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No podemos aceptar que se busque rescatar instituciones públicas quebradas o que hoy día no aportan ningún valor. Dos casos recientes que nos costarían miles de millones de colones son la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) y el Consejo Nacional de Producción (CNP).

Estamos ante un canciller bamboleante que juega con las palabras al establecer una división artificial entre las declaraciones de Ottawa y Bogotá. Ambas excluyen el uso de la fuerza, aunque Ventura pretenda que la segunda está diluida. No hay lógica en la argumentación, las dos dicen lo mismo. Quien ha hablado de intervención militar abiertamente es el canciller de Costa Rica, al examinar la hipótesis de una autorización por parte del Consejo de Seguridad.

¿Estarán dispuestos los partidos de oposición a desempeñar un tan papel activo como el que han ejercido hasta ahora o empezarán a preocuparse tan temprano por el costo y el cálculo electoral?