EscucharLa promesa del retiro como etapa de descanso absoluto es, para miles de costarricenses, una imposibilidad financiera.
Llegar a la edad de jubilación no garantiza la tranquilidad económica necesaria para dejar de trabajar definitivamente, lo que obliga a una gran parte de la población mayor a extender su vida laboral por pura necesidad de subsistencia.
El más reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), “Panorama de las pensiones 2025”, desnuda esta paradoja con datos que colocan al país en una posición compleja frente a sus pares latinoamericanos.
Aunque el ingreso promedio de los hogares con personas mayores es cercano al promedio nacional, cerca de una cuarta parte de los adultos mayores vive en pobreza, lo que apunta a una cobertura desigual.
Costa Rica enfrenta un escenario difícil en el mercado laboral para sus ciudadanos de mayor edad, caracterizado por barreras burocráticas que dificultan la transición suave entre el empleo y la jubilación.
El informe ubica a Costa Rica entre los países donde, para empezar a recibir la pensión, en la práctica suele requerirse terminar el contrato de trabajo (si es en el sector público), lo que limita la posibilidad de una transición gradual y puede incentivar la búsqueda de ingresos por fuera del empleo formal, en algunos casos.
A pesar de estas trabas, la necesidad empuja a los ticos a seguir produciendo ingresos laborales mucho después de los 65 años, más que en otras economías desarrolladas.
El reporte agrupa a Costa Rica entre los países donde el trabajo representa una parte importante de los ingresos de los adultos mayores, confirmando que el salario sigue siendo un pilar vital de subsistencia porque la transferencia de la pensión no basta.
Ingresos que confunden
Al revisar las estadísticas de ingresos promedio, la situación de los pensionados ticos podría parecer envidiable a primera vista, pues el ingreso de los mayores de 65 años equivale al 96,1% del ingreso promedio de la población total.
Este dato sugiere que un adulto mayor promedio tiene casi el mismo dinero disponible que el ciudadano promedio del país, superando la media de la OCDE, que ronda el 87%.
Costa Rica se sitúa por encima de Chile, donde este indicador cae al 84,9%. Sin embargo, queda por debajo de México, que muestra un 101,6%, lo que significa que allá el ingreso promedio de los hogares con personas mayores supera ligeramente al promedio nacional.
Sin embargo, este indicador es engañoso si se interpreta como señal de riqueza generalizada, ya que esconde profundas desigualdades entre los pensionados.
Que el ingreso sea similar al promedio nacional no significa que alcance para vivir, sino que la precariedad está distribuida, y aquí es donde el informe lanza el dato más crítico para la realidad nacional:
El 25,8% de las personas mayores de 65 años en Costa Rica vive en pobreza relativa, definida como tener ingresos inferiores a la mitad del ingreso que divide a la población en dos partes iguales (la mediana).
Esta cifra deja mal parado al país frente a sus socios comerciales, pues el promedio de pobreza en la vejez de la OCDE es de apenas el 14,8%, casi la mitad de la tasa costarricense. La desventaja también es evidente frente a la región: en Chile, la pobreza en la vejez es del 16,2%, y en México, a pesar de su alta informalidad, la tasa es menor, ubicándose en el 18,3%.
Además, la desigualdad entre los propios adultos mayores es de las más altas del grupo analizado. El coeficiente de Gini para mayores de 65 años en Costa Rica es de 0,486, por encima de México (0,433) y Estados Unidos (0,419).
El diseño del sistema de pensiones también mantiene reglas de género que, aunque nacieron como un beneficio social, terminan castigando financieramente a las mujeres a largo plazo:
Costa Rica permite a las mujeres retirarse a los 63 años y a los hombres a los 65, una brecha que la OCDE ya desaconseja y que la mayoría de países del bloque ha eliminado o está en proceso de eliminar.
El organismo internacional advierte sobre el costo oculto de esta medida, señalando que permitir el retiro anticipado “afecta negativamente a sus niveles de pensión”.
Esto significa que dicha regla afecta negativamente los montos de pensión que reciben las mujeres, ya que al cotizar menos años y vivir más tiempo, sus derechos acumulados deben financiar un período de retiro más largo, lo que reduce el monto de las mensualidades.
En el promedio de la OCDE, las mujeres de 65 años pueden esperar vivir 21,6 años más, frente a 18,5 años para los hombres, lo que agrava el impacto de retirarse antes. Este factor, sumado a carreras laborales más interrumpidas por labores de cuido no remunerado, crea una fórmula perfecta para la precariedad femenina en la vejez.
El panorama que traza el informe es el de un sistema bajo fuerte tensión social, en el que los ingresos laborales se vuelven un componente central para sostener el nivel de vida en la vejez.
Mientras países como Colombia discuten reformas profundas y Chile refuerza sus pilares solidarios, Costa Rica mantiene un esquema de alta desigualdad en la etapa de retiro, con un coeficiente de Gini de 0,486 entre mayores de 65 años y una pobreza en la vejez que supera el promedio de la OCDE.
