El contexto empresarial actual obliga a las compañías a demostrar, con datos y métricas verificables, cuán sostenibles son sus operaciones en materia ambiental, social y de gobernanza.
En medio de esa transformación global, Costa Rica ha logrado posicionarse como uno de los países más avanzados de la región en la adopción de criterios ESG. Sin embargo, expertos advierten que todavía existe un amplio margen de mejora, especialmente en la estandarización de reportes y en la inclusión de las pequeñas y medianas empresas.
Los criterios ESG —siglas en inglés de Environmental, Social and Governance— permiten evaluar el desempeño de una organización más allá de sus resultados financieros.
Estos indicadores analizan cómo una empresa gestiona aspectos relacionados con el cambio climático, las condiciones laborales, la ética corporativa, la transparencia y el impacto social de sus operaciones.
De acuerdo con un estudio elaborado por KPMG y la Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED) el 48% de las empresas costarricenses ya integró completamente estos criterios dentro de su estrategia corporativa.
El resultado hace que Costa Rica supere al resto de Centroamérica y República Dominicana en materia ESG.
La cifra resulta superior al promedio regional reflejado en la última Encuesta sobre Prácticas ESG en Centroamérica y República Dominicana de la consultora PwC, donde apenas el 41% de las compañías reportó una integración total de estos estándares.
El otro 41% indicó que los implementa parcialmente, mientras que un 12% aseguró que planea incorporarlos próximamente.
Aun así, los desafíos siguen siendo significativos.
El mismo estudio revela que el 53% de las empresas percibe barreras externas que dificultan la implementación de prácticas ESG, entre ellas: costos de adaptación, falta de conocimiento técnico y ausencia de métricas homogéneas.
Para Jaime García, director regional del Índice de Progreso Social (IPS) para América Latina, el avance corporativo en sostenibilidad no ha sido uniforme. Mientras algunas organizaciones líderes ya cuentan con sistemas robustos de medición, indicadores trazables y reportes alineados con estándares internacionales, una gran parte del tejido empresarial continúa en etapas iniciales, donde predominan los discursos narrativos sobre los datos verificables.
En términos regionales, Costa Rica se ubica en una posición “intermedia-alta” dentro de América Latina. Rankings especializados, como los elaborados por el Tecnológico de Monterrey, suelen colocar al país por encima del promedio latinoamericano en sostenibilidad empresarial.
A ello se suma el impulso regulatorio. En 2024, el país lanzó la Taxonomía de Finanzas Sostenibles, instrumento que define cuáles actividades económicas pueden considerarse sostenibles y que busca orientar tanto inversiones como financiamiento verde.
De estrategia reputacional a requisito financiero
Hace algunos años, muchas compañías abordaban la sostenibilidad principalmente como una herramienta de reputación o relaciones públicas. Sin embargo, la presión internacional y la evolución de los mercados transformaron el panorama.
Hoy, los criterios ESG son evaluados directamente por inversionistas, bancos, calificadoras de riesgo y organismos reguladores, que exigen información más transparente y comparable.
Desde el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica señalan que el interés empresarial por este tipo de reportes ha crecido aceleradamente.
Durante el último año, cada vez más organizaciones comenzaron a publicar informes de sostenibilidad, especialmente grandes contribuyentes, entidades reguladas, subsidiarias de grupos internacionales y empresas vinculadas al mercado bursátil.
Además, mediante la Circular 33-2023, el Colegio estableció una hoja de ruta para la implementación escalonada de las Normas Internacionales de Información Financiera relacionadas con sostenibilidad.
Actualmente, muchas empresas utilizan metodologías voluntarias ampliamente reconocidas en el mercado internacional, entre ellas:
- GRI (Global Reporting Initiative): Orientada a reportar el impacto de la empresa sobre la sociedad y el ambiente.
- SASB (Sustainability Accounting Standards Board): Enfocada en la información ESG relevante para inversionistas y mercados financieros.
No obstante, el verdadero cambio llegará con la adopción obligatoria de las normas IFRS S1 e IFRS S2, desarrolladas bajo el paraguas de las NIIF.
Estos estándares buscan unificar el lenguaje global de divulgación en sostenibilidad y conectar directamente los riesgos ESG con el desempeño financiero de las empresas.
El consultor en sostenibilidad Luis Mastroeni señala que, tras la pandemia, las empresas están más interesadas en generar datos comprobables.
“Buscan demostrar que cuentan con una estrategia que beneficia no solo al accionista, sino también a sus partes interesadas, ya que esto mejora la confianza y reputación (especialmente frente a los bancos)”, destacó.
Sectores que lideran la transformación
Según el ranking ESG elaborado por Merco, los sectores con mayores avances en sostenibilidad son banca, consumo masivo y tecnología.
- Banca y Finanzas: Han avanzado velozmente porque deben integrar los riesgos ESG en sus análisis de crédito e inversión, impulsados por futuras regulaciones como el Acuerdo SUGEF 2-10 (vigente a partir de 2027).
- Industria y Agroexportación: Responden directamente a las exigencias de mercados internacionales, certificaciones y a las complejas cadenas globales de valor.
- Instituciones Públicas y Empresas de Consumo: Entidades estatales de peso (como INS, ICE y CNFL), así como empresas de consumo masivo o tecnología, lideran la emisión de reportes estructurados.
De acuerdo con Mastroeni, estas industrias están más expuestas al escrutinio público, dependen de financiamiento internacional y deben responder a inversionistas cada vez más sofisticados, interesados en conocer cómo las organizaciones enfrentan riesgos como el cambio climático.
La gran deuda pendiente: las pymes
A pesar del avance corporativo, las pequeñas y medianas empresas continúan rezagadas. Muchas aplican prácticas sostenibles relacionadas con eficiencia energética, equidad laboral o vínculo comunitario, pero pocas logran medirlas y documentarlas adecuadamente.
“Además, tienen una falsa idea de que integrar los indicadores ESG al negocio es un gasto, porque creen que es caro y no genera ningún retorno. El segundo problema que veo es que las empresas más grandes que pueden impactar la cadena de abastecimiento no han sido lo suficientemente estrictas para exigirle a sus proveedores pymes mejores prácticas en esta materia. La brecha se va a empezar a cerrar cuando las organizaciones más encadenadas empiecen a ser más exigentes y cuando las pymes comprendan que trabajar en estos temas les genera una ventaja competitiva, más que un gasto”, aseguró Mastroeni.
Por su parte, Jaime García aseguró que las grandes empresas cuentan con recursos, equipos especializados y presión de inversionistas o casas matrices, lo que las empuja a adoptar estándares internacionales. Mientras tanto, las pymes suelen implementar prácticas sostenibles en la operación —eficiencia energética, relación con comunidades o empleo—, pero rara vez las miden o reportan de manera sistemática. Esto genera un problema: hacen sostenibilidad, pero no pueden demostrarla, lo que limita su acceso a financiamiento y a cadenas de valor más exigentes.
Para revertir esta situación, los expertos recomiendan a las pequeñas y medianas empresas comenzar por identificar y registrar formalmente las buenas prácticas que ya realizan de manera empírica. Herramientas sencillas de autoevaluación o el acercamiento a cámaras empresariales pueden servir de guía inicial para estructurar sus primeros indicadores antes de intentar adoptar marcos internacionales complejos.
Por esta razón, desde el Colegio de Contadores Públicos se ha realizado un trabajo continuo de capacitación (desde 2024) para que empresas, profesionales y el público en general conozcan las normas NIIF sobre sostenibilidad.
Incluso, en la encuesta de PwC del 2023 se evidencia que un 19% de las empresas entrevistadas considera que la falta de recursos financieros es el principal desafío, así como la escasez de métricas claras, entre otras razones.
La ruta obligatoria para Emisores y Grandes Contribuyentes
La adopción de las NIIF S1 y S2 en Costa Rica ya tiene fecha en el calendario y no será opcional para la cúpula empresarial.
El Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, a través de la Circular 33-2023, estableció una hoja de ruta escalonada.
Las NIIF de Sostenibilidad serán de acatamiento obligatorio en el 2028 (reportando la información del cierre fiscal al 31 de diciembre de 2027) para dos grupos críticos:
- Emisores y entidades reguladas: Todas las empresas con obligación pública de rendir cuentas, supervisadas y reguladas por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF).
- Grandes Contribuyentes: Las entidades catalogadas bajo este rubro ante la Administración Tributaria (Ministerio de Hacienda).
Para las demás empresas (Régimen General o Pymes que apliquen NIIF para PYMES), la adopción seguirá siendo voluntaria hasta que la normativa indique lo contrario. Sin embargo, el Colegio aclara que cualquier entidad puede implementar estas normas de forma anticipada.
Luis Mastroeni mencionó que las empresas no deben perder el tiempo, pues antes de reportar deben tener una estrategia de sostenibilidad clara, mapeo de riesgos, doble materialidad, análisis del impacto del cambio climático sobre su operación, estrategia de disminución de emisiones de carbono, gobernanza interna dedicada al tema y, lo más importante, deben demostrar que cuentan con los planes y acciones debidas para evitar que los riesgos se materialicen. “Una empresa no puede esperar a que la norma sea obligatoria para empezar, esa sería una mala decisión”, advirtió.
Los especialistas coinciden en que ignorar los estándares ESG podría tener consecuencias severas para las empresas costarricenses. Entre los principales riesgos destacan:
- Menor acceso a crédito e inversión: Los bancos ya incorporan criterios ESG en sus análisis de financiamiento.
- Exclusión de cadenas de valor: Grandes empresas exigirán métricas sostenibles a todos sus proveedores.
- Pérdida de contratos públicos: La Ley General de Contratación Pública incorpora criterios ambientales y sociales.
- Observaciones de auditoría: Los riesgos climáticos y de gobernanza impactarán directamente los estados financieros.
Para Luis Chinchilla, vocero del Colegio de Contedores Públicos, aunque es normal que los primeros reportes presenten debilidades, las empresas deberán fortalecer progresivamente la calidad y consistencia de la información divulgada.
El idioma oficial de los negocios
Como concluye Jaime García, integrar criterios ESG ya no es únicamente un tema de cumplimiento normativo, sino también una ventaja competitiva. La sostenibilidad impulsa la innovación, fortalece la reputación corporativa, mejora la retención de talento y aumenta la confianza de clientes e inversionistas.
El reloj de la sostenibilidad financiera ya comenzó a correr y las empresas tienen poco tiempo para adaptarse. Quienes asuman este reto como una transformación cultural y estratégica, y no como un simple trámite burocrático, serán los que logren asegurar su viabilidad, permanencia y liderazgo en el mercado del futuro. La sostenibilidad dejó de ser una opción; hoy es el requisito indispensable para hacer negocios.
