La economía costarricense ya no se mueve únicamente al ritmo de los regímenes especial y definitivo. A esas dos grandes dinámicas de generación de ingresos y empleo se suma una fuerza que opera desde la ilegalidad: las organizaciones criminales.
El fenómeno, que el Informe Estado de la Nación 2026 denomina la economía del crimen, dejó de estar asociado exclusivamente con el tráfico de drogas. Su alcance comprende una red de negocios ilícitos que se extiende a otras actividades, utiliza las oportunidades de la economía formal para obtener ganancias y encuentra mecanismos para incorporar esos recursos al circuito financiero y comercial del país.
Luis Vargas, economista e investigador del informe, explicó la criminalidad y el crimen organizado conforman esa tercera economía porque “opera como una economía que tiene una oferta, que tiene una demanda, que tiene precios, que tiene mercados que se interrelacionan entre sí y mueve mucho dinero”.
Una señal de la dimensión que ha adquirido esta dinámica está en los montos de dinero decomisados por las autoridades en investigaciones relacionadas con la legitimación de capitales. Entre enero y el 17 de noviembre de 2026, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) incautó casi tres veces el monto decomisado durante todo 2024 por este delito.
Los montos pasaron de ¢3.354 millones al cierre de 2024 a un total de ¢8.655 millones incautado en 2026, según datos de la Sección de Legitimación de Capitales del OIJ.
Detrás de esas operaciones está el lavado de activos, una de las principales herramientas de las organizaciones criminales para introducir las ganancias de sus actividades ilegales en la economía formal. El objetivo es transformar recursos cuyo origen no puede justificarse en dinero que circule bajo una apariencia de legalidad.
No se trata, por tanto, de dos economías completamente separadas. La actividad criminal necesita de las estructuras comerciales, financieras y patrimoniales del mundo formal para ocultar sus movimientos. Esa relación es precisamente una de las características que hacen más complejo dimensionar su alcance.

Ampliación de la economía delictiva en el país
La expansión de esta economía también tiene una expresión territorial. De acuerdo con datos del OIJ utilizados por el Informe Estado de la Nación, durante los últimos seis años las organizaciones criminales ampliaron su presencia: pasaron de concentrarse en el Valle Central, San Carlos y el Caribe a extenderse hacia la zona de Occidente y la costa del Pacífico.
A ese desplazamiento geográfico se suma otra señal de su capacidad de expansión: en algunos cantones se registró la presencia simultánea de tres o más grupos delictivos, mientras aumentó la cantidad de organizaciones criminales desarticuladas. Más de la mitad de esos grupos fueron investigados por delitos relacionados con el tráfico de drogas (84 organizaciones) o la legitimación de capitales (15).
Luis Vargas comentó que la economía del crimen es un ecosistema. “Se podría pensar que las organizaciones criminales se enfocan en la venta y trasiego de drogas por el territorio, pero hay muchos otros mercados: sicariato, delitos informáticos y préstamos ‘gota a gota’, por ejemplo”.
La diversificación también se refleja en las estadísticas de criminalidad. Las denuncias por delitos informáticos presentadas ante el OIJ se multiplicaron por seis entre 2019 y 2025, al pasar de 2.123 a 13.362. La estafa informática fue uno de los principales motores de ese incremento: desde 2022 concentra más del 60% de las denuncias y alcanzó cerca del 77% en 2025.
Las redes delictivas también encuentran oportunidades en el transporte de mercancías. Los asaltos y hurtos a unidades de carga investigados por el OIJ aumentaron un 29% entre 2016 y 2025.
La distribución territorial de estos hechos tampoco es casual. Los cantones con mayor concentración se ubican en el corredor que conecta los puertos de Caldera y Moín con el Valle Central. En conjunto, acumularon el 90% de los asaltos y hurtos a unidades de transporte de carga registrados en 2025.
Víctor Pérez, presidente de la Cámara de Exportadores (Cadexco), agregó que la Ruta Nacional 1 y la Ruta Nacional 27 son las vías en donde sus asociados reportan mayor robo de contenedores. Los productos más robados son: snacks, galletas, electrodomésticos y productos de papel
El dinero ilícito encuentra espacio en los negocios formales
Esa expansión de las actividades criminales también se refleja en los recursos identificados por las autoridades. El dinero decomisado por legitimación de capitales alcanzó en 2026 los ¢8.655 millones, un monto 158% superior al registrado en 2024. Además, al 17 de noviembre, la cifra estaba a solo ¢453 millones de igualar lo contabilizado durante todo 2025.
Una vez que las organizaciones criminales obtienen ganancias, necesitan resolver otro problema: cómo utilizarlas sin revelar su procedencia.
Para conseguirlo, recurren a mecanismos como el uso de testaferros, personas que figuran formalmente como propietarias de bienes, empresas o cuentas bancarias, aunque en realidad actúan en representación de terceros.
En junio pasado, Rodrigo Monge, entonces jefe a. i. de la Sección de Legitimación de Capitales del OIJ, explicó a El Financiero que las organizaciones criminales suelen utilizar negocios con un alto movimiento de efectivo porque les permiten incorporar dinero de origen ilícito a los ingresos de la actividad comercial.
Uno de los mecanismos identificados por el OIJ involucra los puestos de lotería, mediante la venta de tiempos y apuestas. En ese esquema, los clientes pueden realizar sus apuestas por medio de transferencias bancarias o Sinpe Móvil, sin saber que el negocio podría estar siendo utilizado como fachada por una organización criminal.
Cuando llega el momento de pagar los premios, los responsables utilizan efectivo procedente de actividades ilegales para cumplir con esas obligaciones.
El riesgo tampoco se concentra exclusivamente en los negocios que manejan efectivo. Según datos del Departamento de Estado de Estados Unidos citados por el Informe Estado de la Nación, la construcción, el sector inmobiliario, la venta de vehículos, el cambio de divisas y la hotelería figuran entre las actividades especialmente expuestas al lavado de activos.
En particular, el sector inmobiliario presenta características que pueden facilitar estas operaciones. El informe señala que resulta atractivo por la liquidez de los mercados en zonas turísticas, el uso extendido de sociedades anónimas como propietarias y la ausencia de datos sistemáticos sobre los precios de transacción.
Aunque la Cámara de la Construcción y la Cámara de Corredores de Bienes Raíces no respondieron las consultas de El Financiero sobre la inserción de la criminalidad en esos sectores, William Chinchilla, abogado experto en cumplimiento y prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, advirtió que las torres de apartamentos y las viviendas pueden resultar atractivas para las organizaciones criminales debido al elevado valor de las propiedades.

Una economía que altera las condiciones de competencia
Entre 2024 y 2025, los montos registrados por el OIJ por lavado de activos aumentaron un 171%. Ese incremento superó ampliamente las variaciones de los dos regímenes que tradicionalmente se utilizan para analizar la actividad productiva del país.
Al cierre de 2025, el régimen definitivo registró una variación media del 2,65% respecto al año anterior, mientras que el régimen especial creció un 14,2%. En conjunto, la economía costarricense alcanzó una expansión del 4,98%.
Rodrigo Cubero, economista y expresidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), explicó que no existe una contradicción entre una economía formal que crece y una actividad criminal que gana terreno.
El exjerarca también señaló que las operaciones del crimen organizado suelen realizarse en efectivo y en dólares. En consecuencia, generan divisas que pueden incorporarse a los flujos monetarios del país.
“¿Cuántas divisas? No sabemos porque por definición es una actividad difícil de trazar. Pero lo que uno pensaría es que claramente ha sido un factor en el aumento de la oferta de divisas en el país, con la sobreabundancia de divisas en los últimos cuatro años y que ha generado una presión muy fuerte a la baja en el tipo de cambio”, señaló Cubero.
Aunque la caída en el tipo de cambio no se puede atribuir únicamente a actividades delictivas, la apreciación cambiaria sí ha tenido impactos dañinos sobre la competitividad de algunos sectores del país. Por ejemplo, se trata de una de las razones que señalan las empresas extranjeras detrás de despidos y reducciones de planillas.
Entre 2023 y 2026, más de 40 empresas solicitaron al Ministerio de Comercio Exterior (Comex) reducir sus compromisos de nivel de empleo. Entre las razones expuestas por algunas compañías figura el comportamiento del tipo de cambio, que eleva los costos de operación cuando sus ingresos se generan en dólares y sus gastos locales se pagan en colones.
Pero los efectos económicos del crimen organizado no terminan en el mercado cambiario. Su expansión también puede deteriorar las condiciones necesarias para atraer y mantener inversiones.
“Lo que pasa es que conforme más crece el crimen organizado más se va desincentivando la inversión y consecuentemente el crecimiento económico de mediano plazo. Los inversionistas, tanto domésticos como privados, terminan siendo muy reticentes a operar en ambientes y países donde está muy presente el crimen y, sobre todo, donde se siente que hay debilidades institucionales que podrían impactar patrimonialmente a la empresa”, explicó Cubero.
De hecho, la inversión extranjera directa (IED) fresca —nuevos proyectos— en Costa Rica cayó en un 18% en 2025 en relación con el monto alcanzado en 2024.
¿Por qué se expande la economía del crimen?
Vargas, investigador del informe, explicó que la economía del crimen en el país surgió como consecuencia de la concentración de oportunidades donde “somos un país que crece a buen ritmo, pero que ese crecimiento no se distribuye para todas las personas y todos los territorios como queríamos”. Es decir, el crecimiento es poco inclusivo y lleva a que algunas personas y zonas vulnerables no incluidas en el crecimiento busquen negocios ilícitos para obtener ingresos.
A este escenario se suman otros dos factores: la desatención de inversiones estatales estratégicas para el desarrollo humano, particularmente en educación y seguridad, y la expansión de los mercados internacionales de negocios ilícitos.
La dimensión financiera del fenómeno también se refleja en las alertas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). Durante el primer semestre de 2026, los reportes de operaciones sospechosas sumaron ¢23.256 millones, un 151,9% más que en igual período de 2025. En dólares, alcanzaron $269,7 millones (+24,1%), pese a que disminuyó la cantidad de reportes.
José Quesada, presidente de la Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos Conexos (Felade), explicó que la diferencia entre una participación legítima en una operación y una posible colaboración delictiva está relacionada con el cumplimiento de los deberes de diligencia debida.
“La conclusión para la prevención es clara: el monitoreo debe enfocarse en redes y patrones, y la educación financiera es clave para que las personas no presten sus cuentas ni acudan al crédito informal”, indicó Quesada.
La economía del crimen representa, así, un desafío que trasciende el ámbito policial. Su capacidad para diversificar actividades, extenderse territorialmente y utilizar las estructuras de los mercados formales revela que el problema no consiste únicamente en la existencia de organizaciones ilegales, sino en las condiciones que les permiten integrarse a la dinámica económica del país.
