Un grupo de expertos de la ONU acusó al gobierno de Nicaragua de utilizar la desaparición forzada de opositores como un crimen de lesa humanidad para consolidar el control político de Daniel Ortega.
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Nicaragua aprueba una reforma constitucional que inhabilita a la oposición, extiende el mandato presidencial a 7 años y blinda la sucesión de Ortega.
La Asamblea de Nicaragua aprueba una reforma constitucional impulsada por Daniel Ortega para inhabilitar candidaturas opositoras y extender el mandato a 7 años.