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La discusión del segundo presupuesto extraordinario 2020 avanza en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa. La tarde de este jueves fue el turno para que Marta Acosta, contralora general de la República, presentara el informe sobre este expediente legislativo.
Una de las principales conclusiones del análisis al proyecto de ley es que la rebaja neta de gastos será por ¢195.517 millones, monto que representa el 0,6% del Producto Interno Bruto (PIB).
Hay que aclarar que si bien la cifra es diferente a los ¢328.000 millones que anunció el Gobierno el pasado lunes cuando envió el texto al Congreso, existe un juego de recortes y aumentos que explican el resultado neto del nuevo presupuesto.
El proyecto contempla una reducción en los ingresos corrientes del Gobierno por ¢1,28 billones para este año. Esta caída se debe a una menor recaudación de tributos como el del Valor Agregado (IVA), renta, importaciones y propiedad de vehículos, entre otros.
Los nuevos ingresos del Ejecutivo rondarán los ¢213.000 millones, una parte de esos recursos provienen de fuentes como la transferencia de ¢75.000 millones que otorgó el Instituto Nacional de Seguros (INS) para financiar los bonos Proteger y ¢15.000 millones del congelamiento del precio a los combustibles. Además de los ingresos fiscales regulares.
Este escenario plantea que existe una brecha o diferencia entre los ingresos y gastos del Gobierno por ¢1,07 billones que se debe cubrir de diferentes maneras.
Hacienda propone tres acciones para cerrar esa necesidad de recursos: incrementar el límite de endeudamiento a ¢663.000 millones, recortar el gasto público en ¢195.517 millones y tomar ¢217.000 millones del préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Francesa de Fomento (AFD), que ya fue aprobado en el Congreso.
En el reajuste presupuestario del 2020, el Gobierno plantea recortar el gasto en ¢327.974 millones, pero también incrementa algunos rubros por ¢132.000 millones para atender la pandemia en los frentes social, sanitario y económico.
Es en esa diferencia donde se obtiene el recorte neto por los ¢195.517 millones que señalaron diputadas como Ana Lucía Delgado, del Partido Liberación Nacional (PLN) y María Inés Solís, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). Cifra que fue reafirmada por la Contraloría General de la República (CGR) este jueves.
Recortes en detalle
Los principales efectos sobre el gasto corrientes se presentan en diferentes rubros:
- Una rebaja neta en gastos corrientes por ¢36.043 millones (0,5% del presupuesto aprobado).
- La mayor reducción se obtiene por los ajustes al presupuesto del Ministerio de Educación Pública (MEP) por ¢79.954 millones.
- Aumenta el gasto corriente por la emergencia para entidades como el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) por ¢91.862 millones, el Ministerio de Salud por ¢21.451 millones y los regímenes de pensiones por ¢14.703 millones.
- Si se ejecuta toda la autorización presupuestaria podría crecer un 11,1% con respecto al presupuesto devengado del 2019.
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El 82,9% del total de las rebajas se concentra el cuatro títulos del presupuesto:
- Recorte de ¢127.736 millones en el MEP que se distribuye en ¢38.200 millones del Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal (FEES), ¢39.534 millones de las juntas de educación, y ¢33.053 millones de remuneraciones.
- Reducción de ¢50.000 millones en el servicio de la deuda pública por intereses.
- Ajuste de ¢29.077 millones en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) que se reparte en ¢11.650 millones al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), ¢1.720 millones al Consejo Técnico de Aviación Civil (CTAC) y ¢1.234 millones al Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) de la Universidad de Costa Rica.
- Recorte de ¢21.508 millones al MTSS, de los cuales ¢20.161 millones corresponden al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).
Situación inédita
Marta Acosta recordó que el nivel de la deuda pública crece a un ritmo “alarmante” este año.
“Aprovecho para mostrarles la velocidad a la que se incrementa el nivel de deuda del Gobierno Central, este ha crecido al mes de mayo, en cinco meses solamente, alarmantes 3,9 puntos porcentuales con respecto a diciembre del 2019. Producto de la desaceleración de la actividad económica que aumenta aún más la razón deuda/PIB”, señaló la jerarca.
La contralora advirtió en este foro legislativo que Costa Rica se acerca peligrosamente a un desbalance fiscal “no visto en el pasado” y debido a la crisis provocada por la pandemia el escenario podría empeorar.
Acosta aseveró que el creciente endeudamiento del Gobierno, que busca préstamos internacionales (hasta ahora tiene diez negociados y dos aprobados en el Congreso), genera mayor exposición al riesgo.
El porcentaje de la deuda que está a tasa ajustable pasó del 19,9% en diciembre del 2019 a un 21,4% a mayo del 2020. Este nivel se ubica fuera de los rangos que definió la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda.
Sobre el presupuesto, Acosta recalcó que el proyecto de segundo plan de gastos extraordinario no detalla cambios en los objetivos y metas producto de las modificaciones que se proponen.
La jerarca apuntó que se aprecia un mayor ajuste en el gasto, principalmente de capital. Sin embargo, para mitigar todos los riesgos económicos y sociales ante la pandemia, es necesario aplicar reformas en ámbitos mucho más amplios que los presupuestarios.
