Economía y Política

Los financistas de la campaña: Chaves consiguió dinero de múltiples inversionistas y Figueres del BCT

El acceso a recursos bancarios de cara a la primera ronda dio muchos más recursos a Figueres que a Chaves, pero a este último se le investiga por el supuesto uso de una estructura paralela de financiamiento

Los dos candidatos que aspiran a la Presidencia de la República y que disputarán la segunda ronda de elecciones, este 3 de abril, apostaron por fondeos muy diferentes en primera ronda.

Rodrigo Chaves, de Progreso Social Democrático (PPSD), obtuvo su liquidez de múltiples personas físicas que compraron certificados de cesión con descuentos (ganancias por inversión) de hasta un 40%; mientras que José María Figueres, de Liberación Nacional (PLN), lo hizo a través de un solo crédito con el banco BCT.

El exministro de Hacienda Chaves colocó certificados de cesión por hasta ¢739 millones entre más de 60 compradores. De ese monto, recibió un aporte neto de ¢445,85 millones y el margen restante (¢295,15) millones se pactó como eventual “ganancia” para los inversionistas al momento de su devolución.

La operación crediticia del expresidente Figueres, por su parte, fue de ¢2.650 millones con el banco BCT, a través de un fideicomiso administrado por la firma Consultores Financieros S.A. (Cofin), y representó un financiamiento líquido neto de ¢2.085 millones para las tiendas liberacionistas, según su Tesorería.

En materia de donaciones (aportes en efectivo o en especie regalados a las campañas), el PLN recibió ¢528 millones entre todo 2021 y enero de este 2022 (precampaña y campaña); mientras que el PPSD ¢125,5 millones.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ya recibió una denuncia sobre el supuesto uso por parte de la campaña de Chaves de una estructura paralela de financiamiento, al margen de los controles legales obligatorios que establece el Código Electoral.

Según publicó el periódico La Nación, con base en información suministrada por una funcionaria del PPSD a las autoridades electorales, esa estructura habría sido un fideicomiso en el que participaron nueve personas y dos sociedades anónimas; el cual habría pagado gastos ordinarios de la agrupación, como pagos de la casa de campaña y alquileres para conferencias.

Como la deuda política se entrega, en su gran mayoría, hasta después de las elecciones como un reembolso de los gastos que ya hicieron los partidos políticos, la legislación costarricense permite a las agrupaciones otorgar “bonos” de la deuda política a terceros.

Bajo esa figura, el partido obtiene recursos frescos en el momento de la campaña y el inversionista recupera su dinero, más una retribución adicional, en caso de que el partido acceda a la contribución del Estado.

En el caso de Figueres, como ya se mencionó anteriormente, la campaña del expresidente únicamente colocó un certificado para acceder a un crédito con el BCT. El monto del crédito supera en unas cuatro veces el que recaudó Chaves con sus más de 60 inversionistas particulares.

Del total del monto pactado con el banco (¢2.650 millones), Liberación solo accedió a ¢2.085 millones y el resto corresponde a costos de operación e intereses. Ese dato lo brindó a EF Paulina Ramírez, la tesorera verdiblanca.

Chaves por su parte, colocó certificados de cesión entre 60 inversionistas.

Entre esas personas destacó Erick Francisco Quesada Gutiérrez, un empresario que aparece en el Registro Nacional como presidente de las sociedades Inversiones Cnrghias, La Troyana de Cahuita y Condominio Tinamaste Javillal; así como gerente, secretario y tesorero de otras siete personas jurídicas.

Él compró bonos a la campaña de Chaves por ¢167 millones, con un descuento del 40%. Es decir, prestó ¢100,2 millones líquidos al PPSD y ahora obtendrá esa misma proporción como reembolso más una ganancia de ¢66,8 millones e intereses.

Consultado en días recientes sobre su interés en la política y en la campaña de Chaves, Quesada respondió al medio El Observador agresivamente y afirmó que solo diría “de donde viene la plata” en caso de que alguien se lo cuestionara “de veras, con papeles y todo”.

Posteriormente, el TSE inició un proceso para solicitarle que pruebe su solvencia económica, para verificar la proveniencia lícita de esos recursos.

A Chaves también le compraron bonos de deuda política en grandes cantidades la familia Chaves Zamora y Bernal Jiménez Chavarría, hijo del expresidente del PLN del mismo nombre.

José Pablo Chaves Zamora (hijo) prestó ¢64,8 millones y obtendrá una ganancia de ¢43,2 millones; mientras que Calixto Chaves, fundador de Corporación Pipasa, dio ¢8,4 millones y recibirá ese mismo monto más ¢5,6 millones.

A nombre de Calixto Chaves también aparecen 21 bonos bajo la figura de “cesión” que inicialmente estaban en manos del propio candidato Rodrigo Chaves; del tesorero del PPSD, Stephan Brunner; y de una tercera persona llamada Federico Cruz Saranvaja.

Estos representarían una inversión adicional de Calixto Chaves por ¢12,6 millones a cambio de una ganancia de ¢8,4 millones. El jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE, Ronald Chacón, explicó a EF que la autoridad electoral realiza consultas al partido político para verificar la interpretación correcta de esas “cesiones” y determinar “si se trata de un segundo endoso a favor de la persona indicada”.

Calixto Chaves es secretario de una de las sociedades presididas por Erick Quesada Gutiérrez (Cnrghias) y participa en múltiples sociedades anónimas en el país; al igual que José Pablo Chaves, quien preside Inmobiliaria Solapa Colon, Aurum Minig Group Seventy Nine y Logística de Granos.

Bernal Jiménez, por su parte, giró ¢25,8 millones a la campaña del PPSD para la compra de bonos y recibirá como retribución ese mismo monto más ¢17,2 millones adicionales.

Asimismo, obtuvieron rentas de más de ¢6 millones a partir de compras de certificados de Chaves otras tres personas: Randall Rodríguez Ortiz (¢13,6 millones), Jiamyi Zhen Li (¢10 millones) y Gilber Porras Quesada (¢6 millones); quienes también aparecen con representación en múltiples sociedades.

Otras decenas dieron su dinero y obtendrán ganancias menores, como la misma fundadora del partido Luz Mary Alpízar o el tesorero Stephan Brunner.

Chaves también colocó certificados de cesión como pago por servicios a diversas compañías: ¢46 millones para Cadena Radial Costarricense; ¢33 millones para Massimo Esquivel Tessoni, quien aparece en el Registro Nacional como presidente de la Asociación de Profesionales y Afines en Derecho Laboral; ¢15 millones para Sociedad Periodística Extra; ¢11 millones para Alejandro Brokke Álvarez, director general de la agencia de comunicación Nexo; y ¢3 millones para Carlos Valencia Durán.

A pesar de que Chaves acudió a muchos más “prestamistas”, el expresidente Figueres acumuló muchos más recursos de cara a la primera ronda de elecciones.

El factor que más incidió en la brecha entre uno y otro fue el financiamiento bancario; pues ninguna entidad financiera fondeó a Chaves.

“Ningún banco nos quiso financiar. Nosotros nos hemos financiado a punta de bonos comprados por particulares y por algunos empresarios”, afirmó Cisneros, el 8 de febrero pasado. “(Los bancos) no creían en nuestro proyecto y no creían en nuestro partido. Tienen todo el derecho de no arriesgar su dinero porque es su dinero”, apuntó la diputada electa y mano derecha del candidato presidencial de esa bandera, Pilar Cisneros.

Cisneros fue una de las inversionistas que rentó comprando bonos de deuda política al partido que le dio su diputación. Ella adquirió certificados de ¢14 millones como una “inversión personal y para colaborar”, según dijo a La Nación. En total, la futura congresista giró ¢8,4 millones al PPSD en su campaña y obtendrá a cambio esos mismos recursos más una ganancia de ¢5,6 millones.

Otra desventaja de Chaves es que el PLN y su estructura tradicional suelen garantizar la recepción de una mayor cantidad de donaciones.

Entre los donantes del PLN destacaron personas del círculo cercano del exmandatario Figures como su estratega Jorge Oller y amigos suyos como el ganadero Luis ‘Kiko’ Alfaro o el exministro de Transportes, Bernardo Arce.

Pero también lo hicieron financistas tradicionales como las familias Esquivel (de negocios agrícolas y financieros) y Jenkins (de negocios azucareros) que usualmente apoyan las campañas liberacionistas.

También aportaron recursos empresarios como Carlos Manuel Uribe, vicepresidente de la junta directiva de Grupo Cuestamoras; Boris Gordienko Echeverría, presidente del Club Punta Leona; y Roberto Federspiel Pinto, presidente de Grupo Universal. Asimismo, se sumó en enero el excandidato presidencial Antonio Álvarez Desanti.

La diferencia de recursos entre el PLN y el PPSD; sin embargo, se recortó de cara a la segunda ronda de elecciones.

Los partidos ya tienen una idea de cuánto dinero les corresponderá de la contribución estatal, tras los resultados de la primera ronda del pasado 6 de febrero y podrán realizar los gastos que consideren necesarios para luego cobrarlos como reembolso.

Según una simulación hecha por EF y publicada el 24 de febrero pasado, con base en los resultados provisionales del conteo del TSE, el PLN tendría derecho a recibir unos ¢6.000 millones y el PPSD a unos ¢2.650 millones (montos a los que solo habría que restar el porcentaje para gastos ordinarios de organización no electoral de las agrupaciones).

La tesorera del PLN y diputada electa, Paulina Ramírez, señaló que los liberacionistas ya gestionaron un aumento en el financiamiento del BCT en ¢1.050 millones brutos, de los cuales terminarán recibiendo ¢880 millones netos.

El financiamiento del PPSD está bajo la lupa del TSE por dos motivos distintos.

Uno de ellos es la denuncia sobre el fideicomiso que habría servido para efectuar gastos relacionados con la actividad electoral de Chaves, la cual actualmente está en manos del TSE en un proceso de “investigación administrativa preliminar”.

El candidato ha señalado en repetidas ocasiones que los dineros de ese fideicomiso no se utilizaron para financiar su campaña política, sino que sirvieron como una fuente de financiamiento para una especie de think tank antes de ser él candidato.

Sin embargo, la secretaria general del PPSD, Adriana Brenes, aseguró al TSE en un documento publicado por Noticias Columbia que los dineros de ese fondo habrían pagado gastos políticos de diversa índole sin ingresar por el entramado oficial de la agrupación, como dicta la ley. Entre ellos, mencionó cuestiones relacionadas con la casa de campaña del partido, pautas publicitarias, alquileres y pagos de servicios profesionales y de planillas.

El fideicomiso habría recibido recursos de diversas personas como Jack Loeb Casanova, Bernal Jiménez Chavarría, Arnoldo André Tinoco, Adrián Torrealba Navas, José Coto Quesada, Damaris Robles Aguilar, Luis Diego Soto Clausen, Hey Friedrich y Sergio Naranjo; así como de las sociedades Galería Tres Mil y Península Group, del mismo Tinoco.

Según publicó el propio Chaves, por medio de este se habrían recaudado “unos $165.000 (¢107 millones)” entre sus contribuyentes, a los que sumó a una persona llamada José Antonio Yock.

El empresario Jack Loeb, empresario y vicepresidente Banco Prival Costa Rica, también fue uno de los principales donantes por las vías oficiales del PPSD (con aportes registrados entre julio de 2021 y enero de 2022). Solo él giró casi la mitad de las donaciones en especie y en efectivo registradas por la agrupación.

La investigación sobre los recursos del fideicomiso se realiza porque el Código Electoral establece en su artículo 126 que “la gestión del financiamiento privado estará a cargo de la tesorería del partido político o, en su defecto, de la persona autorizada por el comité ejecutivo superior para realizar actividades de recaudación de fondos”; y añade que “ninguna persona o grupo de personas podrá realizar gestiones en este sentido a beneficio del partido político sin la debida autorización de este”.

De hecho, se establecen penas de dos a cuatro años de prisión para quien “contribuya, done o entregue cualquier otro tipo de aporte, en dinero o en especie, a favor de un partido político por medio de terceras personas, grupos u organizaciones paralelas”; y de dos a seis años para los personeros de los partidos, de cualquier rango, que “reciban contribuciones, donaciones o cualquier otro tipo de aporte valiéndose de una estructura paralela para evadir el control del partido político”.

Figueres y Chaves también aportaron algunas de las donaciones en efectivo y en especie para sus propias campañas. Figures giró ¢56,5 millones y Chaves ¢26,1 millones hasta enero.

En las siguientes tablas puede encontrar la información suministrada por parte de los partidos políticos al TSE sobre la colocación de bonos de deuda política y donaciones hasta enero de 2022.

En el caso del PLN, no se hace recuento de los bonos de deuda política porque únicamente pidió la cesión de un tracto para conseguir el crédito por ¢2.650 millones con el banco BCT.

Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista de la sección de Economía y Política de El Financiero. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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