A pesar del repunte económico y social registrado en 2024, Costa Rica no ha logrado revertir la época de retrocesos en su desarrollo humano sostenible.
Esa es una de las principales conclusiones del Informe Estado de la Nación (PEN) 2025, el cual explica que las mejoras observadas el año pasado no compensan el deterioro acumulado en múltiples dimensiones fundamentales para el bienestar y el funcionamiento democrático del país.
Según el documento, la evidencia histórica muestra que la fragilidad estructural pesa más que los avances coyunturales y que Costa Rica continúa inmersa en un período caracterizado por estancamiento, debilitamiento institucional, rezagos ambientales, sociales y amenazas nuevas que se suman a problemas preexistentes.
“Hay desarrollo humano sostenible cuando, a lo largo de un período, es posible documentar una continua ampliación de oportunidades, capacidades y libertades de la mayoría de sus habitantes con un uso sostenible de los recursos vitales”, explica.
Sin embargo, en el país ahora predomina una tendencia regresiva: retrocesos simultáneos en múltiples indicadores, debilitamiento del rol del Estado, presiones crecientes sobre los ecosistemas y señales de desgaste social.
Retrocesos en sostenibilidad ambiental
La primera señal de retroceso sostenido se observa en la sostenibilidad ambiental; el uso de energía, agua y suelo se volvió crecientemente insostenible, con récords en el consumo energético y una fuerte dependencia de los combustibles fósiles.
El transporte, principal consumidor de energía, enfrenta un colapso progresivo, mientras el parque automotor se expande aceleradamente, lo cual produce más emisiones, congestión y costos económicos.
De acuerdo con la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), la cantidad de operadores de autobús pasó de 240 en octubre del 2018, a 182 a mayo del 2025, una reducción de 24,2%.
En el mismo lapso se reporta la baja de un 42,2% en el número de pasajeros movilizados.
Las presiones sobre el agua también se intensifican por tensiones entre su disponibilidad, demanda y calidad, con proyecciones que muestran que regiones como Guanacaste podrían enfrentar condiciones de aridez permanente hacia finales de siglo.
De igual forma, es tangible una mayor presión sobre las cuencas debido a la creciente extracción de agua, a su vez acompañada por mayores interrupciones en el servicio de agua potable. ¿La razón? Más demanda por expansión agrícola, industrial y de urbanización.
A este panorama se suman tensiones territoriales relacionadas con conservación, propiedad de la tierra y expansión inmobiliaria, que dejan al descubierto una “gestión débil”.
Política fiscal y gasto social en declive
En materia fiscal, Costa Rica logró reducir la deuda y estabilizar las finanzas públicas, pero con el sacrificio de la inversión social, uno de los pilares del desarrollo humano.
Bajo esa línea, el gasto social cada vez pierde más peso dentro del presupuesto nacional. De hecho, si se observa como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), se identifica un decrecimiento a partir de 2020 y sus particularidades relacionadas con la pandemia por covid-19.
Hasta entonces se mantenía una tendencia al alza, con leves bajas ocasionales. Sin embargo, en solo tres años disminuyó en un 3,74% al pasar de 24,22% en 2020 a 20,74% durante 2023.
“La educación y salud perdieron prioridad, mientras que protección social emergió como el principal destino, impulsado por el aumento de las personas con derecho a una pensión contributiva”, señala el documento.
Asimismo, se advierte que esta tendencia configura un cambio regresivo en el Estado de Bienestar, pues mientras los servicios universales pierden financiamiento, la estructura de gasto se desplaza hacia programas que benefician principalmente a quienes ya están dentro del sistema formal, lo que deja menos recursos disponibles para la niñez, la juventud y la población en general.
Desigualdad y debilidad económica
El segundo gran retroceso está asociado al crecimiento económico menos inclusivo y más desconectado del empleo y los ingresos de las personas.
Aunque la producción aumentó más del 20% desde 2020, el país aún no recupera los niveles de empleo previos a la pandemia.
La productividad creció, pero los salarios reales prácticamente no se movieron en los últimos quince años, lo que profundiza la desigualdad.
Además, la informalidad afecta a cerca del 38% de la fuerza laboral, y las mujeres, especialmente las madres, enfrentan brechas significativas para insertarse en el mercado de trabajo.
El país también enfrenta un riesgo estratégico derivado de su creciente dependencia de Estados Unidos: el 47% de las exportaciones, más de la mitad de la visitación turística y el 80% de la inversión extranjera directa provienen del mercado estadounidense.
Esa concentración expone a Costa Rica a cambios en la política comercial y económica de ese país, además de un entorno internacional más incierto y competitivo.
Infraestructura crítica e inseguridad
A este contexto se agregan fallas estructurales que limitan la competitividad, entre ellas el rezago crónico en infraestructura.
Los proyectos viales acumulan sobrecostos que superan el 60% en algunos casos, y el deterioro de los puentes nacionales se “tornó alarmante”: siete de cada diez se encuentran en condición deficiente o con riesgo de fallo.
Por otro lado, la inseguridad se suma como un factor que debilita la economía. Costa Rica cerró 2023 con la cifra más alta de homicidios de su historia y, a pesar de una leve baja en 2024, la violencia todavía genera altos costos económicos y sociales, equivalentes al 3% del PIB, según la estimación del programa.
Fragilidad institucional y judicialización
En el ámbito político, señala un debilitamiento sostenido de la capacidad del Estado para generar políticas públicas progresivas.
El Poder Ejecutivo muestra limitaciones en su gestión y en su relación con la Asamblea Legislativa, que aprueba leyes, pero sin conexión con los principales desafíos del desarrollo nacional.
A esto se suma un aumento de la judicialización de conflictos públicos: los desacuerdos que antes se canalizaban mediante protesta, diálogo o negociación ahora se trasladan cada vez más a los tribunales, lo que causa un sistema judicial sobrecargado.
En 2013, se contabilizaban 17.408 resoluciones dictadas por la Sala Constitucional. Diez años después, en 2023, había 29.929.
Paralelamente, la participación electoral sigue a la baja, especialmente entre personas de menores ingresos y generaciones más jóvenes.
Costa Rica no solo enfrenta retrocesos acumulados en ámbitos clave, sino que además vive cambios regresivos en su estilo de desarrollo, sin una deliberación democrática amplia que permita valorar su conveniencia o sus riesgos.
El país, según PEN, debilita pilares históricos sin haber construido alternativas sólidas. Por ello, a pesar del repunte registrado en 2024, la trayectoria general todavía es preocupante.
