Desde Zapote se impulsan tres cambios en los esquemas de aseguramiento de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). El objetivo es reducir la rampante informalidad tanto de las micro y pequeñas empresas como del mercado laboral.

El pasado 29 de agosto los esfuerzos dieron su primer fruto con la aprobación del Reglamento para la Aplicación de la Base Ajustada al Salario (BAS) para Microempresas en el Seguro de Salud por parte de la Junta Directiva de la CCSS. La normativa crea una tarifa escalonada en las cuotas del seguro de salud para patronos y empleados de emprendimientos y pymes.

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Es la segunda vez que la junta directiva vota un texto con condiciones especiales para las micro y pequeñas empresas. La primera versión –aprobada hace más de un año– fue enviada a consulta y nunca se aplicó. En el Poder Ejecutivo esperan que este segundo intento sea el definitivo y que el reglamento se convierta en un impulso para el aletargado ritmo de crecimiento económico.

Seguro por horas

Las intenciones iniciales del Gobierno versaban sobre la posibilidad de que la CCSS aprobara un solo paquete de medidas para impulsar la formalización de los negocios, el aseguramiento de las personas que trabajan por horas y la creación de planes de arreglo de pago para quienes están morosos.

Estas propuestas, planteadas bajo proyectos de reglamento o ajustes a normativas vigentes, ya se encuentran en el orden de asuntos que evaluará la junta directiva, pero tendrán que hacer fila porque serán analizadas una a una. Así lo explicó Román Macaya, presidente ejecutivo de la institución, en entrevista con EF.

Luego de la aprobación del reglamento de tarifas escalonadas para microempresas, es momento de abrir la discusión sobre la posibilidad de permitirles a los patronos asegurar a los trabajadores por jornada real efectiva.

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Esta modalidad facilitaría, por ejemplo, que si una persona contrata a otra para que trabaje como chofer durante algunas horas, le pague una cuota proporcional a la cantidad de tiempo que laboró y no un monto mayor fijo, como ocurre en la actualidad.

“Es importante que la CCSS se ajuste a los tiempos y a los nuevos modelos de trabajo. No podemos esperar que los tiempos se adapten a la dinámica institucional”, señaló Victoria Hernández, ministra de Economía, Industria y Comercio.

La propuesta llega justamente en el auge de los trabajos de la economía colaborativa mediante plataformas digitales como Uber, Glovo y Uber Eats. La implementación de este sistema también contribuiría con sectores como el turismo, la pesca y el agro.

El aseguramiento por jornada real efectiva le ofrecería la posibilidad de formalizarse a más de un millón de personas que trabajan en actividades informales en el país.

Dentro de este amplio grupo de la fuerza de trabajo, el ingreso mensual no es fijo ni constante, y esta realidad limita su inserción en el sistema de seguro de salud.

Otra iniciativa que deberá esperar su turno en la junta directiva es la creación de un sistema de arreglos de pago y amnistía para los patronos o trabajadores independientes que están atrasados con la entidad.

La idea inicial es utilizar los datos que tienen la CCSS, el MEIC y el Ministerio de Hacienda para identificar a las personas físicas y jurídicas que tienen atrasos en sus cuotas o deudas con sus obligaciones sociales.

Con base en los datos, se podrían ofrecer diferentes opciones para evitar la salida de negocios –sobre todo pymes y emprendimientos– y de empleados del sector formal por problemas de pago.

El pasado 30 de julio, la institución aprobó un conjunto de ocho medidas para flexibilizar las condiciones con el fin de que los morosos se pongan al día.

Entre los cambios destacan la reducción en la tasa de interés, la ampliación de plazos por incumplimiento de convenios de pago y la inclusión de gastos de formalización en deudas inferiores a ¢1 millón.

Ayuda para arrancar

La informalidad es un problema de peso para el país.

En Costa Rica existen 361.404 pequeños negocios, según los datos de la Encuesta Nacional de Microempresas de los Hogares 2018, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), y las pymes representan el 81% del parque empresarial del país. No todas se encuentran formalizadas, de acuerdo con información del MEIC.

Mientras tanto, el empleo informal alcanzó el 46,3% (1.011.437 personas) al cierre del segundo semestre del 2019; la cifra no representó una variación estadísticamente significativa con respecto a un año atrás. Los datos se desprenden de la Encuesta Continua de Empleo (ECE).

Aunque la cantidad de microempresas de los hogares se redujo un 13,5% entre 2017 y 2018, el número de personas que trabajan en el sector informal de la economía muestra una tendencia de crecimiento sostenido desde el segundo semestre del año pasado y alcanzó su punto más alto desde finales de 2010.

El Producto Interno Bruto (PIB) crecerá a un ritmo del 2,2% este año; la tasa se redujo un punto porcentual en la Revisión del Programa Macroeconómico 2019-2020 del Banco Central de Costa Rica (BCCR). A inicios de año, la entidad había proyectado que el crecimiento en términos reales sería del 3,2%.

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En medio de una economía desacelerada y de un fuerte crecimiento del empleo informal, el Gobierno impulsó una serie de medidas para reactivar la producción nacional. Una de estas acciones fue la aprobación del reglamento que flexibiliza el pago del seguro de salud para microempresas y pymes.

Esta normativa entrará en vigor un mes después de que se publique en el diario oficial La Gaceta y se convertirá en una primera oportunidad para que los pequeños negocios del país puedan superar el trámite de aseguramiento.

De hecho, las pymes consideran que el registro ante la CCSS es el tercer trámite más complejo, con un peso del 11%, solo por detrás de la obtención de la patente municipal (27%) y la inscripción ante el Ministerio de Hacienda (17,5%). Así se desprende del informe Estado de Situación de las Pymes 2018.

La posibilidad de soportar menos gastos en la carga social del seguro de salud durante los primeros años de vida de un negocio pretende ayudar a los emprendedores a estabilizarse para que puedan acceder al registro ante el MEIC y, después, a créditos con el Sistema de Banca de para el Desarrollo (SBD).