El sistema de pensiones en Costa Rica es como un tanque de agua que necesita un flujo constante para garantizar el recurso, incluso para aquellos que no contribuyeron para obtenerlo. Si el agua sale más rápido de lo que entra, el nivel del tanque baja, poniendo en peligro la seguridad de los pensionados.
Lo anterior ya sucede y causará el agotamiento de la reserva del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) en el 2047, según proyecciones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que indican que a partir del 2035 empezará el debilitamiento de dicho régimen.
LEA MÁS: Jubilación a los 70 años en Costa Rica, ¿es la solución para rescatar el IVM?
Esta situación se acentúa con la transformación demográfica: el número de pensionados aumenta y los nuevos nacimientos disminuyen. Es decir, cada vez es menor la cantidad de personas que aportan al régimen de pensiones frente al total de jubilados que demandan ese ingreso mensual.
Mientras la pensión básica lucha por continuar llenando ese tanque, el Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria (ROP) encontró un nuevo norte bajo los fondos generacionales, los cuales permitirían un reajuste en la manera de invertir los aportes de los trabajadores. El cambio entrará a regir en el 2026, a la espera de que no sea pospuesto, como ya sucedió este año.
A pesar de estos contrastes, lo cierto es que los trabajadores contarán con pensión en el corto, mediano y largo plazo, ya que es un derecho fundamental en Costa Rica. Sin embargo, la garantía de ese ingreso en la vejez representa ajustes estructurales y paramétricos que repercuten en el bolsillo de quienes cotizan.
“Cualquier medida tendrá un costo. Todo ajuste causará un ‘dolor’, pero la pregunta es: ¿qué será lo menos doloroso?”, dijo Javier Cascante, exsuperintente general de Entidades Financieras.
Ajuste en el IVM
Las palabras “crisis” y “agotamiento de la reserva” forman parte de cualquier diálogo sobre las pensiones en Costa Rica. Los aportes actuales de los patronos y trabajadores no serían suficientes para sostener a largo plazo —y de manera sólida— uno de los bastiones de la seguridad social.
Cambiar la estructura de financiamiento, ajustar el porcentaje de contribución, ajustar la pensión mínima, cambiar el monto de la pensión, eliminar el retiro anticipado para las mujeres, extender la edad de jubilación y que el aporte al Seguro de Salud deje de ser asumido por el fondo de pensiones son las propuestas que creó el Comité de Vigilancia del IVM para equilibrar la sostenibilidad, la cobertura y la suficiencia de la pensión básica.
El comité recomendó que el IVM sea financiado con los aportes de los trabajadores y patronos, con el fin de que el Estado ya no dirija su contribución al régimen, sino al Seguro de Salud. Otra idea se enfoca en que los futuros jubilados reciban por concepto de pensión un equivalente al 40% del salario, mientras que actualmente representa entre un 43% y 52,5%.
Aunque el modelo de pensiones requiere una reestructuración en las distintas áreas que lo conforman para así garantizar un equilibrio, Alejandro Solórzano, exgerente general de la operadora de pensiones complementarias Vida Plena, se opone a la idea de aumentar la edad de retiro hasta los 70 años, aunque no descarta la necesidad de efectuar un leve ajuste en esa dimensión.
“Para lograr que el sistema esté en equilibrio se tiene que ir pensando en un cambio en el modelo de financiamiento. La CCSS tiene un sistema de reparto; se necesita analizar cuál modelo de financiamiento se quiere utilizar porque también existe el de capitalización, por ejemplo”, indicó Solórzano.
En el sistema de reparto el flujo de cotizaciones nuevas (de trabajadores activos) se reparte entre las personas pensionadas. En el sistema de capitalización, por su parte, el afiliado aporta periódicamente el dinero que, cuando llegue el momento de jubilarse, se utilizará para financiar su pensión.
Asimismo, el financiamiento del IVM se sostiene en el trabajo formal. Este aspecto profundiza la crisis debido a que el trabajo informal sumó 62.000 personas de manera interanual, según el último resultado de la Encuesta Continua de Empleo; esto significa que ni el trabajador, ni el Estado, ni el patrono aportaron al sistema de pensiones porque la persona no está inscrita en el mercado laboral formal.
“Si no se hacen ajustes, el panorama es un riesgo fiscal enorme porque constitucionalmente el Estado debe proveer esa pensión”.
— Rocío Aguilar, exsuperintendente de pensiones.
Para Rocío Aguilar, exsuperintendente de Pensiones, el crecimiento del empleo informal hace necesario “meter mano al presupuesto de la República”.
“Hay que pensar en un rediseño de nuestros impuestos para poder financiar las pensiones. Algunos países europeos no fijan una única edad de pensión, sino que la asocian a la esperanza de vida; y no estoy hablando de 70 años, sino 66 o 67 años”, dijo Aguilar.
Futuro del ROP
Las Operadoras de Pensión Complementaria (OPC) se someterán a una nueva forma de invertir los aportes del ROP a través de cuatro distintos fondos generacionales a partir del 2026. Esta medida permitirá la creación de estrategias más conservadoras para los grupos etarios de mayor edad, y para los más jóvenes se enfocará en instrumentos más volátiles, pero con un mayor potencial de crecimiento.
Los fondos tendrán la siguiente división:
- Fondo A: Nacidos en 1969 y con anterioridad.
- Fondo B: Nacidos entre los años 1970 y 1979.
- Fondo C: Nacidos entre los años 1980 y 1989.
- Fondo D: Nacidos en 1990 y con posterioridad.
Cascante aclaró que el beneficio que reciban los afiliados dependerá del esfuerzo contributivo, pero tendrá gran peso la calidad de la gestión que efectúen las OPC con los ahorros de los trabajadores.
Actualmente, el ROP es un único fondo, no importa si el afiliado está empezando a laborar, si está próximo a pensionarse o está pensionado. Por esta razón todos los afiliados comparten el mismo portafolio de inversiones.
“El ROP no tiene, a diferencia de la pensión de beneficio definido o las básicas, cómo cubrir el riesgo de longevidad. Hoy día ese riesgo solo lo mitiga el IVM y no el caso particular del ROP, que no se han desarrollado, por ejemplo, las rentas vitalicias y posiblemente no se desarrollaron en el pasado porque era muy poco el número de pensionados vinculados al ROP”, explicó Aguilar sobre la situación actual del ROP.
Futuro del régimen no contributivo
La seguridad social brinda una asistencia de pensión a las personas que no cotizaron a ningún régimen. Este beneficio corresponde a la pensión no contributiva y está disponible para mayores de 65 años, personas con 65% de debilitamiento de su estado físico o mental, viudas y huérfanos.
En enero del 2024, la CCSS acumulaba un total de 28.860 solicitudes pendientes para la gestión de la pensión no contributiva. Algunos casos llevaban más de tres años en espera.
“Con este tema hay una discusión importante como país: podría ser ajustar el impuesto al valor agregado (IVA), podría ser unificar el IVA y pensar en más bien reintegrarle a las personas de los quintiles más bajos, en lugar de que estemos todos recibiendo un mismo beneficio”, propuso Aguilar como método de financiamiento.
Tanto Aguilar como Solórzano comentaron que los ajustes en el IVM deberían permitir una pensión básica universal que evite que las personas se encuentren en un nivel de pobreza.
