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Un controvertido proyecto de ley que entró a la corriente legislativa el 20 de marzo con el apoyo de 23 diputados de diferentes fracciones proponía, inicialmente, abrir por completo la posibilidad de que cualquier pensionado pueda retirar el dinero acumulado por años en el Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria (ROPC). El tema encendió un caluroso debate político.
La iniciativa enfrenta una fuerte oposición de la Superintendencia de Pensiones (Supen), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones (ACOP).
Las críticas al plan redactado por el despacho del legislador Eduardo Cruickshank, del Partido Restauración Nacional (PRN), dieron pie a un texto sustitutivo aprobado por mayoría en la Comisión de Hacendarios del Congreso, el pasado 4 de setiembre.
Con el aval de ocho de los diez diputados de ese foro legislativo, el proyecto de Ley para Resguardar el Derecho del Trabajador a Retirar los Recursos de la Pensión Complementaria (21.309) enfrentará ahora una serie de comparecencias en las que diferentes voces explicarán por qué sí y por qué no permitir esta reforma.
Una idea tentadora
Para comprender cómo nació este proyecto de ley es necesario regresar a la campaña electoral del 2018, Eduardo Cruickshank, hasta entonces abogado y pastor evangélico en Limón, empezó su carrera por llegar a una curul en la Asamblea Legislativa.
El ahora diputado confiesa que la idea de permitir el retiro completo de la pensión complementaria no es suya, sino, más bien, de una persona que le ayudó durante la campaña política y quien le pidió ayuda para convertir este régimen de capitalización individual en un especie de ahorro acumulativo a la vista para los jubilados.
El colaborador, cuenta el congresista, es un auditor con un buen salario quien durante los últimos años acumuló una cantidad importante de recursos en su ROP y con ese dinero planeaba emprender un negocio posterior a su retiro de la vida laboral como asalariado.
De entrada la idea podría ser tentadora. La posibilidad de acceder a una cantidad importante de recursos que fueron ahorrados durante años entre aportes del patrono y del trabajador, empata directamente con lo que el economista Luis Mesalles define como la predilección del ser humano de preferir lo inmediato sobre lo futuro.
Para el diputado que impulsa esta idea existen varias razones fundamentales por las que se debe transformar el ROP en un ahorro: que todos los pensionados de lujo pueden llevarse el dinero en uno solo tracto, que el Estado y el sistema no deberían decidir cómo se invierten esos recursos, y que la inyección de liquidez en ese momento de la vida ayudaría a fomentar la creación de emprendimientos o mejores planes de ahorro.
Los argumentos en contra de la iniciativa rebaten estas afirmaciones. El sistema complementario se creó en el año 2000 por medio de la Ley de Protección al Trabajador (7.983) con el objetivo de sumar más recursos a la pensión básica que se obtiene por cualquier otro régimen como el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el del Magisterio Nacional, el del Poder Judicial o el que se paga con cargo al Presupuesto Nacional.
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Los legisladores ya sabían desde ese entonces, señala el economista Eli Feinzaig, que los sistemas de pensiones básicas irían en descenso y sufrirían problemas de insostenibilidad en el futuro. Por esa razón decidieron crear un régimen de capitalización individual que mantiene los recursos ahorrados en cuentas individuales y protegidas por ley.
En la actualidad el Estado no dispone del dinero de las pensiones complementarias, solamente fija las reglas para devolver estos recursos cuando una persona se jubila. Las opciones son: la renta permanente, el retiro programado o la renta vitalicia.
Sobre el argumento de que los pensionados de lujo retiren todo el ROP, en la actualidad quienes reciben pensiones de entre ¢4 y ¢5 millones por mes se llevan el dinero en un solo tracto, pero quienes devengan ¢200.000 o menos cada mes, no pueden hacerlo.
En el medio existe un grupo que recibe entre ¢800.000 y ¢1,5 millones por mes y que enfrentan problemas para llevarse el dinero en una sola transacción porque su complemento es menor al 10% del total de su pensión básica.
El plan complementario se pensó como un pensión para proteger a las personas durante su proceso de envejecimiento, por esa razón, quienes reciben montos altos tienen una menor necesidad de aprovisionar recursos para enfrentar esa etapa de la vida. Así lo explicó Álvaro Ramos, superintendente de pensiones.
La coyuntura se atiza con las necesidades del Gobierno por conseguir más recursos para financiarse en momentos de estrechez fiscal y, sobre todo, luego de que en octubre del año pasado el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) aumentara del 50% al 80% el tope de los recursos que las operadores de pensiones pueden invertir en bonos de deuda pública. Esta es la lectura de Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas, quien se opone al proyecto.
Cambios y clima político
El texto sustitutivo presentado en setiembre incluyó dos cambios principales con respecto a la primera versión del expediente.
En lugar de permitir que todas las personas que cumplan con los requisitos para jubilarse puedan retirar el 100% de los recursos del ROP en un solo tracto, ahora se plantea esta posibilidad únicamente para quienes se jubilen entre el 2020 y el 2035.
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El argumento es que hasta ese último año el sistema complementario alcanzará la madurez suficiente para entregar entre un 15% y un 20% del total de la pensión básica a quienes cotizaron durante 35 años.
Otro de los cambios es que se aumenta del 10% –como está en la actualidad– al 20% el umbral para que las personas puedan solicitar todo el dinero acumulado en el ROP. Este cambio, a criterio de Ramos, es peligroso porque abre la puerta para que un grupo mayor de pensionados se lleven los recursos lo que generaría golpes a los rendimientos de los portafolios de las operadoras.
“A los que más afecta este tema es a quienes retiren el dinero, en el mundo tenemos muchos casos donde las experiencias fueron malas. En Malasia se permite retirar todo el dinero a los 55 años, un estudio mostró que a los 60 años el 50% de las personas ya había gastado todos los recursos y a los 65 años la cifra aumentó al 70%”, agregó el superintendente.
El texto fue aprobado por la mayoría de diputados de la Comisión de Hacendarios y al momento de la presentación inicial –en marzo–contó con la firma de 23 congresistas de los partidos Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana (PAC), Frente Amplio (FA), Unidad Social Cristiana (PUSC), Republicano Social Cristiano (PRSC), el PRN y otros independientes.
El aval en la comisión tiene como objetivo abrir el debate para recibir en comparecencia a diferentes actores, entre ellos, las operadoras de pensiones; ciudadanos interesados; Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR); y los jerarcas de la CCSS y la Supen. Así lo explicó Ana Lucía Delgado, presidenta de este foro legislativo.
Legisladores consultados por EF indicaron que prefieren esperar las audiencias para escuchar diferentes criterios y tomar una posición más concreta sobre el proyecto.
Mientras todo esto sucede, tanto Feinzaig como Hidalgo, no dudan en calificar la iniciativa como una cruzada populista que pondría en riesgo el futuro de los jubilados a cambio de una fuente de dinero que se podría gastar en consumo, pago de deudas de familiares y emprendimientos sin un futuro asegurado.
Pero Cruickshank defiende que el proyecto cuenta con el respaldo suficiente para convertirse en ley de la República muy pronto, lo que permitiría liberar ¢75.000 millones sólo durante el primer año y con esos recursos contribuir a la reactivación económica.
