La promesa de modernizar la gestión del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) de Costa Rica deberá esperar al final de la década.
Los fondos generacionales, una reforma diseñada para ajustar el riesgo de inversión a la edad de cada afiliado, han pasado de ser una realidad normativa inminente a un proyecto en el “limbo”.
El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) aprobó en firme este lunes 27 de enero de 2026 trasladar su entrada en vigor hasta el 1.º de enero de 2029.
La decisión extiende nueve meses más el plazo que se valoraba en noviembre de 2025 y marca el tercer aplazamiento de un proceso que originalmente debía iniciar en 2024.
Detrás de la prórroga subyace un intenso debate técnico sobre la viabilidad de aplicar este modelo en un mercado de capitales limitado como el costarricense, así como tensiones institucionales entre los reguladores.
El fin del “talla única” en pausa
La reforma buscaba corregir una ineficiencia histórica del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP): el modelo de fondo único.
Actualmente, el sistema administra más de ₡12 billones (cerca del 29% del PIB) aplicando la misma estrategia de inversión a un joven de 25 años que a un pensionado de 70.
Los fondos generacionales proponen dividir a los afiliados en cuatro grupos (A, B, C y D). Bajo la lógica del glide path o “trayectoria de vuelo”, el riesgo se ajusta automáticamente:
- Fondo D (Jóvenes): Estrategia agresiva con mayor renta variable para maximizar crecimiento.
- Fondo A (Mayores y pensionados): Estrategia conservadora para blindar el capital acumulado.
Sin embargo, lo que en teoría (y en mercados como México o EE. UU.) funciona para optimizar las tasas de reemplazo, en Costa Rica ha chocado con la realidad operativa y macroeconómica.
Crónica de una postergación
La ruta hacia los fondos generacionales ha estado minada por la desconfianza técnica y la resistencia política.
- Aprobación (2023): La Superintendencia de Pensiones (Supen) impulsó la reforma basándose en el éxito de los Target Date Funds internacionales. El Conassif dio luz verde esperando el arranque en abril de 2025.
- El quiebre (Marzo 2025): A escasas semanas del inicio, y con las operadoras listas tecnológicamente, el Conassif frenó el proceso alegando la necesidad de “estudios complementarios”.
- El desenlace (Enero 2026): Tras una consulta pública y advertencias de la Defensoría de los Habitantes sobre conflictos de interés en los estudios técnicos encargados al Banco Central (cuyo presidente, Róger Madrigal, había cuestionado la reforma), se dicta el aplazamiento definitivo hasta 2029.
Humberto Grant, actual directivo del Conassif y crítico del modelo antes de asumir su cargo, justificó la extensión señalando que los regulados solicitaron más tiempo y que “no es prudente extender por mucho tiempo un tema como este”, aunque paradójicamente la nueva fecha implica un retraso acumulado de casi cuatro años.
Los argumentos de la discordia
Más allá de los plazos, el debate de fondo es estructural. Los críticos, incluidos sectores académicos y sindicales como la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), señalan riesgos que la Supen no logró disipar:
- El “castigo” a la generación de transición: Se argumenta que los trabajadores hoy en sus 30 y 40 años sufrirían “lo peor de ambos mundos”: bajos rendimientos en su juventud (bajo el sistema actual) y estrategias conservadoras prematuras al entrar al nuevo esquema, sin tiempo para recuperar crecimiento.
- Inequidad en los grupos: A diferencia de México, que agrupa cohortes cada 5 años, Costa Rica eligió grupos de 10 años. Esto podría generar cambios bruscos de estrategia para quienes nacieron al final de una década.
- Impacto en infraestructura: La necesidad de liquidez para los rebalanceos constantes podría inhibir la inversión de las operadoras en grandes obras nacionales, un motor clave para el desarrollo.
Incertidumbre institucional
El futuro de la reforma dependerá ahora de los resultados de las nuevas mesas de trabajo y estudios macroeconómicos que analizarán el impacto en las tasas de interés y la liquidez del sistema financiero.
Mientras tanto, la advertencia de la Defensoría de los Habitantes sobre la independencia técnica de los estudios —dado que el jerarca del BCCR es juez y parte en el análisis— añade una capa de complejidad a un proceso que busca legitimidad.
Hasta 2029, los ahorros de los costarricenses seguirán gestionados bajo el esquema tradicional, mientras las autoridades deciden si el país está listo para dar el salto a la gestión generacional o si, como temen algunos analistas, la reforma ha entrado en una vía muerta.
