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La universalización de un régimen de pensión es la alternativa que algunos especialistas proponen para que Costa Rica pueda tener un sistema de jubilación sostenible a largo plazo.
El pasado viernes 10 de setiembre tanto la jerarca de la Superintendencia de Pensiones, Rocío Aguilar, como el exsuperintendente y economista Edgar Robles plantearon la posibilidad de universalizar un régimen de pensiones que le permita incluir dentro del sistema de retiro a un mayor porcentaje de la población.
De acuerdo con Robles, en el país actualmente al menos el 59% de la población mayor a 60 años no cuenta con una pensión, lo cual es el resultado de un sistema que está fragmentado y es costoso principalmente para quienes están en la informalidad.
Con este porcentaje de personas fuera de un sistema de pensiones la mayoría dependerán de un familiar que invierta sus recursos en el cuido de la persona mayor, lo que esto consecuentemente abre un círculo vicioso de desigualdad y pobreza.
“Esto crea un círculo vicioso entre familias pobres que tienen que sostener a familiares mayores y no pueden invertir en educación, en salud o en vivienda porque deben invertir en el cuido”, agregó Edgar Robles, exsuperintendente de pensiones.
Ante esta problemática social una de las propuestas tanto de Aguilar como Robles es establecer un régimen universal de pensiones básica financiado con recursos del presupuesto nacional.
¿Qué es y cómo funciona?
Hay diferentes modelos de pensiones universales que se han implementado en el mundo. Por ejemplo, hay un sistema en el que todas las personas reciben una pensión mínima, independientemente del ingreso y años de cotización.
Otra opción es para aquellas personas que no reciben pensión desde ningún sistema (porque nunca cotizaron), pero pueden acceder a un monto de jubilación a través de una pensión universal.
En Costa Rica ya hay una especie de pensión universal la del régimen no contributivo (RCN), este sistema tiene su estructura bajo el principio de prueba de medios económicos. Es decir, el Estado debe verificar si la persona tiene o no medios para recibir pensión mensual y en el caso de que no los tenga se le brinda el apoyo económico respectivo.
El RNC solo se le otorga a personas que demuestren estar en condición de pobreza. No obstante, en el país solo el 14% de los adultos mayores de 60 años están incluídos en este régimen.
Robles plantea un modelo de pensión universal en el que se elimine el monto mínimo de pensión mensual que es aportado por la CCSS y las personas reciban un monto de jubilación según el monto cotizado, pero a su vez el sistema complemente si es necesario, para que la persona no viva en condición de pobreza.
Para otros regímenes como el IVM las personas que se pensionan reciben un monto mínimo de pensión mensual el cual es financiado por la Caja Costarricense del Seguro Social.
A través del modelo de pensión universal que propone Robles se eliminaría el monto mínimo de pensión mensual que es aportado por la CCSS, lo que le permitiría al régimen administrar mejor sus recursos para mantener una sostenibilidad en el tiempo.
Por ejemplo, si una persona cotizó solamente diez años la entidad estará obligada a darle solamente el monto equivalente a ese tiempo sin la pensión mínima pero a través del fondo de la pensión básica universal se complementaría el dinero restante, sin necesidad de tocar la reserva de la CCSS.
“Con una pensión universal vamos a partir de lo que la gente tiene acumulado, pero las personas van a recibir justo ese monto. De acuerdo a lo cotizado, no más ni menos. El sistema a través de un fondo de pensión universal financiado por el estado complementa en el caso de que la persona lo requiera”, agregó .
Rocío Aguilar, propone un sistema de pensión básica universal (PBU) bajo el principio de solidaridad social, en este se eliminaría el monto mínimo de pensión que es financiado por la CCSS y el tope máximo, además que se unifica la contribución del estado como patrono.
La creación de una pensión básica universal conllevaría reformas alineadas a principios de solidaridad, cobertura, sostenibilidad y suficiencia, según explicó Aguilar.
Los regímenes de pensiones se fundamentan en cuatro pilares, estos buscan diversificar el riesgo del sistema nacional de pensiones para el beneficio que percibirán los trabajadores afiliados a los distintos esquemas.
Como primer pilar está el sistema de pensiones básico el cual está compuesto por un aporte de tres partes -estado, trabajador y patrono- este sistema cubre a personas asalariadas e independientes.
Estos fondos son administrados por tres instituciones, el régimen de vejez, invalidez y muerte por la Caja Costarricense de Seguro Social; el régimen de Capitalización Colectiva del Magisterio Nacional, administrado por la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema); y el régimen de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial, a cargo de esa entidad.
Existen disparidades respecto al aporte brindado por cada institución de manera que el IVM brinda una contribución de 5,25%, mientras que la del Poder Judicial es de 14,36%.
¿Cómo se financia?
El dinero que se requiere para financiar este sistema tendría que salir de fondos públicos.
De acuerdo a Robles, ese es un tema que se debe discutir, pero una de sus propuestas incluye crear un impuesto social, bajar las cargas sociales que ya enfrentan los trabajadores independientes o pasarlas a impuestos generales.
“¿Cuáles cargas se pueden pasar? Las que no están asociadas a pensiones y salud, como (los aportes) a asignaciones familiares, Fodesaf, IMAS (...), y cobrársele a todas las personas. Eso provocaría que baje el costo de la formalidad, se creen más trabajos, aumente la base de cotizantes para la CCSS y mejore el crecimiento económico”, dijo el exsuperintendente.
Estas son algunas de las soluciones que propone Robles para financiar el sistema social y romper con los ciclos de pobreza en adultos mayores.
De acuerdo a Robles es importante recordar que esta es una posible solución partiendo del hecho de que la reserva del IVM está cerca de agotarse y el sistema de pensiones del país no es sostenible, ni lo será. Además de que la reforma en el caso de que se apruebe tampoco le dará sostenibilidad en el largo plazo.
