El proyecto tuvo el apoyo de 35 diputados y 22 votaron en contra.

“El que se logre en un primer debate es una muestra categórica de que el país está en la ruta de ordenar las finanzas públicas, de hacer un paso importante al IVA, de hacer ciertas modificaciones, no solo en generar ingresos sino en una importante contención del gasto”, comentó este jueves Carlos Alvarado, presidente de la República en entrevista con EF.

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Una de las diputadas que votó en contra fue la liberacionista Franggi Nicolás.

El plan fiscal recaudaría ¢442.400 millones por año, un parche con el que se intentará sanear las debilitadas finanzas públicas.

En agosto el pago de intereses alcanzó el 2% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que muestra el peso que tiene la deuda; mientras que el déficit financiero alcanzó el 3,7% del PIB.

El expediente 20.580 se aprobó en medio de un fuerte operativo en los alrededores de la Asamblea Legislativa debido a las protestas sociales por esta política pública, movimiento que inició el pasado 10 de setiembre.

Ahora la iniciativa se encaminaría a una consulta ante la Sala Constitucional. Un filtro que no lograron pasar reformas anteriores: la Ley de Pacto Fiscal y Reforma Fiscal Estructural en el 2006 y la Ley de Solidaridad Tributaria en el 2012.

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De hacerse la consulta, el futuro del plan fiscal estará en manos de los magistrados. Sin embargo, la incertidumbre recorrió los pasillos legislativos a raíz de una consulta al departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa que hizo el diputado Eduardo Cruickshank del Partido Restauración Nacional (PRN).

El congresista consultó sobre los vicios que podrían afectar el 208 bis, es decir, la vía rápida con la que se tramitó la iniciativa.

El informe determinó que el texto es de consulta obligatoria para el Poder Judicial, tal y como lo establece la Constitución Política. Además también son obligatorias las consultas a las instituciones autónomas que hace referencia la reforma.

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En este caso la obligación es para el Banco Central de Costa Rica (BCCR), el Instituto Nacional de Seguros (INS), Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), los bancos del Estado, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), las instituciones autónomas, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el Poder Judicial y las universidades del Estado.

José María Villalta, advirtió este jueves que de no hacer la consulta esto podría ser un “posible vicio sustancial del procedimiento”.

Sin embargo, tras analizar este tema en horas de la mañana, el Congreso prefirió seguir adelante. La Presidencia del Plenario determinó “que no se ha incurrido en ningún vicio de procedimiento, incluyendo que no se han agotado los momentos procesales oportunos para realizar la publicación y consulta”.

¿Cuándo entraría en vigencia?

El plan fiscal consta de cuatro capítulos: Impuesto de Valor Agregado (IVA) que se aplicaría a la venta de bienes y servicios; Ley sobre el Impuesto sobre la Renta para las utilidades de las personas físicas y jurídicas así como entes colectivos sin personalidad jurídica; transformación de la Ley de Empleo Público y Regla Fiscal, para limitar el crecimiento del gasto corriente.

Si se convierte en Ley de la República el Impuesto sobre Valor Agregado (IVA) y las modificaciones que se le hicieron a la Ley del Impuesto sobre la Renta, empezarían a regir seis meses después de la publicación de la ley (contados a partir del primer día del mes siguiente a su publicación).

Los cambios a las remuneraciones de los empleados públicos comienzan a regir a partir de la publicación de la ley. Mientras que la Regla Fiscal rige seis meses después de la publicación de la ley, contados a partir del primer día del mes siguiente a su publicación.

El artículo fue modificado posterior a su publicación.