EscucharEl presidente Rodrigo Chaves, economista de profesión, llegó al poder con una promesa sencilla y poderosa: bajar el costo de la vida.
Cuatro años después, los precios sí bajaron en promedio. Pero no necesariamente por decisiones del gobierno.
La consigna fue central en la campaña de Chaves, en su plan de gobierno y en su comunicación política como candidato. Incluso se tradujo en conteos públicos de los días que faltaban para su llegada a la Presidencia y, con ella, la caída del costo de la vida.
En la práctica, sin embargo, cumplir esa promesa es mucho más difícil de lo que sugiere el discurso. Más aún en un país como Costa Rica, altamente dependiente de las importaciones y con deficiencias históricas en materia de competencia.
¿Logró cumplir Rodrigo Chaves con su promesa de reducir el costo de la vida?
El dato duro
Si se revisa el Índice de Precios al Consumidor (IPC), los precios efectivamente bajaron un 0,77% entre mayo de 2022 hasta marzo de 2026.
A primera vista, parece un cumplimiento de la promesa.
Pero el dato es engañoso si se difunde sin contexto.
Primero, porque la economía mundial venía de un shock inflacionario excepcional posterior a la pandemia, debido a distorsiones de oferta y demanda por la reactivación de la economía en medio de una producción deprimida y con obstáculos. Los precios en Costa Rica habían aumentado casi un 9% entre mayo de 2021 y mayo de 2022: lo mismo que en los cinco años previos, pero en solo 12 meses.
Segundo, porque la caída reciente no respondió principalmente a decisiones internas del gobierno, sino a factores exógenos.
Por un lado, la caída de los precios internacionales del petróleo después de la crisis sanitaria redujo los costos del transporte durante la mayor parte del cuatrienio; y, por otro, la apreciación del colón en más de un 30% frente al dólar abarató bienes importados o que se transan en moneda extranjera como los combustibles, los aparatos electrónicos, la ropa, los tiquetes aéreos y los vehículos.
Reducción selectiva
El promedio, sin embargo, esconde una realidad fragmentada.
Mientras algunos precios cayeron con fuerza entre mayo de 2022 y marzo de 2026; otros subieron también significativamente.
Los que más cayeron fueron los relacionados con transporte, la vestimenta y comunicaciones; y los que más crecieron fueron los de educación, las comidas fuera del hogar y el alojamiento, la recreación, la salud, y las bebidas y alimentos.
Es decir, lo que más pesa en el gasto cotidiano no necesariamente se abarató.
La paradoja la resumió en pocas palabras el coordinador del capítulo económico del Programa Estado de la Nación, Luis Diego Vargas.
Vargas explicó que “un promedio negativo no lo tienen por qué sentir todos los hogares” de la misma manera, y que “un promedio favorable para el bolsillo de las personas no representa el mismo beneficio si no compensa el impacto negativo de años anteriores”.
Medidas gubernamentales
La administración Chaves sí impulsó varias acciones visibles con las que dijo haber intentado reducir los costos.
Entre ellas: emitió decretos para eliminar las tarifas mínimas en servicios profesionales, reguló márgenes de ganancia para contener los precios de los medicamentos y redujo los aranceles sobre la importación de arroz.
Los dos primeros frentes tuvieron efectos limitados o fueron revertidos en los tribunales; pero el arroz, en cambio, sí implicó un cambio estructural.
Los aranceles para la importación del grano que más se consume en el país pasaron de un 35% a menos del 5%: una medida que promovían desde hace años economistas y entidades internacionales, pero que había sido evitada por los gobiernos recientes por su impacto sobre los productores locales.
Dicho efecto fue claro en los últimos tres años. Según datos de Conarroz, el área sembrada de arroz en Costa Rica pasó de 35.300 hectáreas en 2022 a solo 14.350 en 2025; es decir, cayó casi un 60%.
Aún así, el gobierno sostiene que el modelo anterior mantenía precios artificialmente altos que perjudicaban a la mayoría de la población.
Según José Luis Arce, director de análisis y estrategia de la firma FCS Capital, el caso del arroz refleja el enfoque del gobierno: acciones visibles, de impacto rápido y alineadas con su narrativa.
“El caso del arroz le servía para confrontar con el sector arrocero y mostrarle a sus seguidores que podía atacar a esos grupos que algunos percibían como privilegiados del pasado y que él describía como ‘ticos con corona’... Pudo haber hecho más cosas en materia de precios; por ejemplo, si hubiera procurado genuinamente la apertura del mercado eléctrico, pero no lo hizo”, señaló.
El impacto final, además, sigue siendo tema de debate. Apenas han pasado menos de cuatro años desde que se aplicaron los cambios y el mercado importador de alimentos está muy concentrado, según advierten especialistas; lo cual podría seguir limitando el traslado de los beneficios al consumidor.
Durante la administración Chaves, el precio local del arroz se ha mantenido relativamente estable en medio de fuerzas opuestas. Por un lado, los precios internacionales se mantuvieron la mayor parte del cuatrienio al alza y, por otro, el tipo de cambio cayó y redujo el precio en colones de las importaciones.
En los últimos meses, sin embargo, los precios internacionales del grano cayeron considerablemente y eso coincidió con otra caída, aunque menos pronunciada, en los precios locales.
Aparte de las medidas en materia de servicios profesionales, medicamentos y arroz, el gobierno también decidió cambiar de concesionario para la revisión técnica vehicular. El cambio de Riteve también fue más que nada simbólico y, aunque enfrentó trabas legales, sí influyó en los costos del servicio.
Según datos del INEC, la reducción en los costos de la revisión técnica fue la más importante de cualquier producto entre mayo de 2022 y marzo de 2026 (-67%); aunque ese es un pago anual de apenas unos pocos miles de colones.
Lo que no se hizo
El vacío aparece en lo estructural.
Costa Rica arrastra décadas de mercados muy concentrados, según entidades como la OCDE; lo cual se traduce en baja competencia y precios altos.
En eso se hizo poco o nada, opinó Fernando Rodríguez, académico de la Universidad Nacional (UNA) y exviceministro de Hacienda.
“Por eso tuvimos una caída muy pronunciada del tipo de cambio, pero no se trasladó en muchos de los precios de alimentos, aún cuando muchos de ellos vienen importados de otros países, en moneda extranjera”, señaló.
Vargas añadió que también hay deficiencias institucionales.
Recordó que la Comisión para Promover la Competencia (Cooprocom) —el principal ente estatal encargado de defender la libre competencia y castigar prácticas monopolísticas en el mercado costarricense— sigue sin tener las capacidades suficientes para cumplir sus funciones y que tampoco ha sido prioridad del Poder Ejecutivo.
El presidente Chaves y su gobierno sí impulsaron reformas estructurales en mercados puntuales como el eléctrico y el bancario, en los que afirmaban querer reducir la influencia del Estado e incrementar la competencia. Puntualmente, el Ejecutivo impulsó proyectos para abrir el mercado de la generación energética y para vender el Banco de Costa Rica (BCR); sin embargo, no buscó decididamente los votos que necesitaba —y que podría haber conseguido entre afines ideológicos.
Según Arce, el gobierno desaprovechó una oportunidad clara con esos proyectos.
“Si Chaves realmente hubiese querido reformar el sector eléctrico y hubiera negociado, posiblemente habría disminuido los costos de la energía”, observó. “No aprovechó que figuras como Rodrigo Arias, Eliécer Feinzaig y algunos socialcristianos, entre otros, conformaban una mayoría con similitudes ideológicas que podía aplicar reformas de Estado de ese estilo”.
Según Vargas, una última deuda del Ejecutivo en el plano estructural fue que tampoco impulsó grandes reformas que permitieran mejorar la eficiencia de mercados con precios regulados como la electricidad, el transporte público o los combustibles. En eso, consideró, tampoco hubo cambios realmente trascendentales.
Dimensión subjetiva
Más allá de los números, el costo de la vida es también una experiencia subjetiva.
Cuánto mejore o empeore la asequibilidad de los bienes y de los servicios no es solo un dato, sino también una percepción que varía dependiendo de los intereses y de la capacidad económica de cada persona.
En ese sentido, es posible que algunos hogares hayan sentido alivio con un dólar bajo y combustibles baratos, a pesar de que el gobierno tuvo poco o nada que ver con eso; a pesar de que otros, en cambio, pudieron haber sufrido por el encarecimiento de los alimentos y los servicios que componían la mayor parte de su gasto.
También es posible que haya personas que aprecien cambios favorables influidos por otras variables como sesgos personales y afinidades políticas; por ejemplo, en el caso de los más fieles seguidores del mandatario y de su administración, tan insistente con que ha tenido grandes logros en este y otros campos.
Las encuestas reflejan esa tensión.
“El costo de la vida y la situación económica” pasó de ser el principal problema del país (42,4%) a uno secundario (6,9%) entre agosto de 2022 y septiembre de 2025, según las encuestas del CIEP-UCR; aunque en eso también influyó la crisis de inseguridad ciudadana. Además, la confianza del consumidor pasó de niveles mínimos a cifras que no se veían desde el 2010.
Pero la fragilidad persiste: casi uno de cada dos costarricenses asegura que tendría que endeudarse si le surge un gasto inesperado de ¢500.000.
En Costa Rica, la mediana salarial de las personas con una remuneración fija apenas alcanza ese medio millón de colones y el promedio apenas sube por una pequeña porción de los trabajadores que se desempeñan en los sectores más dinámicos.
Según Vargas, todo esto “trasciende la ciencia económica” y escala a un debate sobre emociones y percepciones, que siempre son más difíciles de medir y de comprender.
Promesa engañosa
Como conclusión general, se podría señalar que reducir el costo de la vida es una promesa difícil de satisfacer.
En Costa Rica, la inflación depende en gran medida de factores externos y del Banco Central (BCCR), que es independiente del Poder Ejecutivo.
Los gobiernos sí tienen algunas herramientas, pero son acotadas o difíciles de aplicar.
La promesa funcionó políticamente porque era clara y emocional, pero es estructuralmente limitada en la práctica.
Los precios pueden subir o bajar, pero rara vez por una decisión directa del gobierno.
Y cuando bajan, no suelen bajar en todos los rubros por igual, ni para todas las personas de la misma manera.
