EscucharUn cambio de gobierno se acerca para Costa Rica y la próxima administración que llegue a Zapote deberá enfrentar una lista prioritaria e insoslayable de retos económicos, encabezada por un delicado manejo de la deuda pública y el déficit fiscal.
Para determinar parte las tareas, EF consultó a varias personas expertas en economía para conocer su opinión acerca de las principales faenas fiscales y económicas que deberán estar en agenda de trabajo en los próximos años.
Una de ellas es Dayanna Quirós, analista económica de Grupo Financiero Mercado de Valores, quien señaló de manera prioritaria se deberá trabajar en la estabilización de la deuda pública y evitar que continúe en aumento.
A noviembre del 2021, la deuda del Gobierno Central ascendió a ¢27.095.668 millones (69,91% del PIB). Del total, el 76,25% corresponde a deuda interna y el 23,75% a deuda externa, según datos publicados por el Ministerio de Hacienda. Para ese mismo mes, el déficit financiero a noviembre fue el más bajo de los últimos tres años al ser de ¢1.664.008 millones (4,29% del PIB).
LEA MÁS: Figueres y Saborío lideran intención de voto a tres semanas de elecciones; pero indecisión no merma
El economista Vidal Villalobos, coincidió en que a nivel fiscal el déficit y el tamaño de la deuda serán dos de los temas que deberán estar en la agenda de trabajo de la próxima administración.
Para el primero, señaló Villalobos, el gobierno deberá generar reactivación económica para aumentar los ingresos sin tener que establecer una carga positiva adicional. Asimismo, se deberá procurar una mayor eficiencia en la recaudación de impuestos.
Por el lado de los gastos, los economistas señalaron que el seguimiento de la regla fiscal será clave para lograr los objetivos fiscales y cumplir con compromisos internacionales. En este sentido, se deberá evitar la salida de más instituciones a este tipo de normativa, por ejemplo.
La necesidad de una reforma fiscal formó parte de la campaña electoral para el periodo 2018, ante el avance del déficit. La normativa se aprobó en diciembre de ese año, luego de varias jornadas de protestas sociales que reclamaban por eliminar la imposición de más impuestos. El establecimiento de más cargas tributarias es uno de los ejes centrales de la opinión pública y que también se cuela en los debates presidenciales para el periodo 2022.
Cuidar la confianza
Además de la estabilización de la deuda y la disminución del déficit fiscal, una de las principales tareas será el cumplimiento del compromiso con el Fondo Monetario Internacional (FMI), un aspecto que estarán observando de cerca tanto los inversionistas locales como internacionales y que influirá en la confianza del mercado.
Justamente, el avance de Costa Rica en el manejo de la deuda y el descenso de la brecha entre ingresos y gastos son parte de los factores que mantienen atentas a las calificadoras de riesgo, que han advertido la necesidad de continuar con cifras fiscales positivas.
Sobre esto, el economista Daniel Ortiz, director de Consejeros Económicos y Financieros (Cefsa), explicó que el FMI no ha desembolsado el tracto pactado tras la primer revisión, puesto que Costa Rica aún incumple con una de las metas estructurales que es la aprobación de la Ley de Empleo Público. Esto complica las oportunidades de financiamiento del Gobierno.
“El hecho de que tengamos un acuerdo vigente pero lo estemos incumpliendo nos limita a acceder a alrededor de $586 millones en el primer semestre; el tema de esto es que en el primer semestre hay vencimientos por $1.800 millones pero el hecho de que no avancemos con el acuerdo reduce las posibilidades de financiamiento del gobierno”, explicó Ortiz.
Por su parte, la economista Adriana Rodríguez, del Grupo Financiero Acobo, resaltó que la próxima administración tendrá un calendario importante de vencimientos, que representa un reto en cuanto a que será necesario contar con la confianza de los inversionistas.
“Los recursos existen, ahí están, pero si no existe confianza del inversionista será más difícil que dichos recursos se trasladen hacia el financiamiento de esa deuda o se hará pero a tasas más altas; el gobierno entrante no puede perder el tiempo en presentar un escenario claro que disminuya la incertidumbre”, comentó Rodríguez.
Quirós coincidió con ambos economistas y aseguró que el compromiso de la próxima administración con el acuerdo del FMI traería un panorama positivo en la confianza de los negocios, en los consumidores y en el panorama internacional, lo que podría traducirse en un mayor crecimiento económico y una apertura de financiamiento internacional para el Gobierno con una menor tasa de interés.
“Sin duda, estas acciones mejorarían el clima de la inversión y la confianza del consumidor”, aseguró la analista de Mercado de Valores.
Propuestas presidenciales
Los retos están planteados para la próxima administración y no desaparecerán sin trabajo, tal y como se presentó la reforma fiscal en el 2018. EF consultó los planes de gobierno de cinco candidatos presidenciales para conocer algunas de sus propuestas en materia de deuda pública, gasto público y financiamiento. La escogencia de los candidatos se realizó con base en los resultados de la más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica, publicada el 18 de enero del 2022.
Pese a que los candidatos seleccionados incluyen propuestas relacionadas con los temas señalados, la mayoría de programas no incluyen detalles o cifras sobre el efecto que tendrán sus propuestas o el costo de las implementarlas.
1. José María Figueres, Partido Liberación Nacional (PLN)
El programa de gobierno del candidato José María Figueres, del Partido Liberación Nacional (PLN) plantea en materia de gasto público un total de once puntos entre los que se encuentra examinar de forma detallada el presupuesto vigente e identificar potenciales ahorros e ineficiencias y digitalizar procesos de compras, entre otros. En el lado de los ingresos, el PLN plantea mejoras en el sistema tributario, fortalecer las administraciones tributarias y aduaneras así como promover un nuevo régimen de tratamiento impositivo simplificado y reducido para las micro y muy pequeñas empresas, entre otras acciones.
Para el manejo de la deuda pública, el liberacionista promueve continuar sustituyendo deuda interna por deuda externa de origen multilateral y en condiciones favorables, mejorar el perfil de la deuda hacia más largo plazo, evaluar mecanismos para facilitar la inversión de portafolios internacionales en instrumentos locales así como crear en la Dirección General de Crédito Público la Unidad de Relación con el Inversionista.
El plan no señala las proyecciones de cuánto se disminuiría en gasto y deuda pública.
2. Linneth Saborío, Partido Unidad Social Cristiana (PUSC)
En el apartado de política monetaria y fiscal, el plan de gobierno de la socialcristiana propone “restringir el financiamiento directo e indirecto del gasto público con abundante emisión monetaria y bajas tasas de interés”. También propone limitar el financiamiento público interno y externo; tampoco recomienda el incremento de impuestos.
Asimismo, el planteamiento incluye contener el crecimiento de los gastos, especialmente de la planilla y emprender reformas estructurales para racionalizar el gasto y la inversión. El PUSC propone además reducir gradualmente las tarifas de la renta corporativa, “conforme mejoren las circunstancias y el crecimiento de la producción que, sin duda, aumentará la recaudación fiscal”, entre otras medidas. El programa tampoco especifica en cuánto se buscaría reducir el gasto.
3. Fabricio Alvarado, Nueva República
En el caso del partido Nueva República, en el apartado de política fiscal se propone implementar medidas para reducir la elusión y evasión fiscal, a través de la apertura e innovación de las plataformas digitales que se efectuarán mediante el programa de Hacienda Digital así como plantear un programa de mejoramiento de la factura digital. Entre las propuestas, el partido de Alvarado plantea, de manera temporal y mediante una iniciativa de ley, autorizar el uso del monto de la recaudación diaria del cobro por participación en el mercado cambiario costarricense para el financiamiento del pago de intereses por deuda interna.
Sobre la deuda pública, el partido propone diez acciones entre las que se encuentran promover el inventariado y la venta de activos ociosos no productivos para el pago de deuda pública; renegociar la deuda interna y externa de las instituciones públicas con las tesorerías de las instituciones públicas, a mayores plazos y condiciones más blandas; recortar el gasto del gobierno en un 12% del Presupuesto Nacional, al controlar el gasto superfluo y redirigir los superávits presupuestarios hacia el pago de deuda pública, entre otras.
El programa de Alvarado estima una reducción de 4% en el rubro de intereses en los primeros dos años, más un porcentaje significativo en la readecuación de la tenencia de deuda por parte de las instituciones públicas.
4. José María Villalta, Frente Amplio
El Frente Amplio, como parte de su política fiscal, promovería en el corto plazo una Ley de contingencia fiscal “altamente progresiva”, que pretende reducir la carga tributaria sobre empresas pequeñas y medianas y sobre personas trabajadoras independientes de bajos ingresos, al tiempo que aseguran que se obtendrán nuevos ingresos subiendo temporalmente el impuesto sobre las utilidades de las empresas más grandes.
Dicho partido también buscaría convertir el impuesto sobre la renta en un impuesto de renta mundial; hacer más fuertes las penas sobre el delito de fraude fiscal así como eliminar gastos superfluos que “sólo benefician a castas políticas o son producto de gestión ineficiente”. No se detalla en cuánto se disminuiría el gasto, entre otras acciones.
5. Rodrigo Chaves, Progreso Social Democrático
Por último, el candidato Rodrigo Chaves señala en su programa de gobierno que eliminaría las exenciones fiscales que benefician a los más ricos, que aplicaría la reforma fiscal sin excepciones y que adoptaría una escala salarial única y se darían incentivos únicamente por desempeño.
Asimismo, el partido plantea analizar con rigor los casos donde sea posible integrar la funciones administrativas de entidades adscritas a los ministerios así como disminuir intereses de la deuda pública, aunque no se señala proyección alguna.
