El Gobierno de la República se prepara para un 2023 con acceso récord a endeudamiento externo. No solo podrá salir a emitir hasta $3.000 millones en títulos valores en el mercado internacional (eurobonos) sino que además tiene previsto recibir recursos de su acuerdo en curso con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y de otros créditos de apoyo presupuestario que ha negociado –o negocia ahora mismo– con otros organismos multilaterales, cuya aprobación definitiva dependerá de la Asamblea Legislativa.
El monto general de acceso a endeudamiento externo que tendrá Hacienda en 2023 superaría por mucho el de este 2022. En este año, el Gobierno apenas logró recibir desembolsos para apoyo presupuestario y refinanciamiento de deuda vieja por poco más de $1.000 millones, incluidos dos tractos provenientes del FMI, por un total de $555 millones; un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por $250 millones; otro del Banco Centroamericano de Integración Económica, por $250 millones adicionales: y uno más chico de la Alianza Francesa de Desarrollo (AFD), por $100 millones,
Con este mayor acceso a financiamiento externo, el Gobierno dice que ahorraría recursos. Argumenta que ese sería el impacto de acceder a plazos de pago más extensos y tasas de interés más competitivas. Además, afirma que todo ello aliviaría presiones sobre la economía interna, en materias como tasas de interés para el crédito privado y el precio del dólar, que podría estabilizarse o bajar ante una mayor disponibilidad de la divisa norteamericana.
Pero, ¿de cuánto dinero hablamos realmente? Esto es lo que sabemos hasta ahora:
Los créditos
El Gobierno ya tiene asegurado su acceso a eurobonos y una parte de sus programas de financiamiento negociados con el FMI. Sin embargo, existe otra serie de operaciones con organismos multilaterales en marcha, los cuales podrían sumarse si así lo respaldan los diputados en Cuesta de Moras.
Estas son las fuentes de recursos:
Eurobonos. En materia de títulos valores en el mercado internacional, la Asamblea Legislativa autorizó al Gobierno a colocar hasta $5.000 millones en el mercado internacional durante los próximos tres años.
De ese gran total, que es un permiso récord para cualquier administración que haya dirigido el Poder Ejecutivo, los legisladores autorizaron a Hacienda para que emita títulos por hasta $1.500 millones en el primer semestre de 2023 y otros $1.500 millones en la segunda mitad del año. Es decir, Hacienda podrá acceder hasta a $3.000 millones vía eurobonos durante los 12 meses que iniciarán en enero.
El permiso ya está dado y el proyecto de autorización señaló que los recursos solo podrán usarse “con la finalidad exclusiva de sustituir colocaciones de deuda bonificada interna por externa y/o cancelar vencimientos de deuda”. Es decir, no podrán financiar nuevos gastos o nuevos proyectos.
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, afirmó en una reciente entrevista con EF que el Gobierno ya realiza las contrataciones necesarias para realizar las emisiones en el mercado externo tan pronto como se abra una ventana de oportunidad adecuada. La intención, detalló, es salir a captar los recursos a partir de febrero y usarlos para sustituir créditos que se adquirieron en meses recientes, con entidades locales, para atender obligaciones apremiantes como la amortización de un gran vencimiento por $1.000 millones de un título que se colocó en 2012 y cuyo refinanciamiento era ineludible.
La autorización por $3.000 millones, sin embargo, representa el techo del permiso. Es decir, el Gobierno podría buscar menos de ese monto, si lo considerase más oportuno.
FMI. Además de los eurobonos, el Gobierno ha negociado dos acuerdos con el FMI: uno por $1.778 millones en el período 2021-2024; y otro por $725 millones en el período 2023-2024. De ellos, el primero ya fue aprobado por la Asamblea Legislativa y se encuentra en curso; mientras que el segundo está pendiente de discusión y autorización del Congreso.
El programa ya aprobado es el Servicio Ampliado de Financiamiento (FMI) y de este Costa Rica ya recibió $810 millones desde 2020. Para el 2023 se tiene programado el desembolso de otros $540 millones (en dos tractos diferentes), si cumplen las metas fiscales y los requisitos de reformas estructurales que se establecieron como contrapartida en el contrato de préstamo.
A ese programa, sin embargo, se sumó otro del Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (SRS), por $725 millones. Si los diputados dan su visto bueno a ese segundo crédito, entonces el país podría recibir $480 millones en 2023, en dos tractos, siempre y cuando cumpla con una hoja de ruta de medidas relacionadas con gestión del cambio climático.
Estos recursos son muy similares a los de cualquier crédito de apoyo presupuestario como los que usualmente se usan para sustituir endeudamiento viejo, en mejores condiciones. Sin embargo, tienen la particularidad de que el dinero solo se le otorga al país si antes supera evaluaciones de desempeño sobre compromisos específicos.
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Organismos multilaterales. También hacen fila varios créditos de apoyo presupuestario que el Gobierno negoció con organismos multilaterales, los cuales servirían para para reemplazar deuda vieja en mejores condiciones de tasas de interés y plazos.
Dos de esos créditos ya fueron negociados y se presentaron para conocimiento de la Asamblea Legislativa a través del proyecto de ley 23.502, el cual contiene una operación por $300 millones con el BID y otra por $100 millones con la AFD.
Para poder emplear esos recursos, el Ejecutivo requiere el visto bueno de al menos 38 legisladores en Cuesta de Moras, como ocurre con cualquier tipo de endeudamiento externo.
Además de estos créditos, el Gobierno informó, en la exposición de motivos de ese proyecto de endeudamiento, que pronto presentaría a corriente legislativa otros créditos similares por $500 millones con la CAF y $290 millones con el BCIE, los cuales se encuentran en etapa de autorizaciones institucionales o cerca de ello.
Asimismo, enumeró otras operaciones por unos $700 millones que aún no se concretan del todo, pero están en etapa de estructuración para ello y se anunciarían en 2023.
¿Qué ofrece este financiamiento?
Los títulos valores en el mercado internacional, al emitirse para inversionistas generales, amplían la base de competidores por la deuda del país.
En ese sentido, Hacienda espera que la emisión de los eurobonos incida en mejores condiciones de pago para el Estado, como ha sido la costumbre en ocasiones pasadas.
Por mejores condiciones de pago se entiende plazos y tasas de interés más atractivas para el Gobierno, las cuales luego también pueden incidir en la formación de tasas de interés para el crédito del mercado privado costarricense.
“En el último canje (de deuda interna) una entidad llegó y ofreció hacer uno a 10 años plazo, al 10,45% (de tasa de interés), pero los bancos nos han estado diciendo que un bono de Costa Rica podría salir al mercado internacional al 7,25%”, señaló el ministro Acosta “El impacto en ahorro por intereses es alto”, puntualizó.
El impacto de los créditos con organismos multilaterales, por otra parte, suele ser todavía más acentuado.
Estas entidades ofrecen créditos aún más blandos, al tratarse de entidades con fines distintos a los meramente comerciales.
Por ejemplo, el crédito negociado con el BID que se encuentra a la espera de aprobación en la Asamblea Legislativa se negoció a un plazo de hasta a 20 años, con cinco años de gracia, y una tasa de interés menor al 3%, en el momento de la presentación del texto al Congreso.
Esas condiciones son muy similares a las que ofrece el crédito con la AFD, también pendiente de autorización legislativa.
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Trámite legislativo
Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso y diputada de Liberación Nacional (PLN), aseguró que la estrategia de endeudamiento externo es correcta, desde su punto de vista, siempre y cuando se continúe dedicando al refinanciamiento de viejas obligaciones crediticias y no a nuevos gastos.
“Si es para efectos de un mejor manejo en gestión de deuda, los créditos de apoyo presupuestario son una buena estrategia, que debe mantenerse”, analizó, pues “hablamos de sustituir deuda cara por deuda barata”.
No obstante, el Gobierno también ha anunciado su intención de impulsar otros créditos de deuda externa con organismos internacionales para financiar nuevo gasto público.
Uno de los casos más llamativos es un empréstito que recién aprobó el BCIE, por $700 millones, para readecuar y reconstruir infraestructura (casas, puentes, carreteras y escuelas) que, en sus condiciones actuales, son especialmente susceptibles a emergencias por fenómenos como climáticos o huracanes.
Sobre ese tipo de nuevo endeudamiento, Ramírez comentó que corresponderá “valorarlo muy bien” en cada oportunidad que sea necesario.
“Cualquier crédito que se plantee en otra dirección debemos valorarlo muy bien porque eso sí incrementa el porcentaje general de deuda”, afirmó. “Habría que ver en cada caso con qué objeto es y hacer una corrida de cuánto puede implicar en números generales, porque si hablamos de bajar deuda y pedimos créditos para incrementarla, puede que no sea tan sano y se requiere de un mayor análisis”.
El endeudamiento público costarricense cerraría este 2022 en un 67,2% del producto interno bruto (PIB), según las estimaciones del FMI, por primera vez un monto inferior que el del año anterior.
Se espera que los nuevos impuestos aprobados en 2018 y las medidas de contención del gasto, como la regla fiscal, hagan caer el acumulado por debajo del 60% de la producción en 2027 (principal meta de mediano plazo); sin embargo, nuevo endeudamiento podría postergar esos planes.
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¿Qué esperar?
Hasta septiembre pasado, el Ministerio de Hacienda aseguraba contabilizar vencimientos de deuda externa (intereses y amortizaciones) en dólares por $1.818 millones en 2023, y vencimientos de deuda interna en dólares por hasta $1.011 millones.
Esto implica que las colocaciones de recursos que haga el Ministerio de Hacienda en 2023 podrían cubrir esas necesidades y más, lo cual habla sobre una muy posible mayor disponibilidad de dólares en el mercado local.
“Si se colocan eurobonos, los $1.500 millones en el primer semestre y los $1.500 millones en el segundo, y si se cumple esa ‘lista del niño’ de créditos externos que el Gobierno ha venido enseñando, veríamos una oferta muy fuerte de dólares en la economía”, afirmó al respecto el socio de la firma Consejeros Económicos y Financieros S.A. (CEFSA), Daniel Ortiz, en un reciente evento organizado por EF. “Y un Banco Central que no está acumulando reservas a la velocidad que podría hacerlo y podría presionar el tipo de cambio a una estabilidad o a una apreciación del colón”, subrayó.
Sin embargo, Nogui Acosta espera que el impacto sobre el tipo de cambio sea mínimo, al encontrarse el país en un momento de tasas atractivas para mantener el ahorro colonizado y disminuir la demanda de la moneda extranjera.
Desde su punto de vista, el mayor impacto de los créditos internacionales y de los títulos en el mercado internacional debería de evidenciarse en tasas de interés más atractivas para el Estado y que luego se trasladen a las tasas del mercado local. “Nosotros esperaríamos que a la vuelta de un año, a partir del segundo semestre de 2023, la gente empiece a ver un efecto importante sobre el tema de tasas”, puntualizó.
Similar opinó la diputada Ramírez. Para ella, el Banco Central tiene mecanismos suficientes para evitar fluctuaciones demasiado significativas y seguramente las utilice; por ejemplo, la “compra” de reservas internacionales.
Es imposible predecir cómo se comportará el mercado cambiario o las tasas de interés del mercado local; sin embargo, es innegable que en ello incidirá el acceso a deuda externa que tendrá el Gobierno. Y, en 2023, el grifo estará más que abierto.
