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El Gobierno de la República propuso, el 9 de setiembre, nuevas modificaciones para viabilizar el proyecto de reforma a la Ley de Impuesto Especial sobre los Premios de Lotería y otros Juegos de Azar (22.354).
La nueva medida es parte del programa de ajuste fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El Ejecutivo informó que ahora el tributo se cobraría a los premios de más de un salario base, es decir, se cobraría un 25% sobre los premios superiores a ¢462.200. En la versión inicial del proyecto se planteaba como punto de partida los premios de medio salario base (¢231.100).
Asimismo, el impuesto ya no solo cubriría los juegos relacionados con la Junta de Protección Social (JPS) —como establecía la versión anterior— sino con cualquier otra actividad que se pague en el territorio nacional.
Con esto, el Poder Ejecutivo tiene como objetivo generar algún mecanismo para cobrar impuestos sobre las loterías o sorteos ilegales.
No obstante, los juegos de la Cruz Roja, los casinos y las apuestas electrónicas quedarían exentos del pago del impuesto, debido a que ya pagan su propio tributo.
Por otra parte, el texto sustitutivo asigna la administración y fiscalización de este impuesto a la Dirección General de Tributación; anteriormente, esta función recaía únicamente sobre la JPS.
La retención y declaración del impuesto recaería sobre la persona física o jurídica organizadora o promotora del sorteo, quienes deberán rendir declaraciones juradas indicando los montos retenidos por impuesto y deberán pagar el tributo a más tardar el decimo día del mes siguiente al que se efectuó el sorteo.
Con el impuesto a los premios de lotería, el Gobierno busca generar ingresos por unos ¢41.800 millones anuales, equivalentes al 0,12% del producto interno bruto (PIB).
La base para imponer el cobro se fijó con referencia al salario base del oficinista 1 del Poder Judicial.
Las propuestas del Ejecutivo buscan una respuesta favorable en el Congreso para una agenda que representa un tercio del ajuste fiscal convenido con el FMI, como parte del programa de financiamiento por $1.778 millones en tres años que se pactó que con esa entidad.
Las propuestas de cambio fueron una promesa que realizó el Gobierno a las jefaturas de fracción de la Asamblea Legislativa, ante los estrechos plazos que quedan para dar dictamen a las mismas en las comisiones de Asuntos Jurídicos, Asuntos Hacendarios y Asuntos Económicos.
La mayoría de las iniciativas deberán ser votadas en estos foros en setiembre y octubre, para decidir si continúan o no su trámite en el Congreso.
