otras dos cooperativas que dejaron el negocio de intermediación financiera, las ganancias del sector cooperativo habrían experimentado una leve caída interanual del 0,2%.
Por su parte, de acuerdo con el Informe Anual de Estabilidad Financiera 2024 publicado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), el indicador de salida de depósitos de las cooperativas reguladas siguió mostrando “condiciones adecuadas y estables de liquidez” luego de la intervención de Coopeservidores.
El Fondo Monetario Internacional (FMI), por su lado, indicó en diciembre pasado que las resoluciones de Coopeservidores y la Financiera Desyfin se efectuaron “adecuadamente y garantizaron unos efectos indirectos mínimos”. Sin embargo, apuntó que estos incidentes demostraron la importancia de reforzar el marco de resolución bancaria y seguro de depósitos.
¿Qué falta en el proceso de Coopeservidores?
Desde el 21 de junio del 2024, Coopeservidores se encuentra en proceso de resolución, el cual se derivó en el uso de un mecanismo que dividía los activos de la entidad en dos bloques:
- Un conjunto de activos y pasivos de calidad (banco bueno). La institución que asumió este bloque fue el Popular.
- Un grupo de activos que por su calidad u otras consideraciones no entraron en el banco bueno. Este bloque, denominado “banco malo”, se trasladaría a un fideicomiso con el fin de venderlo en un plazo máximo de un año a partir de que se acordó el inicio del proceso de resolución (21 de junio del 2024), sin embargo, aún no hay noticias de que se lograra concretar una oferta formal de un fiduciario.
Según la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica (7558), la resolución no puede exceder de un año, y ya estamos cerca de que eso se cumpla.
“Treinta días naturales antes de vencer el plazo por el que se haya ordenado la resolución, el Consejo (Nacional de Supervisión del Sistema Financiero Nacional, Conassif) deberá decidir, previa consulta a los administradores designados, si permite a la entidad continuar con sus operaciones o si solicita, al juez competente, la liquidación o la fase concursal liquidatoria (quiebra)”, dicta el artículo 139 bis de dicha ley.
El artículo 51 de la ley 9816 instaura que “en los casos en los que el proceso de resolución no consiga que la entidad recupere la viabilidad financiera, así como en los casos en los que se haya concluido la transmisión total o parcial de activos y pasivos contemplada en la resolución, el Conassif solicitará al juez la declaración de quiebra de la entidad”.
Cuando se solicita la quiebra, el artículo dice que el Conassif revocará la autorización de funcionamiento a la entidad financiera. Al momento de nombrarse el liquidador o la junta liquidadora cesarán sus funciones como administradores de la resolución.
De acuerdo con Ernesto Solano, abogado de la Oficina del Consumidor Financiero (OCF), en la fase concursal liquidatoria es donde se genera la intervención de un juez concursal y se procede con lo que establece la normativa de la Ley Concursal de Costa Rica.
El abogado de la OCF explicó que “es una etapa que se tiene que seguir porque así lo establece la normativa pero para efectos prácticos de obtener dinero es muy difícil que alguien logre obtener algo (más de lo que ya recibió)”.
Según un documento disponible en el sitio web de la Sugef, al finalizar un proceso de resolución, se da por concluida la operación de la entidad financiera. Respecto a los trabajadores, se finiquita su contrato laboral y se cancela el monto correspondiente a los derechos laborales de ley.
Un comunicado de prensa emitido por el Conassif en noviembre del 2024 indicaba que Coopeservidores, a ese momento, contaba con 147 empleados.
El Financiero envió consultas a la Resolución de Coopeservidores sobre lo que falta en este proceso, sin embargo, al cierre de edición se seguía a la espera de las respuestas.
