EscucharUn proyecto de ley presentado en la Asamblea Legislativa pretende transformar las reglas del mercado de distribución de energía y de carga de vehículos eléctricos en Costa Rica.
Desde febrero de este año está en trámite el proyecto de ley bajo el nombre de Fomento a la Infraestructura de Recarga Eléctrica y Estrategias para la Movilidad Sostenible, con el expediente 24.171. La principal impulsora de la iniciativa es la ahora diputada independiente Katia Cambronero, antes legisladora del Partido Liberal Progresista (PLP).
El objetivo principal es potenciar la capacidad de recarga de vehículos eléctricos del país, permitiendo el ingreso de actores privados a un negocio naciente, algo que hasta ahora está prohibido.
La situación actual
La legislación costarricense autoriza solamente a las ocho empresas distribuidoras de energía la posibilidad de vender electricidad. Estas son el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) y la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (Jasec). Además se suman cuatro cooperativas: Coopesantos, Coopeguanacaste, Coopealfaroruiz y Coopelesca.
Actualmente, si un ente privado, como un centro comercial, un restaurante o un comercio, quiere colocar una estación de recarga, no puede cobrar directamente la electricidad a los usuarios que cargan sus vehículos eléctricos. En ese caso, hay otras opciones. El negocio puede alquilar el espacio de carga o crear algún otro cobro similar, sin que sea venta de electricidad.
No obstante, lo cierto es que la mayoría de comercios ofrecen el espacio de recarga de forma gratuita, más como un atractivo para los clientes. Por eso, el proyecto de ley pretende habilitar la comercialización de esa energía eléctrica.
La propuesta
El proyecto de ley presentado contiene un solo artículo que reforma, a su vez, dos artículos de la Ley de Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico (9.518) del 2018.
El primer cambio es que se autoriza a toda persona física o jurídica, pública o privada, a que puedan instalar, desarrollar y operar centros de recarga de vehículos eléctricos, así como la venta del servicio.
El texto le da la responsabilidad al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) de emitir un reglamento para la construcción y el funcionamiento de la infraestructura y los centros de recarga.
Eso sí, el propietario de un centro de recarga debe garantizar la confiabilidad y seguridad de los equipos, así como asumir toda responsabilidad asociada al servicio y a daños que eventualmente pueda causar.
Hasta ahora, el desarrollo de centros de recarga es responsabilidad de las empresas distribuidoras. Esa tarea se mantiene en la reforma pero se habla de una “red básica de centros de recarga para asegurar la cobertura a nivel nacional” que podrá convivir con los servicios de privados a lo largo del país.
La segunda reforma tiene que ver directamente con la comercialización del servicio de recarga. En el texto actual de la ley 9.518 se menciona aquí que solo las distribuidoras pueden vender electricidad.
Sin embargo, el proyecto de ley en este caso amplía las tareas a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep). Esta entidad deberá establecer las obligaciones específicas para este servicio, entre las que están precios justos y calidad mínima.
La Aresep tendrá que definir las tarifas que cobren las empresas distribuidoras a las personas físicas o jurídicas que operen las llamadas electrolineras, de forma que sea rentable para las compañías pero que, al mismo tiempo, permita un “margen de compensación justa” para los propietarios de centros de recarga.
Además, el proyecto permite a la Aresep cobrar un canon del 0,05% del precio final de cada servicio de recarga comercializado cuyo fin será financiar la fiscalización y supervisión de las estaciones de recarga.
Este proyecto de ley tuvo su última versión en octubre de este año y está a la espera de ser debatido en el Planetario legislativo.
Un nuevo negocio
La venta de electricidad para vehículos eléctricos ha surgido como un nuevo negocio exclusivo de las empresas distribuidoras. La proyección de crecimiento de este tipo de vehículos en Costa Rica anticipa un posible nuevo segmento de mercado que podría dejar jugosas ganancias.
Diversas empresas han creado instalaciones de recarga en las que, si prospera el proyecto de ley, podrían cobrar la electricidad y así crear una nueva fuente de recursos.
Por ejemplo, Globalvía, concesionario de la ruta 27, inauguró este mes lo que bautizaron como el primer Centro de Carga Rápida Múltiple de Centroamérica en San Rafael de Alajuela, que permite la conexión de tres vehículos a la vez. Esta infraestructura se desarrolló en convenio con la CNFL.
A mediados de este año, las agencias de autos Purdy y Red Motors iniciaron la operación de sus redes privadas de carga para vehículos eléctricos en Costa Rica.
Purdy empezó su red con cuatro espacios de carga rápida que funcionan las 24 horas en las sucursales de Liberia y Nicoya.
“Vemos este proyecto más allá de un nuevo negocio, ya que es parte de los servicios de valor agregado que ofrecemos a nuestros clientes y como parte de nuestras soluciones integrales de movilidad”, manifestó en ese momento a EF Alejandro Rubinstein, CEO de Grupo Purdy.
Por su parte, Red Motors aseguró que pondría a disposición 33 cargadores de carga media para vehículos eléctricos. La empresa afirmó que esta red puede ser usada por el público en general de forma gratuita.
