La propuesta de modificación del llamado canon municipal publicada por la Dirección General de Tributación fue recibida con satisfacción por los operadores de telecomunicaciones y no tanto por los gobiernos locales, que piden equilibrio y cuestionan si la nueva tasa ayudará al desarrollo de la infraestructura de servicios en sus cantones.

LEA MÁS: Operadores chocan con Tributación por canon municipal para redes de telecomunicaciones

Tributación publicó en setiembre pasado, para recibir observaciones de los interesados, el posible cambio en los montos aprobados en 2018 para el canon de arrendamiento de infraestructura municipal para redes de telefonía móvil e Internet.

En aquel momento se estableció que las municipalidades podrían cobrar hasta $4.800 anuales. Ahora se estarían planteando pagos equivalentes a una décima parte del monto original y se excluye el arrendamiento de los postes.

“Esta nueva metodología de cálculo se basa en parámetros técnicos y objetivos, bajo principios de proporcionalidad”, dijo Vanessa Castro, presidenta de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom). “La propuesta anterior hacía completamente inviable el despliegue de infraestructura a desarrollar en un futuro próximo, como el 5G”.

A las municipalidades no les complace el rebajo.

“El aprovechamiento del espacio público local debe compensarse adecuadamente, sobre todo si estamos frente a actividades de carácter lucrativo”, respondió Karen Porras, directora ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. “Una propuesta equilibrada debe encontrar un punto medio entre la inversión privada, la demanda de servicios de la ciudadanía y la correcta compensación por el uso del espacio público municipal”.

Porras recordó que la revisión había sido solicitada por Infocom y los operadores bajo el argumento de que los montos establecidos no estimulan el desarrollo de inversiones de las telecomunicaciones para ampliar y mejorar las opciones de servicios.

Los gobierno locales insisten que la instalación de infraestructura de telecomunicaciones depende de la necesidad establecida y de la demanda definida por los operadores, por lo que existe una alta probabilidad de que los lugares más lejanos o con poca población de interés para las compañías continúen con el rezago que padecen hoy.

Ante esta situación consideran que el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), a cargo de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), debería realizar una actualización de los lugares con necesidades de acceso a los servicios con el objetivo de disminuir ese atraso en los cantones y distritos más vulnerables del país.

A favor

Para las autoridades y los operadores la propuesta de Tributación es oportuna al plantear una fórmula que consideran está diseñada con criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

Insisten que el objetivo es llevar los servicios de conectividad a las diferentes zonas del país y cumplir la obligación legal de establecer un valor para el arrendamiento de la infraestructura de uso público.

El cálculo ahora se basa en el área de arrendamiento, a partir del valor del terreno ocupado, e incluye las áreas protegidas, porcentajes mayores para terrenos de menor valor y se apoya en los mapas de valor que usan las municipalidades para el cobro de sus impuestos.

Lo último facilita la aplicación del canon por parte de las municipalidades, según los operadores.

LEA MÁS: Así funcionan las redes 5G, que ya avanza en el mundo mientras Costa Rica corre para no quedar atrás

Otro cambio que destaca el sector es que la propuesta deja por fuera los postes de las redes eléctricas, cuya propiedad es de las compañías de distribución con las que existen acuerdos aparte.

Para la industria las nuevas fórmulas de cálculo brindan seguridad jurídica a las firmas para seguir invirtiendo.

“El cambio es significativo”, afirmó Edwin Estrada, viceministro de Telecomunicaciones.

El funcionario agregó que se debe seguir con la coordinación de las instituciones públicas, el mejoramiento de los reglamentos municipales y la inclusión de ductos en proyectos viales, lo cual se ha venido trabajando con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

Infocom también apuntó que falta simplificar trámites administrativos, capacitar a funcionarios en temas de telecomunicaciones y agilizar los permisos municipales para el desarrollo de infraestructura.

“Ideal sería una homogeneidad de procedimientos para evitar exclusiones digitales”, apuntó Juan Manuel Campos, director general de Ciber Regulación Consultores.

Edgar del Valle, gerente legal de Claro, explicó que el ajuste de los reglamentos municipales debe basarse en parámetros técnicos para redes de telecomunicaciones y no en criterios de zonificación, según los planes reguladores.

Asimismo, dijo que se debe poner a disposición espacios públicos administrados por los gobiernos locales. “Si bien, muchos municipios han avanzado en esa línea, todavía hay trabajo por hacer”, agregó Del Valle.

Otro avance destacado por el sector es que la propuesta de canon retoma el concepto de arrendamiento por el uso de espacios públicos para emplazar infraestructura de telecomunicaciones, tal como lo establece la ley.

“El cambio se valora como positivo”, dijo José Luis Navarro, director de relaciones regulatorias del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). “En la práctica todas las partes deberán ir analizando los resultados administrativos, técnicos y financieros de la propuesta”.

El sector insiste que la resolución original de febrero del 2018 establece montos que detienen la inversión en telecomunicaciones y obstaculiza la densificación de las redes móviles en tecnologías de cuarta generación (4G), así como en el futuro para 5G.

La nueva resolución solventaría esta situación, “reconociendo el desarrollo de los cantones”.

Se avanzaría, además, en el mismo sentido que establecen las buenas prácticas y los lineamientos para promover reglas y contribuciones equilibradas, como los establecidos en otros mercados y específicamente en Estados Unidos por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés).

José Pablo Rivera, gerente de regulaciones y relaciones institucionales de Telefónica, señaló que de esta forma se puede avanzar a la diversificación de pequeños sitios, pensando las redes 5G.

Para los operadores el cambio es urgente, pues actualmente algunas municipalidades están aplicando el canon vigente desde febrero de 2018, advirtió Luis Carlos Monge, coordinador de comunicación de Telecable.