La estrategia de consolidación fiscal de Costa Rica, exitosa en estabilizar las finanzas públicas, está mostrando una cara menos favorable: un severo recorte en la inversión social que ha llevado el gasto en educación, salud y vivienda a sus niveles más bajos en más de una década.
Esta es la principal advertencia del II Informe Macroeconómico 2025, publicado por el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE) de la Universidad Nacional (UNA).
El informe documenta cómo el esfuerzo por reducir la relación deuda/PIB ha impactado directamente programas sociales clave.
El gasto público social total como porcentaje del PIB alcanzó en 2023 un 20,7%, una de las cifras más bajas registradas desde 2010. Este ajuste general se refleja en caídas preocupantes en sectores estratégicos para el desarrollo del país.
Educación: La brecha con el 8% se agranda
El sector educativo es uno de los más afectados. Según el análisis del CINPE, los últimos tres años han registrado el menor gasto en educación pública desde 2010. La inversión, que llegó a superar el 7,3% del PIB en 2017, se desplomó a un 5,49% en 2023 y un 5,51% en 2024.
Esta tendencia no solo aleja a Costa Rica de su aspiración constitucional de invertir un 8% del PIB en educación, sino que, según el informe, pone en riesgo la movilidad social y la capacidad del país para atraer Inversión Extranjera Directa (IED), que depende de una fuerza laboral calificada.
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Salud: Lejos del promedio de la OCDE
El gasto en salud también muestra una trayectoria descendente. Tras un aumento transitorio en 2020 para atender la pandemia, el presupuesto del sector ha sufrido un descenso sostenido que lo ubicó en apenas un 5,67% del PIB en 2024.
Esta cifra está muy por debajo del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que es del 9%. El informe advierte que mantener un nivel de gasto inferior al 6% podría tensar la cobertura y los resultados del sistema de salud, afectando áreas como las listas de espera, la reposición de equipo y la infraestructura.
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Vivienda: Menos bonos para más necesidad
En materia de vivienda social, el impacto del ajuste es doble. Por un lado, el costo promedio por bono familiar casi se duplicó desde 2010, pasando de unos ₡6 millones a cerca de ₡11 millones. Por otro, la cantidad de bonos pagados ha disminuido, registrando en los últimos tres años las cifras más bajas del período analizado.
Esta combinación de costos unitarios al alza y restricciones fiscales se traduce en una menor cobertura, lo que significa que menos hogares en condición de vulnerabilidad pueden acceder a una solución de vivienda.
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Este artículo fue publicado por un editor de El Financiero asistido por un sistema de inteligencia artificial.