En los próximos días entrará al plenario legislativo un proyecto de ley (expediente 24.616) que pretende ampliar las facultades del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).
El objetivo es que la institución pueda supervisar la conducta de mercado de las entidades financieras, lo cual incluye la atención y resolución de reclamos de los consumidores, la realización de inspecciones y monitoreos, y la solicitud de información a las organizaciones reguladas.
Además, el MEIC tendría la potestad para determinar qué entidades o productos financieros deben quedar sujetos a supervisión, e incluso podría ordenar acciones correctivas cuando considere que existen incumplimientos a la normativa.
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Esta situación alertó a la Asociación Bancaria Costarricense (ABC).
La agrupación asegura que, si bien respalda la creación de un marco legal para proteger al consumidor financiero, cuestiona varios aspectos de la iniciativa impulsada por el Gobierno.
Supervisión en manos del MEIC: La organización considera que el Ministerio debería encargarse de resolver los reclamos de los consumidores, pero no de supervisar la conducta de mercado de bancos y otras entidades financieras.
Esa función, afirma, debe mantenerse en órganos técnicos especializados como el Consejo Nacional de Supervisión Financiera (Conassif) y la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
Actualmente, esto ocurre en materia de seguros, valores y pensiones, cuyas funciones de regulación, supervisión de conducta y protección al consumidor recaen sobre la Sugese, la Sugeval y la Supen, respectivamente. Cualquier otro proveedor de productos o servicios financieros no fiscalizado por estos entes quedaría bajo la cobertura del MEIC.
Multas desproporcionadas: El proyecto utiliza un porcentaje sobre el patrimonio como parámetro para las sanciones.
Dado el volumen patrimonial de las entidades financieras, la Asociación argumenta que este criterio vulnera los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Por ello, sugiere que se utilice una cantidad determinada de salarios base o bien, se establezca un tope en términos absolutos.
Canon considerado excesivo: La iniciativa crea un canon de hasta un 1% de los ingresos brutos de las entidades supervisadas para financiar la regulación. Según la ABC, este monto equivale a 144 veces el presupuesto que destinó el MEIC a la protección del consumidor en 2023, por lo que lo considera arbitrario y desproporcionado.
Facultades excesivas para el MEIC: Se advierte que el proyecto otorga amplias atribuciones regulatorias al Ministerio, lo que podría abrir portillos para la discrecionalidad e, incluso, la arbitrariedad en la toma de decisiones.
Riesgo de coadministración: La propuesta podría generar una duplicidad de funciones entre el MEIC y las superintendencias financieras, lo cual provocaría excesos regulatorios y afectaría la claridad en la supervisión del sistema.
El dictamen del documento fue aprobado el pasado lunes en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, con cinco votos a favor y cuatro en contra.
Votaron a favor los diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO): Stephan Brunner, Antonio Barzuna, Nayuribe Guadamuz, Fernando Obaldía y Reynaldo Arias.
Por su parte, emitieron un voto negativo Janice Sandí, Andrea Valverde y Norjelens Lobo, del Partido Liberación Nacional (PLN), junto con Sigrid Segura, del Frente Amplio.
Al respecto, la Sugef aseveró a La Nación que su mandato legal “es de supervisión prudencial y no de protección del consumidor financiero en su relación con los proveedores de servicios”. Esto implica que la Superintendencia no se opone a otorgar más poderes al Ministerio de Economía.
Sin embargo, la entidad explicó que es necesario plantear una serie de ajustes en el texto, tales como:
- Avanzar hacia una autoridad única en materia de protección del consumidor financiero, pero sin generar traslapes con las competencias prudenciales de la Sugef ni afectar el marco especial aplicable a las entidades financieras supervisadas.
- Incorporar mecanismos claros de coordinación en la ley para asegurar que ninguna acción del MEIC pueda afectar, eventualmente, la sostenibilidad de una entidad financiera regulada o generar riesgos para el sistema financiero.
A favor y en contra
Los congresistas de oposición señalaron que el proyecto permitiría al MEIC acceder a información crediticia sensible de los consumidores, por lo que intentarán introducir cambios al texto vía moción.
La diputada liberacionista Janice Sandí cuestionó que la propuesta exija a los proveedores financieros registrarse ante el MEIC y que, en caso de operar sin este requisito, el Ministerio pueda ordenar el cierre del servicio ofrecido, incluso con el apoyo de la Fuerza Pública. Asimismo, criticó que el proyecto no fortalece de manera suficiente la labor de las superintendencias en materia de protección al consumidor financiero.
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En contraste, el diputado oficialista Stephan Brunner aseguró que actualmente el usuario está desprotegido, ya que no existe un ente que garantice que la información ofrecida por las entidades financieras sea clara. Agregó que, con frecuencia, a los clientes se les cobran comisiones y cargos adicionales que no resultan fácilmente identificables.
En la misma línea, el diputado oficialista Antonio Barzuna defendió el proyecto y afirmó que busca robustecer la protección de los usuarios. “La iniciativa responde a observaciones realizadas por organismos internacionales como la OCDE y el Banco Mundial, que han señalado la ausencia de una entidad especializada en la protección del consumidor financiero en Costa Rica”, destacó.
El informe del departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa avaló la idea de una “doble supervisión”: la Sugef mantiene la supervisión prudencial (riesgo sistémico) y el MEIC asume, de forma concentrada, la regulación de conducta de mercado para todos los proveedores de servicios y productos financieros, supervisados o no, convirtiendo a la Comisión Nacional del Consumidor en un verdadero Tribunal Administrativo especializado.
Al cierre de esta nota, se habían mandado consultas al Ministerio de Economía, Industria y Comercio para conocer su posición; sin embargo, todavía no se han recibido las respuestas.
