El presidente Rodrigo Chaves insistió este miércoles 9 de abril en presionar a los diputados para que aprueben el proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo, el cual crea un nuevo impuesto sobre los ingresos generados por los operadores de radio y televisión.
“Los diputados proponen una ley absurda”, acusó Chaves desde Atenas, Alajuela, donde se realizó el Consejo de Gobierno y la conferencia de prensa.
El Ejecutivo impulsa el proyecto de Ley N° 24.461, presentado ante la Asamblea Legislativa en abril de 2023 y propone un cargo sobre los ingresos brutos de 7,73% y de 3,13% a concesionarios de frecuencias de televisión y de radio, respectivamente.
La industria considera que es duplicar un impuesto que ya pagan mediante los tributos de Renta y el de Valor Agregado (IVA).
Chaves advirtió nuevamente que vetaría el proyecto de los diputados, bajo el expediente N° 23.673 y que obtuvo voto de mayoría en la Comisión de de Gobierno y Administración, con el respaldo de las fracciones de los partidos Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Liberal Progresista y Nueva República.
Este segundo proyecto plantea otro modelo de actualización de las tarifas establecidas por la Ley de Radio (N° 1758) de 1958.
Aquí la propuesta es cobrar un porcentaje del salario base (actualmente en ¢462.200) según la potencia medida en watts asignada a cada concesionario, mientras que para los concesionarios de radiodifusión televisiva pagarán por año el monto equivalente a ocho salarios base.
Chaves insistió en su postura en compañía con Paula Bogantes, ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).
La semana anterior el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ordenó al Micitt detener la implementación de variaciones en el modelo y asignación de frecuencias de radiodifusión antes de que concluya el proceso electoral 2026.
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Este miércoles el gobierno atacó al TSE diciendo que no le compete las decisiones sobre las concesiones de frecuencias de radio y televisión.
Asimismo, acusó a las televisoras —y en concreto a Televisora de Costa Rica (Teletica)— y a otros medios, incluyendo a La Nación (al que pertenece El Financiero) de obtener millones de colones por pauta estatal y electoral, mientras en el caso de las primeras pagan sumas “irrisorias” por las frecuencias.
Bogantes insistió que la competencia de decidir cómo funcionan las concesiones es del Poder Ejecutivo y recalcó que depende de los diputados y de la aprobación del proyecto impulsado por el gobierno para que continúen los servicios de radio y televisión después de setiembre.
El gobierno aprobó en 2024 una extensión de las concesiones actuales por 15 meses y hasta setiembre próximo mientras se aprueba su proyecto.
La Ministra también dijo que la implementación de un concurso de frecuencias para radio y televisión tiene como fin el ordenar las concesiones.
El Presidente también dijo que con la propuesta de los diputados se afectaría a varias emisoras pequeñas y de algunos sectores, como los cristianos.
“Esto no es política electoral. Es política pública. Si quieren jugar, lo veremos el próximo 28 de setiembre”, dijo Chaves.
