EscucharCosta Rica no solo sigue viviendo del turismo; según la OCDE, está entrando en una fase en la que debe decidir qué tipo de turismo quiere, cuánto está dispuesta a soportar y cómo reparte mejor los beneficios. El último informe del organismo la muestra como caso de éxito y, al mismo tiempo, como laboratorio de nuevas reglas para un modelo que ya toca sus límites ambientales y sociales.
El turismo directo aportó alrededor de 6,3% del PIB costarricense en 2024, frente a un promedio de 4,0% en los países de la OCDE, lo que confirma el peso estructural del sector en la economía nacional. La cifra implica un salto significativo frente a 2021, en plena salida de la pandemia, y confirma que el país consolidó su recuperación mucho más rápido que otras economías.
En empleo, el sector representó cerca de 7,7% de los puestos de trabajo, con unos 183.000 empleos directos vinculados a actividades turísticas. Y, en términos externos, los ingresos por viajes alcanzaron unos 5.500 millones de dólares, equivalentes a más de un tercio de las exportaciones de servicios, lo que refuerza la condición del turismo como una de las principales “exportaciones invisibles” del país.
Dependencia de pocos mercados: fortaleza y riesgo
El informe apunta, sin rodeos, a la alta dependencia de Costa Rica de un puñado de mercados emisores. Estados Unidos concentra más de la mitad de las llegadas, seguido a distancia por Canadá y Europa, lo que deja al país expuesto a cambios en la economía, la política o incluso las preferencias de viaje de esos países.
Entre 2016 y 2021, entre dos tercios y tres cuartas partes del gasto turístico en Costa Rica provino de visitantes internacionales. Para la OCDE, esto supone un arma de doble filo: es una fuente potente de divisas, pero también un canal de transmisión de shocks externos que obliga a pensar en estrategias de diversificación de mercados y en un mercado interno más robusto.
Donde la lectura de la OCDE se vuelve más política es en la interpretación del Plan Nacional de Turismo 2022‑2027 y del proceso de actualización hacia 2027‑2032. El organismo destaca que Costa Rica está tratando de pasar de un modelo basado en número de llegadas a uno centrado en “valor”: mayor gasto por visitante, estadías de más calidad y, sobre todo, mejor distribución territorial y social de los beneficios.
Un elemento clave es la medición de la “capacidad máxima aceptable” de turistas, tanto a nivel nacional como para cada uno de los 33 centros de desarrollo turístico. Es una señal clara: el país está dispuesto a poner límites —al menos en el papel— para evitar que la presión sobre comunidades, infraestructura y ecosistemas se vuelva políticamente insostenible.
Gobernanza desde el territorio, no solo desde San José
La OCDE subraya que Costa Rica ha dotado al Instituto Costarricense de Turismo de un papel central en la coordinación de la política sectorial, pero que el giro reciente pasa por bajar la toma de decisiones al territorio. Los Planes de Gestión Integral de Destinos, que articulan cámaras empresariales, municipalidades, ministerios y organizaciones comunitarias, son presentados como instrumentos para que el turismo se gestione “desde abajo”.
Esta arquitectura es crucial para un país donde las tensiones por gentrificación, encarecimiento de la vivienda o saturación de servicios se concentran en cantones específicos. La OCDE, sin decirlo explícitamente, deja entrever que la sostenibilidad social del turismo costarricense se jugará en esa capacidad de los destinos para regular, ordenar e incluso frenar desarrollos cuando sea necesario.
Otro rasgo que el informe coloca en el radar es la actualización del Índice de Progreso Social Turístico, que mide dimensiones como acceso al conocimiento, salud, comunicaciones, sostenibilidad de ecosistemas, derechos y educación avanzada en los principales polos turísticos. A diferencia de los indicadores clásicos, este índice busca captar si el boom turístico se traduce en mejoras concretas de bienestar para las comunidades anfitrionas.
La OCDE destaca que los resultados se han llevado hasta el Consejo de Gobierno, lo que sugiere que el turismo empieza a ser visto no solo como línea de ingreso, sino como política social territorial. El reto, implícito en el análisis, es usar esos datos para redefinir prioridades de inversión y regulación, más allá del discurso.
Turismo para todos: inclusión como política, no como campaña
En un contexto de creciente debate sobre la desigualdad, el informe concede espacio al programa “Turismo para Todos”, que ofrece opciones gratuitas o de bajo costo a población con limitaciones económicas y a personas con discapacidad. Desde 2023, más de 3.750 personas han participado en estas experiencias, apoyadas por unas 50 alianzas con empresas, cámaras y organizaciones sociales.
Para la OCDE, este tipo de iniciativas cumple una doble función: amplía el acceso de los propios costarricenses al patrimonio turístico y ayuda a legitimar un sector que, de lo contrario, podría percibirse como beneficio exclusivo de inversionistas y turistas extranjeros. El hecho de que el programa haya sido reconocido en foros internacionales refuerza la narrativa de Costa Rica como destino socialmente responsable.
Inversión en producto, infraestructura y marca país
El informe también se detiene en la creación de un Departamento de Desarrollo de Producto Turístico dentro del ICT, orientado a diversificar y sofisticar la oferta. Entre los proyectos citados destacan la construcción de un centro de visitantes en el Parque Nacional Tenorio y acuerdos para nuevos muelles y mejoras de infraestructura en áreas protegidas.
A nivel de recursos, la OCDE señala que el país destinó 48,3 millones de dólares en 2026 a mercadeo turístico, unos 3 millones más que en 2025, financiados principalmente por impuestos a la entrada y salida del país. El mensaje implícito: Costa Rica sigue apostando fuerte a su marca, pero lo hace en paralelo a un discurso cada vez más exigente sobre sostenibilidad.
Tal vez el punto más ambicioso del diagnóstico se encuentra en la referencia al turismo regenerativo. Frente a la proliferación de destinos que se declaran “sostenibles”, Costa Rica plantea un escalón adicional: que la actividad turística no solo reduzca su huella, sino que contribuya activamente a restaurar ecosistemas y fortalecer comunidades.
La OCDE identifica cinco pilares en esta estrategia: restauración ambiental, impacto social y empoderamiento local, preservación cultural activa, experiencias transformadoras y resiliencia continua. El organismo reconoce el potencial de este enfoque, pero deja claro que el verdadero examen será convertir esos principios en reglas claras, incentivos y prácticas empresariales medibles.
El mensaje de fondo: el modelo entra en su prueba de estrés
En conjunto, el retrato que ofrece la OCDE de Costa Rica es el de un país que ha sabido capitalizar el turismo como motor de crecimiento y divisas, pero que se enfrenta a una prueba de estrés: gestionar la saturación, reducir la dependencia de unos pocos mercados y demostrar que la bonanza turística se traduce en bienestar tangible y duradero.
El informe sugiere que Costa Rica está mejor posicionada que muchos otros destinos para transitar hacia un modelo de “turismo de valor” y, eventualmente, regenerativo. La pregunta que queda abierta —y que el análisis deja flotando— es si la arquitectura institucional y la voluntad política serán suficientes para poner límites efectivos en un sector que, hasta ahora, ha sido uno de los grandes ganadores del modelo económico costarricense.
